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El estudio de la guerra de 1879-83 puede hacerse, desde el punto de vista peruano, dentro de los cuadros siguientes:

1º. Antecedentes del conflicto, ocupación del litoral boliviano y declaratoria de la guerra.
2º. La campaña naval.
3º. Las campañas del ejército de línea con creciente importancia de las milicias urbanas. (Tarapacá, Tacna y Arica).
4º. La campaña en la que tuvieron fundamental actuación las milicias urbanas (Lima).
5º. Las campañas de las milicias campesinas y montañesas (La Breña).
6º. La paz.

I. PRIMEROS CONFLICTOS ENTRE CHILE Y BOLIVIA.

Cuando fueron erigidas las Repúblicas de Bolivia y Chile, los antiguos límites coloniales entre las Audiencias de Charcas y Santiago debieron servir de fronteras nacionales. Antes de la guerra de la Independencia dicha demarcación estaba regulada por el río Salado (26°, 15' latitud sur). En las postrimerías de la época colonial, sin embargo, un grupo de pescadores chilenos ocupó Paposo (25º, 15' latitud sur) y esta zona se adhirió en 1817 a la independencia chilena. Fue así cómo la "tierra de nadie" conocida con el nombre de desierto de Átacama vino a ser el límite norte de Chile. El litoral de Bolivia se extendió de Paposo en el sur hasta la frontera con el Perú que se solía fijar en el río Loa, aunque Raimondi y Mariano Felipe Paz Soldán presentaron comprobantes por los cuales el lindero sur de esta República, aparecía extendiéndose hasta Tocopilla. Cobija fue, por decisión de Sucre, el puerto principal de Bolivia, no obstante su lejanía del centro de la vida política, económica y cultural del país al que aparecía sirviendo como hipotética ventana al mar.

Sin ser vecinos, separados por Bolivia, el Perú y Chile tuvieron dificultades mercantiles. En 1832 el ministro chileno Portales proyectó, por ese motivo, un ataque contra el Perú. En 1835 un tratado comercial con Chile fue desconocido por el gobierno de Orbegoso. Consideraciones económicas entraron en juego, (entre otros factores) en las guerras de Chile contra la Confederación Perú-Boliviana.

Después de 1840 comenzó a hacerse pública la importancia del guano. El Presidente chileno Bulnes despachó en 1842 una expedición al desierto de Atacama para descubrir si existía este abono "en el territorio de la República". De resultas de las pesquisas entonces efectuadas, el límite norte de Chile fue fijado en el paralelo 23 y en 1843 se creó la provincia de Atacama. En 1845 el chileno Juan López descubrió las guaneras de Mejillones.

Bolivia encontrábase, por la lejanía de su zona central, en condiciones desfavorables para contener estos avances, azuzados por el creciente valor adquirido por los territorios que eran materia de ellos, a causa de los yacimientos de guano. Según sostuvo el gobierno boliviano, los límites de su país pasaban el paralelo 23 que le señalaba el de Chile y llegaban al grado 27 de latitud si bien podía probarlos sólo hasta los 25°. La querella giró alrededor de la zona comprendida entre tan diversos grados de latitud; y se sucedieron apresamientos de buques ocupados en el carguío del guano, concesiones protestadas por uno y otro Estado, examen, exhibición y presentación de los documentos concernientes a la extensión de la Audiencia de Charcas o de la Capitanía General de Chile. Cuando un barco de guerra chileno restableció el imperio de la ley de ese país en Mejillones y el plenipotenciario chileno Ovalle se negó terminantemente al arbitraje, la Asamblea Legislativa boliviana autorizó el 5 de julio de 1863 al Poder Ejecutivo a declarar la guerra a Chile si, después de haber fracasado los medios de conciliación por vía diplomática, no se restituía el territorio ocupado o se obtenía otra solución pacífica compatible con la dignidad nacional: Un motín de cuartel llevó poco después al poder al general Mariano Melgarejo y cambió la orientación de la política en el país del altiplano.

EL TRATADO DE 1866.

El tratado de 10 de agosto de 1866 señaló el comienzo de un nuevo período en el litigio. El ministro chileno Aniceto Vergara Albano ejercía gran influencia sobre Melgarejo y llegó hasta recibir el nombramiento de ministro de Hacienda. En cuanto al tratado, en una carta pública, Melgarejo reveló que su redacción fue hecha por Vergara Albano. Señaló ese tratado como línea de demarcación de los límites entre Bolivia y Chile el paralelo 24° de latitud meridional. Si bien quedaba reconocida la soberanía de Bolivia sobre las tierras situadas al norte del paralelo 24°, los productos provenientes de la explotación de los depósitos de guano descubiertos en Mejillones, como también los derechos de exportación percibidos sobre los minerales extraídos del territorio entre los grados 23 y 25 debían ser repartidos por mitad entre ambos gobiernos. Bolivia se comprometió a habilitar una aduana en Mejillones señalada como la única oficina fiscal para la percepción de esos derechos en la zona antedicha. Chile recibió la facultad de nombrar interventores para inspeccionar las entradas de la aduana y recibir la parte correspondiente a este país. Igual facultad obtuvo Bolivia en orden a la recaudación y percepción de productos en el territorio comprendido entre los grados 24 y 25. Eran libres de todo derecho de exportación los productos del territorio comprendido entre dichos grados que se extrajesen por el puerto de Mejillones. El sistema de exportación o venta del guano y los derechos de exportación sobre los minerales materia del reparto en la zona entre los grados 23 y 25 serían determinados de común acuerdo, ya por medio de convenciones especiales o en otra forma. Ambos gobiernos se comprometieron a preferirse recíprocamente, en caso de enajenación de sus derechos, al territorio dividido sin cederlos a ningún Estado, sociedad o individuo. Debían ser abonados 80.000 pesos, tomados del 10% de los productos de Mejillones a los concesionarios de Bolivia en la explotación del guano cuyos trabajos fueron suspendidos por el gobierno de Chile.

Gravoso como era este tratado para Bolivia, no presentaba el máximum de las pretensiones chilenas. Chile entregaba la zona comprendida al norte del paralelo 24. El ministro Vergara Albano propuso la cesión por parte de Bolivia de todo su litoral, o cuando menos hasta Mejillones, inclusive, "bajo la formal promesa (Escribió años después el canciller de Melgarejo, don Mariano Donato Muñoz) de que Chile apoyaría a Bolivia de modo más eficaz para la ocupación armada del litoral peruano hasta el Morro de Sama... en razón de que la única salida natural que Bolivia tenía al Pacífico era el puerto de Arica".

LAS CONCESIONES SALITRERAS A CHILENOS EN TERRITORIO PERUANO.

De 1860 a 1868, dos ciudadanos chilenos, Francisco Puelma y José Santos Ossa, descubrieron nuevos y vastos depósitos de nitrato de sosa y bórax en el litoral y solicitaron y obtuvieron del gobierno de Bolivia la concesión de diversos terrenos salitreros. Los concesionarios debían pagar al Estado una patente de diez mil pesos, construir un muelle en el puerto de Antofagasta, abrir al interior veinticinco leguas de camino carretero y hacer a su costa depósitos de agua y albergue para viajeros. La razón social Melbourne Clark & Cº recibió en traspaso esta concesión y obtuvo que ella se transformara en privilegio exclusivo para la explotación, elaboración y libre exportación del salitre en el desierto de Atacama por quince años (Decreto de 5 de setiembre de 1868). Otro chileno, José Ramón Méndez, jefe de la caravana de cateadores de José Díaz Gana, descubrió en 1870, tras grandes fatigas, por suelos áridos infrecuentados, un poco al sur del grado 23, las ricas minas de plata de Caracones, por lo cual surgió con una empresa potente, un comercio nutrido, no exento de especulaciones en gran escala. El capital y los brazos chilenos invadían pacíficamente el litoral boliviano.

REVELACIONES DEL MINISTRO BOLIVIANO BUSTILLO.

A la caída del Gobierno de Melgarejo las Adjudicaciones hechas por él fueron declaradas nulas (Ley de 14 de agosto de 1871). Diversas negociaciones fueron emprendidas por el plenipotenciario Rafael Bustillo, en Chile, para procurar la modificación del tratado de 1866. Agraviaba, sobre todo, a Bustillo la participación chilena no sólo en la aduana de Mejillones sino también en la de Antofagasta, mientras que Chile no tenía servidumbre de esta clase, pues Bolivia no había llegado a nombrar interventores. Chile propuso a Bolivia la compra del territorio situado entre los paralelos 24° y 23°. El Presidente Agustín Morales aceptó en principio. Bustillo escribió a Morales para reprocharle esa frivolidad, que calificó de infame. Para descartar a Bustillo, Chile nombró como plenipotenciario en La Paz a Santiago Lindsay. En esos días, precisamente, Bustillo descubrió las actividades de los emigrados bolivianos en conexión con el gobierno de Chile.

Si se va a creer al documento firmado por el coronel Juan L. Muñoz; publicado por Prudencio Bustillo en su libro, La misión Bustillo, el general boliviano Quintín Quevedo tenía como intermediario con el Presidente de Chile, Federico Errázuriz (según esta versión) le hizo proponer, a cambio de su apoyo, "la cesión de una parte del litoral reconocido como integrante de Bolivia, y ofreciéndole, en cambio, ayudarle con todo el poder de Chile en la adquisición del litoral de Arica a Iquique (pertenecientes al Perú). Dice también el mismo documento que Quevedo rechazó tal propuesta y que Errázuriz la retiró, si bien le mantuvo su apoyo por medio de instrucciones que comunicó al intendente de Valparaíso don Francisco Echaurren, su cuñado. Embarcó Quevedo en Valparaíso 80 hombres y 1500 rifles, 4 cañones y considerables pertrechos de guerra, pese a las denuncias de Bustillo, y se apoderó de Antofagasta. "Los inmediatos promotores y encubridores del crimen, están acá, bajo la alta jurisdicción del Excmo. Gobierno de Chile", gritó Bustillo en su nota del 14 de agosto de 1872. Pidiéronsele explicaciones terminantes, que no dio y quedó rechazado como ministro.

LA OFERTA DE LA AYUDA PERUANA A BOLIVIA EN NOVIEMBRE DE 1872.

El gobierno chileno se negó a la entrega de las armas que el general Quevedo depositara en sus buques de guerra cuando se asiló en ellos, perseguido por las tropas leales al gobierno de Bolivia. La legación de este país en Lima, a cargo de Juan de la Cruz Benavente, comunicó el hecho a la cancillería peruana; y coincidió esta noticia con los informes llegados acerca de la intervención que pretendía acentuar el gobierno chileno en las aduanas de Antofagasta y de Cobija y en el nombramiento de sus empleados. Benavente se manifestó inquieto por las actividades conspiradoras de los emigrados bolivianos en el sur del Perú, alentados por la esperanza de recibir ayuda de Chile; manifestó sus temores de que la patria de Portales tratara de apoderarse de alguna parte del litoral boliviano para ejercer presión sobre su gobierno protegiendo, de un modo directo a los insurrectos con el fin de obtener luego de ellos onerosas concesiones; e insistió en que todas estas circunstancias afectaban los intereses del Perú que hallábanse estrechamente ligados con la independencia y con la integridad de Bolivia. Al mismo tiempo prometió seguir los "sanos consejos" de la cancillería de Lima y solicitó su "poderosa ayuda” para manifestar luego su convicción (según consta en el acta del, Consejo de Ministros peruanos de 19 de noviembre de 1872) de que "las pretensiones del gobierno chileno cesarían desde que supiese que, el Perú no dejaría sola a Bolivia en esta cuestión". Pidió, en suma, la internación de los conspiradores bolivianos y la mediación., o buenos oficios peruanos "para que terminen de una .manera pacífica los arreglos entre Bolivia y Chile". “Alegadas (dice textualmente el acta antedicha) por S. E. el Presidente (Manuel Pardo) y los miembros del Consejo las razones de justicia, de política y de conveniencia que asisten al Perú para no permanecer frío espectador en un asunto de vital importancia para Bolivia y de gran trascendencia para aquél” se decidió efectuar la internación pedida y se tomó, asimismo, el acuerdo siguiente: "El gobierno peruano prestará su apoyo al de Bolivia para rechazar las exigencias de Chile que considera injustas y atentatorias a la independencia de Bolivia".

La actuación de Juan de la Cruz Benavente en Lima debe ser estudiada de modo especial. Fue, él uno de los arquitectos de la alianza, Perú-boliviana.

El Huáscar y el Chalaco hicieron una demostración en Mejillones y el gobierno de Pardo envió al de Errázuriz una nota expresando que "el Perú no sería indiferente a la ocupación del territorio boliviano por fuerzas extrañas". La .aventura de Quevedo y sus resultados no dejaron de gravitar sobre la gestación de la alianza peruano-boliviana.


LA PRENSA DE LIMA ANTE EL PROBLEMA CHILENO - BOLIVIANO EN 1872 Y 1873.

LA IDEA DE NEUTRALIZAR BOLIVIA.

El folleto titulado Colección de los artículos publicados en la prensa de Lima sobre la cuestión boliviano-chilena (Lima, 1873) revela la difusión que habían alcanzado en la capital del Perú las ideas que contribuyeron a forjar la alianza secreta de aquel año. Comienza esta recopilación con un artículo publicado el 26 de agosto de 1872 en La Nación (periódico fugaz de esta época) con el título de "Quieren ahogarnos" comentando la ayuda de las autoridades chilenas de Valparaíso a la expedición de Quevedo. Sigue una serie de opiniones expresadas principalmente en La Patria y también en El Nacional y La Sociedad entre setiembre de 1872 y febrero de 1873, algunas de las cuales suscitaron una polémica con los diarios de Santiago El Ferrocarril, El Independiente y La República.

En La Patria aparecieron verdaderos ensayos que hoy podrían ser calificados como pertenecientes a la geo-política. Según ellos, Bolivia debía desempeñar en América del Sur una misión singular porque pertenecía, a la vez, a los sistemas internacionales del Amazonas, del Atlántico y del Pacífico. Era la suya una función reguladora y central en el continente. Muy conveniente hubiera sido establecer su neutralidad perpetua. Se había estado produciendo desde 1842, más o menos, en su daño, el avance chileno al amparo de los desacuerdos entre ese país y el Perú y de su carencia de marina. Si proseguía dicho fenómeno, podían producirse la supremacía chilena en el Pacífico, la desaparición de la costa legítima de Bolivia y la conjura boliviano-chilena para desmembrar el sur del Perú. Dentro del sistema del Pacífico, Chile y el Perú disputábanse el primer papel como Estados marítimos. El tratado boliviano-chileno de 1866 debía haber sido una señal de alarma para el Perú; era responsabilidad del Presidente Prado y de su Secretario de Relaciones Exteriores Toribio Pacheco no haber intentado evitar el despojo allí consumado o no haber protestado contra él, si bien es cierto que también hubo silencio en la prensa de Lima de entonces. ¿Cuál era el remedio ante los crecientes peligros que estaban asechando al Perú? "Negociar con Bolivia la unidad del interés internacional (decía La Patria el 25 de setiembre de 1872) y notificar a Chile que la diferencia chileno-boliviana desde su origen, no es local sino general de la América española y especialmente comprensiva al Perú. Así caduca el valor del tratado del 66, se inutiliza toda intriga diplomática de Chile en La Paz y se arriba a un Congreso Americano que pacte el equilibrio hispanoamericano". El Perú, según este articulista, tenía derecho para pedir la reconsideración del tratado de 1866. La anexión de Atacama a Chile (así como también la de Patagonia) envolvía una trascendencia muy vasta y conducía a complicaciones muy graves contra la familia hispanoamericana. El Perú defendiendo a Bolivia, a sí mismo y al Derecho, debía presidir la coalición de todos los Estados interesados para reducir a Chile al límite que quería sobrepasar, en agravio general del uti possidetis en el Pacífico. La paz continental debía basarse en el equilibrio continental. "Los Estados de pequeñas costas (afirmaba La Patria el 3 de octubre de 1872) cooperan con su neutralidad o su alianza al perfecto equilibrio de los poderes marítimos del Perú y de Chile. Son los aliados obligados de aquel que entre los dos sostenga el Derecho común violado por el otro". Por su parte, La Sociedad sostuvo igualmente que graves peligros amenazaban al Perú y que, con tiempo, debían pararse los golpes que iban a serle asestados en la sombra, no confiando el destino nacional a los favores del acaso. Como países peligrosos con sus pretensiones de supremacía denunció a los Estados Unidos, Brasil y Chile. Al comentar el tratado Corral-Lindsay (que será mencionado en seguida) como un triunfo chileno, se lamentó, el 1º de febrero de 1873, al ver al gobierno peruano en la condición de desprevenido y de imprevisor. Se publicaron estas palabras en vísperas de que fuese suscrito el tratado secreto peruano-boliviano.

Conviene recordar aquí que tanto La Patria como La Sociedad eran diarios de oposición al régimen de Manuel Pardo.

LA SOLICITUD BOLIVIANA PARA LA ALIANZA CON EL PERÚ Y EL TRATADO LINDSAY - CORRAL.

Por decreto de 13 de abril de 1872 el gobierno de Bolivia reconoció a Melbourne Clark el derecho de ejercitar su privilegio para la exportación de salitre en una zona delimitada que esa compañía no aceptó. En noviembre de 1872 la Asamblea Nacional boliviana autorizó al Poder Ejecutivo para que pidiera la alianza con el Perú.

El gobierno peruano se manifestó al principio reacio a la alianza (Nota reservada del canciller Riva-Agüero a la legación en La Paz, el 29 de noviembre de 1872). Por otra parte, las negociaciones para este tratado con el Perú no impidieron a Bolivia la búsqueda de un arreglo con Chile. A consecuencia de un cambio de régimen, Bolivia se inclinó al cumplimiento del tratado de 1866.

El canciller boliviano Casimiro Corral y el plenipotenciario chileno Santiago Lindsay acordaron "las bases de un arreglo definitivo que resolviese las cuestiones pendientes para la ejecución del tratado de 10 de agosto de 1866". La fecha de este convenio fue el 5 de diciembre de 1872. Como línea divisoria de Chile con Bolivia se mantuvo el grado 24 de latitud Sur. El territorio de explotación común para ambos países continuó siendo; de acuerdo con el tratado de 1866, el polígono formado por el grado 23 al Norte y e 25° al Sur; fueron creadas comisiones mixtas para determinar la ubicación de las minas y lugares productores de minerales en esa zona, y se designó al Emperador del Brasil para nombrar un dirimente en caso de discordia. La participación por, mitad de los derechos de exportación correspondía tanto a los metales propiamente dichos como al salitre, bórax, los sulfatos y demás materias inorgánicas entendidas en la aceptación genérica de minerales. La intervención fiscal de Chile establecida en Mejillones por el tratado de límites de 1866 quedó autorizada para examinar los libros y demás comprobantes de las demás aduanas establecidas o por establecerse dentro del grado 23. De la misma manera, Bolivia no podía erigir dentro del grado 24 sino una intervención fiscal con las condiciones y autorizaciones señaladas para la de Chile dentro del grado 23. De común acuerdo debía fijarse, entre ambos gobiernos, la tarifa de exportación de pastas y minerales de toda clase que se hiciera de los productos mencionados en el convenio dentro de la zona de los grados 23 a 25, sin que le fuera permitido a ninguno de ellos alterar o modificar la tarifa sin consentimiento y acuerdo común.

El tratado Corral-Lindsay fue muy mal visto por el gobierno y por la prensa peruana. Aconsejó aquél al de Bolivia insistentemente que lo denunciara, así como el tratado de 1866, con el propósito de obtener un arreglo mejor o de dar lugar, con la ruptura de las negociaciones, a la mediación del Perú y de la Argentina.

La Asamblea boliviana aplazó en 1873 la aprobación de este convenio. La misma Asamblea aprobó el tratado secreto de alianza con el Perú.