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 II.
LA ALIANZA SECRETA.
 El tratado secreto
entre el Perú y Bolivia fue firmado en Lima el 6 de febrero de 1873 por el plenipotenciario
Juan de la Cruz Benavente y el ministro José de la Riva Agüero Looz Corswarem. En
su preámbulo especificaba su carácter defensivo. El artículo primero decía: "Las
altas partes contratantes se unen y ligan para garantizar mutuamente su independencia,
su soberanía y la integridad de sus territorios respectivos, obligándose en los
términos del presente tratado a defenderse de toda agresión exterior...". El artículo
segundo: "La alianza Se hará efectiva para conservar los derechos expresados en
el anterior y especialmente en los casos de ofensiva, que consistan: I.- En actos
dirigidos a privar a alguna de las partes contratantes de una porción de su territorio
con ánimo de apropiarse su dominio o de cederlo a otra potencia. II.- En actos dirigidos
a someter a cualquiera de las altas partes contratantes a protectorado, venta o
cesión de territorio o a establecer sobre ella cualquiera superioridad, derecho
o preeminencia que menoscabe u ofenda el ejercicio amplio y completo de su soberanía
e independencia. III.- En actos dirigidos a anular o variar la forma de gobierno,
la Constitución política o las leyes que las altas partes contratantes se han dado
o se dieren en ejercicio de su soberanía". El artículo tercero: "Reconociendo ambas
partes contratantes que todo acto legítimo de alianza se basa en la justicia, se
establece para cada una de ellas respectivamente el derecho de decidir si la ofensa
recibida por la otra está comprendida entre las designadas en el artículo anterior".
Las partes quedaban, pues, en libertad para reconocer la existencia del casus foederis.
Eran detalladas en seguida las obligaciones que el casus foederis implicaba. Se
obligaban las partes al planteamiento del arbitraje previo a la guerra, a no menoscabar
su soberanía y a no concluir tratados de límites sin conocimiento de la otra parte.
Quedaba abierta la posibilidad de la adhesión de otro u otros Estados a la alianza.
SIGNIFICADO DEL TRATADO DE ALIANZA.
¿Por qué firmó el Perú
el tratado con Bolivia? Desde el punto de vista peruano, se creyó conveniente resguardar
las salitreras de Tarapacá, vecinas de las salitreras del territorio boliviano y
amenazadas por el avance chileno. La alianza al crear el eje Lima-La Paz con ánimo
de convertirlo en un eje Lima-La Paz-Buenos Aires, pretendió forjar un instrumento
para garantizar la paz y la estabilidad en las fronteras americanas buscando la
defensa del equilibrio continental como había propugnado La Patria de Lima. Seguramente
hubo el temor de que Bolivia, embotellada, se fuera contra el Perú como otrora;
y de que si no se efectuaba la alianza peruano-boliviana, podía producirse a corto
plazo la alianza chileno-boliviana, peligrosa para la costa sur del Perú. En efecto,
examínese la historia anterior de Bolivia y se verá cuánto recelo existió siempre
entre ese país y el Perú y cuántas veces los hombres dirigentes bolivianos soñaron
adicionar a ese país los territorios de Tacna y Arica (Tratado Ortiz de Cevallos
Urcullu en 1826); cartas entre Santa Cruz y el Vice Presidente Calvo en 1838; gestión
del Presidente Ballivián y su ministro Tomás Frías en octubre de 1845; el correo
de gabinete Juan Sánchez lleva al ministro boliviano en Chile Joaquín Aguirre la
propuesta de un arreglo de límites con este país si ayuda a la celebración de un
congreso internacional en el que se acuerde la entrega de Tacna y Arica a Bolivia;
(entrevista con el ministro Manuel Montt el 11 de octubre de 1845 y nota de Aguirre
publicada por Luis Orrego Luco en su obra Los problemas internacionales de Chile.
La cuestión boliviana (Santiago, 1900); ofertas chilenas en la época de Melgarejo
y de Quevedo). Por lo menos seis veces en total. No falta, además, quien haya creído
que, por razones de política interna, para impedir las intentonas subversivas de
Piérola, el gobierno peruano tenía interés de aliarse con el de Bolivia, cuyo territorio
podría servir como base de operaciones a ese conspirador. Escritores chilenos han
vinculado al tratado de alianza la política fiscal de monopolio salitrero seguida
por el Perú. Según ellos, esta política necesitaba anexarse y someter a su influencia
las zonas salitreras chilenas y bolivianas. En realidad la ley peruana de 18 de
enero de 1873 fue al estanco del salitre por iniciativa parlamentaria, contra el
proyecto de impuesto sobre la exportación presentado por el gobierno. La correspondencia
inédita entre Juan G. Meiggs y Carlos Watson (conservada en poder de la familia
Costa y Laurent) revela que en febrero de 1876, el gobierno peruano tomó vivo interés
en el salitre boliviano. Al realizar el Estado peruano con la ley de 28 de marzo de 1875, la expropiación y el monopolio de las salitreras de Tarapacá, era necesario
evitar la competencia de las salitreras bolivianas del Toco. El Presidente Pardo
propuso a Enrique Meiggs pagarle la deuda que el fisco peruano le tenía si se presentaba
como postor en el arrendamiento del Toco; y Meiggs a su vez, quiso tomar dichas
salitreras y obtener así un arma con qué obligar a Pardo a continuar el plan de
ferrocarriles o a hacer el ajuste y liquidación de cuentas, bajo la amenaza de una
lucha comercial. Más tarde, ya el plan de Meiggs consistió en manejar Tarapacá también.
Obsérvese, sin embargo, que si el monopolio salitrero surgió en el Perú en 1875,
la alianza se firmó en 1873. Las negociaciones económicas de 1876 son de un período
en el que desde el punto de vista militar, el Perú no tomaba iniciativa alguna y
en que tampoco llevaba a cabo manejos de orden diplomático conexos con un posible
encerramiento de Chile, pues entonces, como ha de verse en seguida, no quería la
alianza con Argentina.
En todo caso, hacia 1873, tomó el Perú un nuevo curso en su vida internacional.
En el período de la determinación nacional, entre 1825 y 1842, el plan internacional
del país había sido claro: evitar la influencia colombiana primero (campaña de 1828
y guerra de 1829) y la influencia boliviana después (guerras de la Confederación
entre 1836 y 1839 y guerra con Bolivia en 1841-42). Durante el período siguiente,
período de apogeo y de predominio peruano en el Océano Pacífico, entre 1843 y 1866,
la vida internacional del Perú habíase inspirado en la tendencia a usar el poderío
del país al servicio de una política de romanticismo internacional (Primer Congreso
Americano de Lima en 1848, dos tratados de unión continental en 1856, misión Gálvez
para procurar la unión centroamericana ese mismo año, Segundo Congreso Americano
de Lima en 1864, guerra con España en 1866, protesta Pacheco durante la guerra del
Paraguay, ayuda a la independencia de Cuba, etc.). Ahora surgía una política a base
del juego de alianzas y de la búsqueda de un equilibrio continental a la manera
europea. Pero esta peligrosa política que, a la vez, quería servir de escudo para
los derechos de otro Estado, demandaba no sólo continuidad en la actitud, sino alerta
destreza diplomática y cauteloso armamentismo si se proponía seriamente obtener
resultados positivos.
Durante el período de la determinación nacional, había
predominado lo que podría llamarse una directiva Gamarra, esencialmente anti-boliviana
con eventual alianza con Chile. Si Gamarra hubiera sido el Presidente del Perú en
la década de los 60 o los 70, cabría imaginar que habría procurado la formación
de un frente peruano-chileno contra Bolivia. Esa habría sido, por lo demás, una
ruda y cínica "Real Politik" a la manera de Bismark, siquiera transitoriamente,
para ganar tiempo. Lo que en realidad surgió fue, en cambio, la directica Pardo,
de aproximación a Bolivia y de recelo contra Chile que, si bien dejaba aislado a
este último país, en cambio brindaba pretexto para la agresión.
LA ADHESIÓN ARGENTINA A LA ALIANZA.
 Apenas firmado el tratado de alianza,
Perú inició gestiones por medio del hábil ministro Manuel Yrigoyen ante la Argentina
para que se adhiriera a él. El hecho de que la Argentina fuera el otro país limítrofe
de Chile, además de Bolivia, así como la existencia de un conflicto de fronteras
argentino-chileno, con ocasionales tendencias a agravarse, parecía justificar la
esperanza de éxito en estas gestiones. En contra de ellas conspiraban la posibilidad
de que Chile se mostrara contemporizador en su litigio con Argentina al conocer
la existencia del tratado peruano-boliviano; así como la irresistible gravitación
de la Argentina hacia Europa y hacia el lado Atlántico de América del Sur, con esa
indiferencia por los asuntos de la costa americana del Oeste, que ha sido una negación
del mensaje implícito en la obra de San Martín. En vista de todos estos hechos,
hubiera sido conveniente más bien iniciar las conversaciones para el tratado entre
Buenos Aires y Lima y buscar la posterior adhesión boliviana. Otra objeción grave
contra la política adoptada por el Perú consiste en la duda acerca del acierto en
el mantenimiento del secreto para el pacto. Ese secreto no era posible porque el
texto iba a pasar por tres cancillerías y por tres Parlamentos. Tampoco era conveniente
porque lógicamente la nación en guarda
de cuyos ataques se hacía, tenía que irritarse.
Chile, en efecto, llegó a conocer no sólo la existencia del tratado sino también
su contenido a través de varios conductos. Uno fue el ministro en Bolivia, Carlos
Walker Martínez, muy ligado por vínculos de familia al canciller boliviano Mariano
Baptista y en cuyo libro Páginas de un viaje a través de la América del Sur publicado
en 1876 hay una referencia al tratado. Otro fue el ministro en Argentina Guillermo
Blest Gana (octubre de 1873). Ahora sabemos, por las revelaciones de Armando Blanlot
Holley y por un estudio del historiador chileno Francisco Encina, que Blest Gana
obtuvo una copia íntegra del texto; a través de la Legación del Brasil. También
ocurrió (según apuntes inéditos de Jacinto Sixto García) que el canciller Riva-.
Agüero comunicó al ministro del Brasil en Lima, Pereira Leal, la existencia del
tratado.
El canciller argentino Carlos Tejedor pidió primero que Bolivia arreglara sus asuntos
con Argentina, lo cual le fue prometido; y que el tratado boliviano-chileno de 1866
no cayese dentro del casus foederis, lo .cual no fue aceptado. Luego solicitó la
ampliación de la alianza a Chile o, por el contrario, su reducción al Perú y a la
Argentina. Se le brindó así al Perú con él último planteamiento, la oportunidad
de precaverse no sólo del peligro chileno, sino de un posible pacto entre Chile
y Bolivia. Con fecha 10 de octubre de 1873 rechazó la cancillería de Lima esta fórmula
para lo cual invocó la lealtad internacional y la mancomunidad de intereses con
Bolivia. En efecto, como Perú y Chile no eran vecinos entonces, sólo podían chocar
en caso de una invasión de Chile a Bolivia, ajena a la propuesta alianza peruano-argentina;
y en cambio, el Perú quedaba expuesto a terciar en una posible guerra entre Chile
y Argentina que sí eran vecinos y litigantes.
Argentina decidió entonces la alianza con Perú y Bolivia tal y como había quedado
firmada en febrero en 1873. La Cámara de Diputados la aprobó el 25 de setiembre
de 1873 con 18 votos en contra de los amigos de Bartolomé Mitre, especialmente Guillermo
Rawson. El Senado, en pugna entonces con el Presidente Domingo Faustino Sarmiento,
acordó aplazar su
resolución hasta el 1° de mayo de 1874 en que se inauguraba el
Congreso siguiente, a fin de dar tiempo para que el gobierno negociara con más detenimiento,
aclarando las dudas y resolviendo antes la cuestión de límites con Bolivia, cuya
cancillería, dilató demasiado tales arreglos. El aplazamiento fue acordado por 48
votos contra 18 el 9 de octubre.
El Perú, por su parte, temeroso del acercamiento del Brasil a Chile y de un avance
brasileño por la zona amazónica, llegó a pedir que el pacto expresara con claridad
su limitación específica a los conflictos con Chile. Argentina aceptó; pero Bolivia
tuvo una actitud negativa. Otros detalles de redacción del pacto impidieron el total
acuerdo entre los tres presuntos aliados, dos de los cuales, Bolivia y Argentina,
debatían problemas fronterizos. El significado exacto del uti possidetis dio lugar
a una discrepancia entre ambas cancillerías. Aparte de las naturales complicaciones
anexas a la difícil tarea de urdir una alianza peruano-boliviano-argentina, contribuyeron
a que ella se malograra las demoras y recelos del ministro de Relaciones Exteriores
de Bolivia, Mariano Baptista. El representante de Chile ante el gobierno boliviano
por aquel entonces era, como se ha visto, Carlos Walker Martínez, gran amigo y relacionado
de Baptista, como también se ha expresado; y el calor de ese afecto, así como la
delación de la alianza Perú-boliviana inspiraron un tratado conciliador entre Bolivia
y Chile.
LA TRANSACCIÓN DE 1873 Y EL TRATADO DE 1874 ENTRE CHILE Y BOLIVIA.
 Mientras los diplomáticos discutían e
intrigaban, no habían cesado en Bolivia las concesiones salitreras a chilenos. Ya
Melbourne Clark & Cº había transferido sus derechos a la Compañía de Salitres
y Ferrocarril de Antofagasta, la cual obtuvo la llamada "transacción" de 27 de noviembre
de 1873 en la que recibió implícitamente más de lo que había concedido Melgarejo:
derecho de explotación perpetua en las 375 leguas cuadradas que habían sido objeto de litigio; más 128 millones de metros cuadrados. Era trámite obligatorio la sanción
legislativa de tales transacciones; pero ésta, reducida a escritura pública el 29
de noviembre de 1873, no fue aprobada por el Parlamento boliviano.
La gestión diplomática peruana en 1873 ante la Cancillería de Bolivia fue en el
sentido de que aprovechara los momentos anteriores a la llegada de los blindados
chilenos para terminar las fatigosas disputas sobre el tratado de 1866 y de que
lo denunciase para sustituirlo por un arreglo más conveniente, o bien para dar lugar,
con la ruptura de las negociaciones, a la mediación del Perú y la Argentina. Bolivia
prefirió, en cambio, el arreglo directo de carácter contemporizador con Chile, pues
supuso que la denuncia del tratado de 1866 y la firma de la alianza con la Argentina
significarían la guerra inmediata.
El 6 de agosto de 1874 fue suscrito el tratado convenido por Mariano Baptista y
Carlos Walker Martínez, ampliado luego por el de 4 de julio de 1875. El límite entre
las Repúblicas de Bolivia y de Chile quedó nuevamente fijado en el paralelo del
grado 24. Continuó el sistema de explotación, administración y venta
del guano de
común acuerdo tanto del que ya se explotaba como del que se encontrase después en
el territorio de los paralelos 23° y 24°. Dentro de esta zona se declaró libres
y exentos de todo derecho a los productos naturales de Chile importados por el litoral
boliviano. En reciprocidad, idéntica liberación recibieron los productos naturales
de Bolivia que fueran introducidos al litoral chileno dentro de los paralelos 24°
y 25°. Los derechos cobrados por la exportación sobre los minerales en el territorio
de la zona de los paralelos 23° y 24° pertenecían a Bolivia; pero no debía exceder
la cuota vigente. Bolivia (he aquí un punto acerca del cual se debatió mucho en
1879) se comprometió a no aumentar durante veinticinco años las contribuciones existentes sobre las personas, industriales y capitales chilenos. Además se obligó a la habilitación
permanente de Mejillones y Antofagasta como puertos mayores de su litoral. Cualquier
problema de interpretación del tratado debía ser materia de arbitraje. Vale la pena
recalcar la importancia de esta cláusula.
Precisamente la actitud boliviana al tratar con Chile en 1874 a pesar de la alianza
con el Perú firmada en 1873 ha servido al historiador boliviano Alberto Gutiérrez
para sostener que no era ella una tenebrosa conjura de carácter agresivo. Por otra
parte, aunque el Perú hubiera podido, invocando el tratado de 1873, oponerse al
arreglo de Bolivia con Chile en 1874, no lo hizo; y con ello evidenció sus propósitos
pacíficos.
EL TRATADO BOLIVIANO-CHILENO DE 1874, SU IMPORTANCIA
Y LA ACTITUD DEL PERÚ ANTE ÉL.
(1) La historiografía boliviana ha aclarado todo lo concerniente a los agrios debates
en el Parlamento, en el periodismo y en las calles con motivo del tratado de Baptista-
Walker Martínez del 6 de agosto de 1874.
Hubo contra dicho pacto una oposición muy ardorosa. En ella se unieron a viejos
rencores, y agravios contra Chile, ávidos intereses de política interna y otros
de tipo regionales. Hasta tres grupos antagónicos pretendían adueñarse del futuro
gobierno en la República del altiplano.
Roberto Querejazu Calvo ofrece en su libro Guano, Salitre, Sangre (La Paz, 1979)
una visión minuciosa de lo que entonces ocurrió. Vale la pena reproducir algunas
frases de un discurso de Mariano Baptista en la Asamblea Nacional que él transcribe
y comenta: "La primera condición del acierto es medir una situación dada, en su
realidad y tener el valor
de aceptarla como base de nuestra conducta y principio
de nuestras resoluciones. Entre el litoral y nuestra Bolivia yace un desierto excepcional
por lo áspero y solitario, sin caminos, sin recursos, extremo de desolación y desamparo.
Quince días de trabajosa peregrinación, apenas son bastantes para cruzarlo. Ese
Sahara parece puesto allí para cortar las relaciones y suspender la vida. Como Estado,
respecto de ese territorio de la costa, estamos en peor situación que la antigua
metrópoli española con sus colonias. La autoridad religiosamente acatada, jamás
contradicha, obraba, desde Cádiz, más inmediata, más decisivamente que nosotros...
El aliento de la vida civil y política, del interior, apenas se dejaba sentir allí,
donde no podemos intervenir ni con los elementales recursos de la vida económica.
Allí, con todos nuestros esfuerzos, no podemos proveer a los habitantes ni con la
carne, ni el pan, ni el agua. Agua, carne y pan los envían de Chile y el Perú. Cuando
por un golpe de fortuna esas costas han estallado en frutos, no hemos tenido ni
población, ni espíritu de empresa, ni capitales que arrojar a esos centros metalíferos,
donde se han precipitado como un torrente los extranjeros, chilenos en su mayoría,
fuertes de vida industrial, formados al calor de las asociaciones, habituados al
impulso único y común. ¿Cuál es allí la cifra de nuestra población? No me atrevo
a decirlo. Lo sabéis tanto como yo. ¿Cuál es la cifra de nuestros capitales? No
ignoráis en qué proporción juegan. ¿Destacáis fuerzas? Allí se pierden. Con esta
situación desamparada corre pareja una necesidad contraria e imprescindible: la
de mantener esa costa, la de asimilarla a nuestra vida, la de incorporarla más y
más en el Estado. Parece que el resorte principal de la administración, el núcleo
de nuestra vida política, la fuerza primordial de la nación, tienen que reconcentrarse
allí. ¿Sabéis por qué? Porque en el litoral se forma ya y tiene que desenvolverse
el capítulo principal de nuestro presupuesto de ingresos... Nuestra salvación está
en buscar el interés bien entendido de Chile, en ligárnoslo por medio de él, en
depararle tal situación que se halle cómodo en medio de nosotros y ame nuestra vida
porque así le conviene. Demos facilidades a su trabajo, libertades a su derecho,
porvenir a sus especulaciones, franquicias a sus capitales, seguridades a su industria...
Si al avenimiento del mutuo interés unimos el lazo sagrado del derecho, nuestra
seguridad aparecerá mayor. Ese lazo es un pacto solemne, definitivo, sellado con
el honor de una nación... Ese pedazo de costa yacente entre dos altas nacionalidades...
tiene que ser respetado. Porque allí proyectan su sombra dos pabellones distintos,
que si se agitaran al soplo de las batallas, arrastrarían en sus pliegues quizás
catástrofes continentales... Asegurar la nacionalidad boliviana con el sacrificio
de todas nuestras ventajas, durante 25 años, aún no sería estipulación temeraria.
El sacrificio temporal, seco, sin compensación presente, aún tendría un sentido
patrióticamente previsor".
La astuta maniobra de Walker Martínez al condonar, en nombre de su gobierno, la
deuda que Bolivia tenía a Chile por los derechos de exportación de minerales establecidos
en el tratado de 1866 y no abonados mientras dicho convenio entró en vigencia, fue
decisiva para la aprobación del arreglo de 6 de agosto de 1874.
Querejazu Calvo, historiador nada afecto al aliado de 1873, escribe a propósito
de este acuerdo: "Satisfacción profunda experimentó el gobierno del Perú. La armonía
entre los vecinos del sur hacía desaparecer los peligros que se cernían sobre Tarapacá.
El tratado de alianza suscrito con Bolivia el año anterior no era ya necesario y
podía encarpetarse para siempre". (Querejazu Calvo, 1979).
El libro recientemente publicado del ex-Presidente José Pardo y Barreda, Historia
del tratado secreto de alianza defensiva entre el Perú y Bolivia (Lima, 1979), exhuma
varios documentos que demuestran cuál fue la actitud de la cancillería de Lima ante
las negociaciones para el arreglo del litigio chileno-boliviano y ante el tratado
de 1874. El objetivo de dicha actitud fue el apoyo a la suscripción lo más pronto
posible de un arreglo definitivo. Una carta del canciller Aníbal Víctor de la Torre
al ministro en la Argentina Manuel Irigoyen, llegó a decir: "Usted sabe que a fuerza
de trabajo hemos conseguido el arreglo de esta última (Bolivia con Chile) que ya
es terminado". (La Torre a Irigoyen, 5 de julio de 1875, en Pardo y Barreda, 1979).
El pacífico tratado chileno-boliviano de 1874, complementado en 1875, ostenta un
significado trascendental como antecedente de la guerra de 1879. Omitió Baptista
no sólo cualquier esfuerzo para buscar el respaldo de su aliado de 1873 o de Argentina,
la presunta co-partícipe en ese convenio, sino hasta la simple cortesía de participarle
lo que hacía; y
otorgó a la angla-chilena
Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta el privilegio de que fuese exhonerada
en forma absoluta del pago de nuevos impuestos durante veinticinco años sin tomar
en cuenta que esa industria tenía que desarrollarse ampliamente a lo largo de un
cuarto de siglo.
Lavalle expresa en sus memorias que Baptista fue burlado y envuelto "como un niño"
por el "inteligente vivo y simpático" Carlos Walker Martínez. Un análisis más minucioso
lleva a la conclusión de que el canciller boliviano procedió con total lucidez.
Detuvo el avance chileno en el litoral boliviano, al ofrecer a los hombres de negocios
de esa nacionalidad una atractiva garantía. Al mismo tiempo, no rompió el tratado
secreto de alianza con el Perú suscrito un año antes, si bien ya había impedido
en él la peligrosa inclusión que implicaba Argentina. El tratado quedaba silenciosamente
en reserva, como recurso extremo si, por cualquier circunstancia, fallaba el arreglo
boliviano-chileno. Y ese recurso extremo fue utilizado por otros políticos, al asomarse
el conflicto boliviano-chileno de 1879, sin previo acuerdo con el Perú, contraviniendo
aquí lo estipulado en el inciso 1º del artículo VIII del referido tratado.
Y Baptista consiguió lo que quiso. En la vida diplomática, como en la política,
como en el quehacer privado, la astucia suele ganar batallas que públicamente, por
lo general, no son reconocidas. El tratado de 1874 fue, durante cuatro largos años,
como una droga sedante sobre Bolivia, sobre el Perú y sobre Chile. Los aliados se
olvidaron de cualquier tentativa para implementar su pacto fraternal. El Perú que
lo mantuvo teóricamente, sin duda para cerrar el paso a un peligroso acuerdo boliviano-chileno,
clausuró los conductos para la adhesión argentina y volvió las espaldas al armamentismo.
Chile llegó, en un momento de crisis hacendaria, a pensar en la venta de sus blindados.
Pero varias cosas permanecieron inconmovibles. Una de ellas fue la siguiente: no
hubo venta de los blindados. Chile continuó premunido de una superioridad marítima
tan grande que, dentro de esa época, lo colocó por encima de Estados Unidos. El
historiador norteamericano Samuel Eliot Morison ha escrito: "La Guerra del Pacífico
de 1879-84 que Chile ganó al Perú y Bolivia hizo despertar en Estados Unidos la
conciencia sobre la decrepitud de su escuadra veinte años después de haber construido
el Monitor, era ella inferior a la escuadra chilena. Los navíos más importantes reducíanse a catorce blindados muy pequeños, la mayor parte de ellos monitores.
Después de largas discusiones el Congreso, el 5 de agosto, de 1882, autorizó la
'construcción de dos barcos de guerra, a vapor hechos de acero' domésticamente manufacturados...
y de dos más en 1883". (Morison, The Oxford History of the American People, Nueva
York, 1965, p. 737).
Al mismo tiempo, la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta fue el símbolo
del enclave chileno en el litoral boliviano. No había llegado aún la hora para que
se desatara en aquella zona la lucha de clases. La población venida del sur para
inundar los territorios de Antofagasta, de Caracoles y de otros lugares donde se
podía obtener dinero, estuvo entonces bajo la ilusión que una cueca muy de moda
expresó así:
P'al norte me voy, me voy,
p'al gran norte calichero
donde pronto seré caballero
de levita, bastón y tongos. |
Pero, al lado de aquella masa y dirigiéndola siguieron siendo poderosos los influyentes
capitales anglo-chilenos que prosperaban gracias a las excepcionales concesiones
por ellos obtenidas. Todo este conjunto humano y financiero bullía a cortísima distancia
del departamento peruano de Tarapacá, también enriquecido por la abundancia existente
en su territorio de la misma materia prima y que, por ello, con la de Antofagasta
competía. A ésta, el gobierno de Lima la nacionalizó audazmente en desmedro de poderosos
intereses chilenos, británicos y peruanos pre-existentes que, no por ello, quedaron
inermes.
LA ANULACIÓN DE LA COMPRA DE LOS BLINDADOS Y EL TRATADO SECRETO DE ALIANZA CON BOLIVIA.
 La Prensa de Lima del 12 de abril de 1908,
como apéndice de unos artículos históricos sobre el partido civil que publicaba
Alberto Ulloa Cisneros, reprodujo el acta de la sesión del Consejo de Ministros
de 27 de agosto de 1872 motivada por una nota del Senado solicitando informes sobre
los armamentos nacionales y sobre la suma necesaria para aumentarlos. El pedido
provenía de un debate acerca del visible propósito de Chile de tener la preponderancia
marítima en el Pacífico. En concepto del ministro de Gobierno (Francisco Rosas),
Chile se preparaba contra el Perú, por lo cual manifestó que era indispensable aumentar
el armamento naval para conservar la superioridad marítima de este país. El ministro
de Relaciones Exteriores (José de la Riva Agüero) opinó que las relaciones Perú-chilenas
eran muy cordiales y no había temor fundado de que pudieran alterarse; pero que
creía conveniente tomar medidas de preparación. El Presidente Manuel Pardo, coincidiendo
en la necesidad de aumentar el armamento marítimo, indicó que sería acertado expresar
en el informe que el gobierno estimaba prudente tomar las medidas indicadas. Así
se acordó y que se expresase también que debiera abrirse un crédito de cuatro millones.
Fue el senador por Piura Lizardo Montero quien había promovido una interpelación
secreta al ministro de Guerra (general José Miguel Medina) sobre estos asuntos,
por lo cual se realizó un ardiente y apresurado debate en sesiones del mismo carácter,
cuyo término fue la expedición de una autorización reservada al gobierno para emplear
hasta la suma de cuatro millones de soles en la construcción de los blindados. (20
de noviembre de 1872).
Aparece así evidente que hubo dos posibilidades abiertas para el Perú ante el armamentismo
chileno: una en la época de Balta con el envío de la misión Ferreyros y que se frustró
por desacuerdos con Dreyfus según refiere Geraldo Arosemena Garland en sus libros
(6° edición) Armamentismo antes de 1879 y El Almirante Miguel Grau y otra al iniciarse el régimen de Pardo, a través de la ley autoritaria que, en armonía con los deseos
del Presidente y de sus ministros Rosas y Riva Agüero, expidió el Congreso.
La Prensa en la fecha citada publicó también el acta del Consejo de Ministros de
4 de octubre de 1872 motivada por un oficio del comisionado fiscal Daniel Ruzo el
31 de agosto de 1872 comunicando los rumores de una alianza entre Chile y Bolivia
en contra del Perú para arrebatarle la región de Moquegua en beneficio de esta última
República, a cambio de que ella cediera a su vecino austral el territorio de Mejillones,
Ruzo daba cuenta, una vez más, de la construcción de blindados para Chile e informaba
de que los periódicos europeos, al ocuparse de los países de América del sur, no
se manifestaban adictos al Perú y anunciaban constantemente la existencia de discordias
con Chile al punto de temerse una guerra. Agregaba, en seguida, que la comisión
de marinos chilenos no se expresaba en términos amistosos respecto al Perú. En concepto
de Ruzo, las construcciones navales chilenas envolvían una amenaza contra el salitre
de Tarapacá "que hasta aquí se ha explotado casi exclusivamente en beneficio de
Chile y aun presentándosele en los mercados europeos como producto chileno". El
Consejo de Ministros acordó contestar manifestando a Ruzo la satisfacción del gobierno
por el celo que lo animaba y la esperanza de que comunicaría las noticias que pudiera
adquirir sobre los asuntos por él tratados.
 La gestión del plenipotenciario Juan de la Cruz Benavente para suscripción del tratado
de alianza defensiva Perú-boliviano empezó en los últimos días de 1872, culminando
con el trascendental documento firmado, según ya se expresó, el 6 de febrero de
1873. Reunido el Congreso peruano en sesiones extraordinarias lo aprobó el 22 de
abril. Lo presidía Francisco de Paula Muñiz y actuaban como secretarios Félix Manzanares
y José María González. Las actas de estas sesiones desaparecieron más tarde del
archivo del Congreso. Parece que en la Cámara de Diputados no hubo sino nueve votos
adversos al tratado. El Congreso de Bolivia lo sancionó el 2 de junio de 1873.
EL COMIENZO DE LA INFERIORIDAD NAVAL PERUANA Y LA FALTA DE INICIATIVA PARA UNA GUERRA
PREVENTIVA.
Chile había perdido, en relación con el litoral, la aquiescencia o la maleabilidad sumisa de los gobernantes bolivianos
al producirse la caída de Melgarejo y la derrota de Quevedo; pero estaba ganando
la carrera armamentista o, mejor dicho, corriendo solitariamente en ella al adquirir
los blindados Cochrane y Blanco Encalada y algunas unidades menores. Por otra parte,
el gobierno de Bolivia, sin llegar a donde hubiera podido ir Quevedo, manifestó
una voluntad transaccional al suscribir el tratado Baptista-Walker Martínez, no
obstante haber gestionado y obtenido la alianza defensiva secreta con el Perú. Es
decir, buscó el arreglo inmediato con Chile con la finalidad de evitar querellas
eventuales; y, para el caso de que esta fórmula pacífica fracasara y de que creciesen
las pretensiones chilenas, guardó en reserva el arma de la alianza.
El gobierno peruano, a su vez, creyó que, si bien el tratado Baptista- Walker Martínez
de 1874 no era lo mejor posible, la paz estaba afianzada de inmediato en el Pacífico
sur. En el manifiesto del general Prado firmado en agosto de 1880 en Nueva York
aparecen las siguientes frases: "Es público que este hombre (Piérola) desde el año
1872 no ha cesado de conspirar, obligando constantemente a uno y otro gobierno a
distraer su atención de la cosa pública y a consumir sus estrechos recursos en atajar
revoluciones y sofocadas. Por eso fue que el Presidente Pardo no pudo dar cumplimiento a la ley que lo autorizaba para invertir hasta 4.000.000 de pesos en comprar dos
blindados superiores a los chilenos, porque se vio precisado a gastar esos millones
en conservar el orden público, es decir en combatir a Piérola".
Según afirmó Rafael Grau cuando se debatió la ley electoral en la legislatura extraordinaria
de la Cámara de Diputados el año de 1912, se opusieron a la anulación de este contrato
dos marinos: Miguel Grau y José Rosendo Carreño. Dijo lo siguiente en la sesión
del 11 de noviembre de 1912: "Y aunque sea personal, por referirse a mi progenitor,
voy a mencionar un caso en que dos tenían razón contra muchos. Cuando se discutió
en el Perú la rescisión del contrato de los acorazados que adquiriera el país, se
nombró una comisión de marinos y sólo mi padre y el padre de mi H. compañero señor
Carreño, sostuvieron que debía llevarse adelante ese contrato, costara lo que costara".
Hay una tradición oral acerca de una reunión de la Junta Consultiva de Marina en
1874, donde se declaró que la escuadra peruana podía resistir a la de Chile, sirviendo
este voto para cancelar la compra de los blindados.
Se ha visto ya en el capítulo correspondiente a la política hacendaria de 1872-1876
como se consignó en el Presupuesto de 1874 para la compra de armamento naval, la
partida presupuestal específica suprimida al efectuarse, bajo los efectos de la
tremenda crisis fiscal, la considerable economía que implicó tan grave decisión.
La versión de Prado sobre la culpabilidad de Piérola en este asunto ha sido reiterada
por muchas otras personas, algunas de ellas pertenecientes al oficio de historiador,
como Mariano Felipe paz Soldán. El argumento esgrimido no parece, a pesar de todo,
consistente. En primer lugar, puesto que Piérola tenía su base de operaciones en
Chile, cualquier tentativa subversiva por él emprendida hubiera necesitado emplear
la vía marítima, como lo demostró con la expedición del Talismán, de modo que las
nuevas unidades de la escuadra también habrían sido muy útiles para la defensa del
régimen y del orden público. Por otra parte, Piérola hizo sólo una intentona como
jefe insurrecto: la de 1874 en un barco, el Talismán. En conjunto (como se vio ya
en un capítulo anterior) el catálogo de las subversiones durante esta época ofrece
una lista de conatos larvados y periféricos. No llegó a producirse entre 1872 y
1876 el caso de una costosa guerra civil, como las que
tuvieron que afrontar, por
ejemplo, Echenique en 1854, Castilla en 1856-58 y Pezet en 1865. Y, sobre todo,
embarcado el Perú en la riesgosa política de la alianza secreta, creada la conciencia
acerca del peligro que envolvía el inexorable avance chileno hacia el norte (conciencia
albergada no sólo por algunos hombres públicos en la reserva de sus conciliábulos
sino difundida, como se acaba de ver, por los órganos periodísticos) y producido
el hecho gravísimo de la ruptura del predominio del Perú en la costa del sur del
Pacífico y del ascenso de Chile al rango de primera potencia naval en esta área,
cualquier sacrificio hubiese sido pequeño ante la necesidad de impedir un desastre
en el futuro inmediato o lejano. O, de lo contrario, habría sido preciso abandonar
la alianza con Bolivia, buscar la amistad de Chile, o iniciar la convocatoria de
un Congreso Americano, como La Patria pidió en 1872, tratando de crear audazmente
fórmulas jurídicas, morales o de propaganda frente al peligro de la conflagración.
Nada de ello se hizo. Pero, ¿Puede achacarse a Piérola la culpa del desarme al que
fue ajeno? Cabe enrostrarle, más bien, su responsabilidad por el desasosiego nacional,
por la falta de orden y de estabilidad por la violencia de los odios partidistas
que, de un modo u otro, prepararon, junto con otros factores, la catástrofe. ¿Hubo
como parece necesario repetirlo, falta de fondos por la espantosa crisis fiscal?
Obsérvese que el ahorro de los 4.000.000 en el Presupuesto fue para mitigar la crisis.
¿Hubo una esperanza férvida en que, con el tratado de 1874, habíanse desvanecido
las causales para un conflicto boliviano-chileno por el presente y por el futuro
inmediato? ¿Hubo error técnico acerca del poderío naval del Perú?
¿POR QUÉ SE MANTUVO EL TRATADO DE ALIANZA CON
BOLIVIA?
La supremacía conquistada
por Chile en el mar ese mismo año de 1874 contribuyó a que el Perú procurase evitar
cualquier problema. Por otra parte no suspendió el incompleto tratado de alianza
con Bolivia quizá para evitar la asechanza chileno-boliviana y para no despertar
las viejas aspiraciones de la patria de Santa Cruz por los territorios peruanos
del sur. De otro lado, tampoco ningún estadista peruano albergó la idea de una "guerra preventiva" antes de que se produjera el hecho consumado del predominio marítimo
chileno.
¿HUBO EL OFRECIMIENTO DE LA ESCUADRA PERUANA AL
GOBIERNO ARGENTINO EN 1874? ¿HUBO UNA MISIÓN LAVALLE
A CHILE ESE AÑO?
El diputado por Chota,
Juan Luna en nota del 19 de noviembre de 1874 reiterada el 5 de diciembre del mismo
año, denunció ante el ministro de Relaciones Exteriores la existencia de manejos
secretos del gobierno peruano para ofrecer al de Argentina la escuadra peruana en
el caso de una guerra entre ese país y Chile. Una carta de Santiago publicada en
el diario de Lima La Sociedad el 1º de diciembre de 1874 reveló que Manuel Pardo,
poco después de hacer esta promesa, supo que de Europa llegaba a Chile un vapor
por los emigrados peruanos, con bastimentos de guerra destinados a una expedición
subversiva en el Perú; y, con tal motivo, aprovechó del viaje a Santiago de su pariente
José Antonio de Lavalle para encargarle la misión especial y confidencial de ofrecer
el apoyo peruano a la cancillería de aquella ciudad en el conflicto suscitado con
Inglaterra en tomo a la prisión del capitán del vapor Tacna. Al llegar Lavalle el
25 de octubre de 1874 a Valparaíso (según esta misma información) se encontró con
que ya los emigrados habían viajado al Perú el 11 del mismo mes y con que el diferendo
con la Gran Bretaña había sido zanjado. Las dos actitudes diplomáticas aquí reveladas,
el ofrecimiento a la Argentina y la misión Lavalle serían contradictorias.
El canciller José de la Riva-Agüero Looz Corswarem se dirigió a la Cámara de Diputados
para remitirle, originales, las comunicaciones del representante por Chota, consideradas
como descorteses e indecorosas, y declarar solemnemente ser falsos los hechos que
lo habían alarmado a base de simples y tendenciosos rumores. "Solicita el señor
Luna, decía la nota del ministro, las instrucciones que sobre los puntos relacionados
se hubiesen transmitido a nuestras legaciones en Santiago y Buenos Aires, así como
las comunicaciones cambiadas en esta capital con el plenipotenciario de la República
Argentina, las instrucciones dadas al señor Lavalle y los acuerdos de los últimos
meses relativos a los mismos asuntos. No es cierta la misión oficial ni confidencial
del señor Lavalle; ni existen las instrucciones que se mencionan; ni han tenido
lugar los acuerdos que, con fines muy conocidos por la Cámara, y para el país, supuso
el diputado por Chota".
En una carta particular, Riva-Agüero afirmó que el Perú ofreció a Chile sólo su
apoyo moral en la cuestión del vapor Tacna.
Luna dirigió un tercer oficio al ministro y le enrostró lo que él llamaba "cobardía"
al haber dado cuenta a la Cámara de sus comunicaciones anteriores. La Cámara pasó a una comisión especial los documentos de este representante. Dicha comisión propuso
en su dictamen la siguiente conclusión: "La Cámara de Diputados desaprueba los procedimientos
del diputado por la provincia de Chota D. Juan Luna en el incidente a que ha dado
lugar su nota de 19 de noviembre y la publicación de ella por la, prensa y dispone
se devuelva al señor ministro de Relaciones Exteriores el oficio del mismo diputado
fecha... del presente mes, por los términos impropios e inconvenientes con que se
ha redactado". No creyó suficiente la Cámara de Diputados el acto antedicho; y,
sin tomar en cuenta ese dictamen, nombró otra comisión que se ocupara de la misma
materia. Esta nueva comisión propuso una declaración en el sentido de que Luna había
hecho mal uso de su derecho de pedir datos y documentos a las oficinas del Estado;
y agregó que ese material, cuando versaba sobre las relaciones exteriores deholal
país, no podía ser solicitado sino con conocimiento de la Cámara y por conducto
de su secretaría y terminando con una declaración en el sentido de que era indigno
de figurar entre las piezas de su archivo el último oficio del referido diputado,
por lo cual ordenaba su devolución.
La Cámara aprobó un dictamen menos drástico, lo cual dio lugar a la renuncia de
Riva-Agüero, pues él consideró que, en adelante, los ministros no iban a estar seguros
de que se les guardarían los respetos y consideraciones debidos a los miembros integrantes
de los poderes del Estado. Esta renuncia no fue aceptada (30 de diciembre. de 1874).
EL PERÚ EN 1875 Y EN 1878 EVITA LA ALIANZA CON
ARGENTINA.
El desmentido de Riva-Agüero en 1874 resulta ratificado por el hecho de que en agosto,
setiembre y octubre de 1875, al complicarse las relaciones entre Argentina y Chile,
el Perú se apresuró a tomar una política dilatoria y hasta inhibitoria para la firma
del tratado de alianza con aquella República con el fin de conservar su libertad
de acción. La existencia de los blindados chilenos explica acaso la diferencia entre
esta actitud y otras anteriores.
Con fecha 14 de agosto de 1875 el canciller Aníbal Víctor de la Torre se dirigió
al ministro peruano en Buenos Aires Manuel Irigoyen para comunicarle que el Perú
ofrecía sus buenos oficios con el fin de evitar un posible rompimiento entre Argentina
y Chile. El temor de envolver al Perú en una guerra argentino-chilena hizo desaprovechar
entonces la oportunidad propicia para la celebración definitiva de la alianza tripartita.
"En esta forma terminó el año de 1875 (ha escrito Pedro Irigoyen en su magnífico
estudio sobre la historia de la adhesión argentina al tratado de 1873): "Quedándonos
atados a lo que ofrecía peligro permanente y progresivo después de rehuir por temores
pasajeros lo que hubiese sido nuestra defensa y lo que desde un principio se concibió
era lo único que podía reemplazar la supremacía marítima que acabábamos de perder.
Continuamos asociados a la debilidad por un exagerado escrúpulo de confraternidad
con Bolivia al propio tiempo que desahuciábamos el apoyo argentino, siempre poderosa
garantía de equilibrio".
Si el canciller José, de la Riva-Agüero, y Looz Corswarem representó la política
de buscar el eje Lima-La Paz-Buenos Aires, su sucesor Aníbal Víctor de la Torre
señaló una orientación de apaciguamiento y de conservación del statu-quo diplomático
en el área meridional de América del Sur. En 1878 el representante peruano en Buenos
Aires, que era el mismo Aníbal Víctor de la Torre, en obedecimiento a instrucciones
del canciller Rospigliosi, continuador de la política iniciada por aquél en el Ministerio
de Relaciones Exteriores, se negó a entregar los elementos navales pedidos por el
gobierno argentino y colaboró en la búsqueda de una solución pacífica del conflicto
que ese país tenía con Chile.
EL TRATADO DE AMISTAD, COMERCIO Y NAVEGACIÓN CON
CHILE.
Los ministros José Antonio García y García y Joaquín Godoy suscribieron
el 22 de diciembre de 1876 un tratado de amistad, comercio y navegación entre el
Perú y Chile. Este pacto estableció la igualdad de derechos mercantiles para los
ciudadanos y empresas de ambos países, la validez de títulos profesionales, así
como franquicias para buques y productos de importación y exportación y de tránsito
y otras facilidades. Un artículo especial expresó que, si surgían desgraciadas inferencias
entre las dos partes contratantes susceptibles de ocasionar una interrupción en
sus relaciones de amistad esos desacuerdos debían ser entregados al arbitraje de
una tercera potencia. Al mismo tiempo, señaló una serie de reglas para disminuir
los males de la guerra si ella llegaba a estallar y dio otras normas para .el caso
de conflictos de uno de los Estados signatarios con un tercero.
El Congreso peruano aprobó este tratado el 3 de febrero de 1877; pero no llegó él
a ser canjeado. Quizás por esta razón o por olvido, no apareció mencionado, siquiera
por razones morales, durante las negociaciones entabladas entre el Perú y Chile
a comienzos de 1879. Es lamentable que la diplomacia peruana no hubiese procurado
crear, desde 1873, un andamiaje jurídico para preservar la paz con Chile, ahondando
y perfeccionando oportunamente el esbozo de instrumento que pretendió erigir en
diciembre de 1876.
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