IV. EL IMPUESTO DE LOS DIEZ CENTAVOS. El 4 de mayo de 1876 surgió en Bolivia el pronunciamiento militar del general Hilarión Daza. Denunciaron a poco los chilenos vejaciones y abusos por parte de las autoridades bolivianas del litoral. El gobierno boliviano creó un impuesto adicional sobre el salitre bajo el nombre de contribución municipal. Con fecha 14 de febrero de 1878, la Asamblea Nacional boliviana aprobó una ley que ratificaba la transacción concluida por el poder Ejecutivo el 27 de noviembre de 1873, con el apoderado de la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, a condición de hacer efectivo como mínimum un impuesto de diez centavos por quintal de salitre exportado. El Poder Ejecutivo sancionó esta ley nueve días más tarde. La Compañía de Salitres acudió ante el gobierno de Chile, algunos de cuyos personajes eran miembros o accionistas de ella. EL CONFLICTO BOLIVIANO-CHILENO. Ante la reclamación del representante de Chile basada en que la transacción de 1873 y el tratado de 1874 eran claramente violados por la nueva ley, fue suspendida la ejecución de ella. En una nota fechada el 2 de julio el ministro chileno Pedro N. Videla afirmó: "La Compañía Anónima de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta con los ingentes capitales invertidos en la industria de explotación y elaboración de salitres los que suben de cuatro millones de pesos fuertes, da vida y trabajo a las poblaciones de Antofagasta y Salinas; y si por una medida inconsulta se atacan sus derechos y propiedad, podría ella verse obligada a suspender o levantar parcialmente sus trabajos dejando millares de pobladores y operarios en la ociosidad y entonces sería de temer la sublevación que ni el gobierno de Chile ni el de Bolivia podrían mirar con indiferencia". Según esta comunicación, Chile parecía en esos momentos inclinado a valerse de sus connacionales radicados en el litoral boliviano para provocar una sublevación que no era difícil. Sin embargo, la nota del ministro de Relaciones Exteriores chileno Alejandro Fierro el 8 de noviembre de 1878 a Videla implicó una amenaza más concreta, cuando le ordenó que hiciera saber a la cancillería de La Paz "que la negativa del gobierno de Bolivia a una exigencia tan justa como demostrada, colocaría al mío en el caso de declarar nulo el tratado de límites y las consecuencias de esta declaración dolorosa pero absolutamente justificada y necesaria serían de la exclusiva responsabilidad de la parte que hubiera dejado de dar cumplimiento a lo pactado". El ministro boliviano Martín Lanza contestó sólo el 13 de diciembre de 1878 y acompañó el informe del Ministerio de Hacienda que era un alegato sobre la legalidad del impuesto. El 18 del mismo mes anunció que ponía en vigencia la ley mediante la orden expedida al prefecto del departamento de Cobija para que la cumpliera con el fin de "no defraudar los recursos fiscales que se hacían más necesarios por el desequilibrio de la hacienda pública causada por la quiebra en la contribución indigenal, en los diezmos y otros ramos". La compañía chilena de Antofagasta debía pagar 80.000 pesos por los derechos correspondientes al período trascurrido desde el 14 de febrero de 1878, fecha de la ley de la Asamblea Nacional mencionada antes. LA OPINIÓN DE JUAN FRANCISCO VERGARA SOBRE LA NECESIDAD DE LA GUERRA PARA CHILE, CON EL FIN DE EVITAR LA LUCHA SOCIAL INTERNA. La reciente publicación de las memorias de José Francisco Vergara en Chile (Edición de Fernando Ruiz Trujillo, Santiago, Editorial Andrés Bello 1979) ofreció el interés que inevitablemente tiene el relato de un importantísimo testigo y actor en la contienda de 1879-1883. Pero, además, ofrece un curioso testimonio sobre ideas y creencias que en algo pudieron influir para desencadenarla. Después de narrar que la situación económica de su país le impidió hacer un viaje a Europa cuenta: "Recibí comunicaciones de La Paz que revelaron los primeros síntomas de la guerra. Estas noticias en vez de alarmarme me llenaron de esperanzas porque estaba bajo el peso de la convicción de que nos acercábamos a una lucha social. La penuria y el malestar eran tan grandes en Chile que se necesitaban la más pequeña cosa para que estallara un verdadero conflicto entre los que morían de necesidad y los que todavía tenían algo. En estas circunstancias una guerra internacional con Bolivia y el Perú, que tendría forzosamente que tomar parte eran una salvación y como tal la tomé yo. Apenas se acentuaron estos síntomas, principié una porfiada y fervorosa propaganda bélica... (pág. 25). Esta actitud de un hombre que llegó a ser secretario del general en jefe del ejército, consejero del Ministro de Guerra en campaña y Ministro de Guerra debe suscitar hondas reflexiones. LORENZO CLARO. Según diversos testimonios bolivianos fue el banquero chileno Lorenzo Claro quien sugirió al Presidente de Bolivia la idea de rescindir el contrato con la compañía de Antofagasta y de reivindicar las salitreras. Esa fue la opinión del general Otón Jofré, ministro de guerra de Daza. Lorenzo Claro había sostenido que aquél era el medio más expedito para cortar las complicaciones suscitadas por el contrato entonces vigente y para buscar arreglos en la explotación del salitre. Según Jofré, Claro era agente reservado del gobierno chileno. Cuenta René Moreno que lo mismo creyó Daza después de haber imaginado que aquel señor operaba con autorización oficial de su país con la finalidad de ir luego a unas nuevas proposiciones de convenio. En cambio, se produjo el ultimátum chileno acompañado por el retiro del ministro Videla. Claro fugó. No fue al único chileno que rondó y tentó a Daza: Hubo varios otros, antes de, empezar la guerra y ya iniciada ella, incluyendo a don Justiniano Sotomayor, hermanos de altos personajes (Cartas del 8 y el 11 de abril de 1879 en Santa María 1929). LA POLÍTICA BOLIVIANA ANTE CHILE A FINES DE 1878 Y COMIENZOS DE 1879. El ministro de Daza; Serapio Reyes Ortiz manifestó en el proceso seguido a este Presidente que el consejo de gabinete estaba dividido por dos opiniones: la primera, por él patrocinada, pretendía dividir la cuestión en dos fases, administrativa y diplomática, dando la primacía a esta última con cargo de resolverla por medio del artículo del protocolo firmado por Mariano Baptista y Carlos Walker Martínez el 21 de julio de 1875 cuyo texto decía: "Todas las cuestiones a que diere lugar la inteligencia y ejecución del tratado de 6 de agosto de 1874, deberían someterse al arbitraje". La segunda opinión, patrocinada por la mayoría de los ministros y especialmente por Eulogio Doria Medina quería involucrar ambos aspectos del problema, y resolverlo por la vía administrativa. Otro ministro, Julio Méndez, expresó en el mismo proceso que, ante sus incitaciones para que se conjurase el peligro de una guerra en consejo de gabinete, Daza le manifestó: "Señor Méndez, mis ministros han llevado esta cuestión con Chile conforme a mi beneplácito; usted no conoce los antecedentes y se angustia en vano; tenemos un tratado de alianza secreto con el Perú; léalo y tranquilícese". Cuando Méndez se dirigió al secretario de la legación peruana, Blanco Ascuona, éste concluyó con la frase que recuerda a Poncio Pilatos: "Entonces se cartearán los dos Presidentes". LA RUPTURA ENTRE CHILE Y BOLIVIA. El 20 de enero de 1879 el ministro chileno propuso continuar la discusión interrumpida y acudir al arbitraje en el caso de no ser posible un avenimiento directo a condición de suspender la ejecución de la ley y reponer las cosas al estado en que se encontraban antes del decreto de 18 de diciembre, rogando se le comunicara la resolución antes del 23 del mismo enero. El 1º de febrero expidió Daza un decreto por el cual, en vista de que la compañía de salitre no aceptaba la transacción celebrada en noviembre de 1873, la dejaba sin efecto y reivindicaba las salitreras trabajadas por esa empresa. También decretó que el 14 de febrero tendría lugar la venta pública de las propiedades y del material perteneciente a ella. El 6 de febrero la cancillería de La Paz contestó lacónicamente la nota chilena del 20 de enero acompañando el decreto antedicho y asegurando "que en caso de suscitarse un nuevo incidente, el gobierno de Bolivia está dispuesto a acogerse al recurso arbitral pactado". El 8 de febrero el ministro de Chile formuló un ultimátum donde pidió que dentro de cuarentiocho horas se le comunicara si se aceptaba el arbitraje previa reposición al statu quo anterior al decreto de 18 de diciembre" y como no se le contestara en el término ,señalado, presentó su carta de retiro solicitando pasaportes. (12 de febrero). LA DÉBIL GESTIÓN DE LA LEGACIÓN PERUANA EN LA PAZ ANTE EL CONFLICTO BOLIVIANO-CHILENO. El ministro peruano en La Paz José Luis Quiñones llegó a esa ciudad cuando ya había surgido el conflicto boliviano-chileno. Es decir la legación peruana no había estado provista oportunamente. Recibió instrucciones que le ordenaban interponer la mediación; pero demoró en cumplirlas para gestionar que Bolivia las solicitara primero o, en todo caso; tener la certeza de su aceptación, pues no quería exponerse a un rechazo desdoroso (Nota de 6 de febrero de 1879). El 4 de ese mes el ministro de Relaciones Exteriores Martín Lanza le invitó a una Conferencia y "con el tratado secreto en mano" dio lectura al decreto que rescindía el contrato con la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta. "En seguida me interpeló si tenía instrucciones para acordar lo necesario al cumplimiento del tratado aludido", según refirió Quiñones a su cancillería en nota del 5 de febrero. El tratado secreto no figuraba en el archivo de la Legación peruana en La Paz cuyo desorden era grande y algunos empleados creían por ello que no existía (Nota de Quiñones el 12 de febrero). A Quiñones no se le había dicho nada acerca de dicho pacto. El canciller Martín Lanza, sin acuerdo y contra la opinión de sus colegas y de Daza, se manifestó luego ante el ministro chileno propicio al arbitraje; y hubo de renunciar (6 de febrero). Quiñones, ante la rapidez con que se iban sucediendo los acontecimientos, prescindió de sus maniobras dilatorias, se presentó ante el nuevo ministro encargado del despacho de Relaciones Exteriores Eulogio Doria Medina el 13 de febrero, y planteo la mediación; Daría Medina supuso que su gobierno contestaría después de que llegara el correo del exterior por la vía de Tacna. El ministro chileno Pedro N. Videla aceptó la actitud de Quiñones y le pidió que la mediación tuviese resultado inmediato, como que al día siguiente solicitó sus pasaportes. A Quiñones pareció sumarse, por un momento, el ministro brasilero Leonel de Alencar; pero luego se inhibió "en vista de las dilaciones con que correspondía el gobierno boliviano" según manifestó Quiñones a su cancillería el 22 de febrero y tomando en cuenta, asimismo, el hecho consumado de la remisión de los pasaportes al ministro chileno seguida por el retiro de éste. Quiñones, creyó ya encontrar en esos momentos una buena disposición de Daría Medina para su gestión, y se dirigió donde Videla a rogarle que demorase su viaje y acudiera a una conferencia, a lo que Videla se negó insistiendo en que las tentativas pacifistas se hicieran ante los dos ministros de Relaciones Exteriores. Ya Antofagasta había sido tomada por las fuerzas chilenas y Videla no lo podía ignorar (Nota de Quiñones del 22 de febrero). Quiñones se había formado, desde antes de que resultaran fallidos sus esfuerzos, un claro concepto acerca de la firme voluntad de pugna que en esos momentos movía tanto a los dirigentes de Bolivia como a los de Chile. "Por varios miembros del gobierno (escribió a su cancillería en el oficio de 15 de febrero) y en especial por el Excmo. Señor Daría Medina sé que S. E. el señor general Daza y su gabinete están resueltos a no cejar un punto en el giro que le han dado a la cuestión, aun cuando el gobierno de Chile ocupe por la fuerza todo el litoral de esta República; porque quieren aprovechar de que Chile haya declarado rotos los tratados y las cosas en el estado que tenían antes de 1866, para procurarse, por las vías diplomáticas o por la fuerza, un tratado que consulte la soberanía y los derechos de Bolivia en el litoral, soberanía y derechos que son un sarcasmo según los tratados del 66 y 74; contando para esto con la justicia de su causa y con la lealtad del gobierno del Perú en el cumplimiento del pacto secreto de alianza de 6 de febrero de 1873". Así, tan fríamente, Quiñones preveía que el Perú iba a verse envuelto en la guerra. "De parte del gobierno de Chile (agregaba) también se puede asegurar que hay la resolución de llevar las cosas al último extremo, porque habiéndose puesto en contacto con el honorable señor Leonel de Alencar, ministro de Brasil, con motivo de ponemos de acuerdo para interponer la mediación separada o conjunta, en nombre de nuestros respectivos gobiernos, he podido saber por éste, cuyas relaciones son íntimas con el honorable señor Videla, que la legación de Chile procede atenuando en lo posible las instrucciones enérgicas y terminantes de su gobierno para conducir la cuestión hacia un rompimiento...". En medio de todos estos graves hechos y de los agoreros anuncios que ellos traían consigo, surgía, además, un fantasma igualmente temible. "El cónsul de Chile en esta ciudad, don Alcides Granier, de nacionalidad boliviana (informaba Quiñones a su gobierno) dijo ayer en la noche al señor ministro de Justicia don Julio Méndez, que los intereses y las conveniencias de Bolivia estaban porque se uniese con Chile para apoderarse de la escuadra del Perú y tomar Arica, aun cuando Chile se adueñara del litoral de esta República". LA VERSIÓN DEL MINISTRO BOLIVIANO JULIO MÉNDEZ SOBRE LA ACTITUD DE LA LEGACIÓN PERUANA EN LA PAZ. En la obra dedicada a publicar el proceso político contra el ex Presidente boliviano Daza, hállanse las siguientes declaraciones de Julio Méndez, Ministro de Daza, sobre lo que le expresó el ministro peruano Quiñones cuando fue presentado al gobierno de Bolivia el ultimátum chileno: "Que él (el ministro peruano) era de la misma opinión de que la guerra no era inminente y que había todavía medios diplomáticos para conjugarla" (Aquí Quiñones aparece en contradicción con los informes que remitía a Lima). "Concluyó asegurándome que, cualesquiera que fueren las obligaciones del Perú para con Bolivia, al presente no podía contarse con ninguna participación del Perú en una guerra boliviano-chilena; pues más bien tenía instrucciones de Lima para mediar y evitar todo conflicto enojoso entre Bolivia y Chile". La misma declaración hizo Quiñones al ministro chileno Videla (oficio de éste, 14 de febrero). LA OCUPACIÓN DE ANTOFAGASTA. El 14 de febrero de 1879 un cuerpo de ejército chileno desembarcó en Antofagasta declarando que reivindicaba el territorio al sur del grado 23. El 12 habían partido del puerto de Caldera dos navíos de guerra al mando del coronel Emilio Sotomayor: la cancillería de Santiago se negó a posponer su decisión a pesar del ofrecimiento de buenos oficios del Perú por medio del agente en Santiago Pedro Paz Soldán. El desembarco se efectuó sin resistencia, con manifestaciones de entusiasmo. La bandera chilena flameó en todos los edificios del puerto. Los cuarenta soldados bolivianos de la guarnición fueron encerrados en un cuartel para librados de las violencias del populacho (Nota de Lavalle, 26 de febrero). Chile había contestado con un audaz acto de conquista a las arbitrariedades cometidas por el gobierno de Daza contra los intereses y los ciudadanos de ese país.  EL PLEITO DE LOS DIEZ CENTAVOS A LA LUZ DE LOS DOCUMENTOS DE LA COMPAÑIA DE SALITRES Y DE LA CASA GIBBS  El profesor de la Universidad de Barbados John Mayo ha publicado en la revista Historia, del Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile (No 14, 1979) un estudio sobre el litigio entre el gobierno de Bolivia y la Compañía de Salitres de Antofagasta utilizando, principalmente documentos de dicha Compañía y de la Casa Gibbs. Esta empresa contaba con dos ramales: William Gibbs en Valparaíso entre cuyos socios estaban James Hayre, Thomas Comber y Brice Miller; y Antony Gibbs & Sons en Londres. Mayo empieza por decir que, cuando el gobierno chileno se apoderó del litoral boliviano en defensa de una compañía que tenía aquella nacionalidad, adoptó un pretexto similar al de otros países cuyos enclaves comerciales encabezaban la expansión europea en África y en el Pacífico. Al respecto, enumera lo ocurrido en África del Este en 1875 - 1895, con la casa Mackinnon: el caso de Sir George Goldie y la Niger Company: y el proceso de los consorcios alemanes en las islas del Pacífico Occidental entre 1857 y 1914. George Hicks, el gerente de la Compañía de Salitres, aparece en el estudio de Mayo como un hombre intemperante. Con una exagerada sensibilidad para defender los intereses o los derechos de su empresa, tuvo rozamientos con la Municipalidad, con el prefecto de Antofagasta y con el gobierno y el Congreso bolivianos. Hasta se negó a pagar un impuesto sobre el alumbrado de gas y tomó parte activa en las decisiones locales de fines de 1878 para asumir el control del gobierno provincial (Hicks a Miller, 30 de noviembre de 1878). Ni con el ministro chileno en La Paz Videla estuvo contento y lo acusó de estar enamorado de una dama boliviana y de no querer perder su plaza (Hicks a Hayre, 9 de febrero de 1879). Apenas surgió el litigio sobre el impuesto de los diez centavos escribió a Evaristo Soublette su corresponsal en Valparaíso: "Es de esperar que Chile utilice esta oportunidad para liberar la costa del Pacífico de esta gavilla de bolivianos" (23 de julio de 1878). Con el mismo Soublette ponderó las ventajas de una guerra; porque con el apoyo de Chile a la Compañía, "sería fácil obligar a los bolivianos a respetarla" (10 de diciembre de 1878). A Hayre, funcionario de la Casa Gibbs le expresó análogas ideas (11 de diciembre de 1878). La Casa Gibbs Co. de Valparaíso informó a A. Gibbs & Sons de Londres con fecha 2 de noviembre de 1878: "El señor Hicks parece haber actuado en forma bien desatinada en una disputa con la Municipalidad". Otra nota al mismo destinatario insistió en que el comportamiento de Hicks pecaba de imprudente (Ms. 11470/12.2 de noviembre de 1878). La casa de Londres llegó a estar dispuesta, por un momento, a considerar un arreglo con Bolivia pensando que era razonable contribuir al pago del gas por el alumbrado aunque opinó que el impuesto sobre el salitre debía ser resistido enérgicamente. El gobierno de Chile (expresó ella) debía defender la inmunidad de la compañía frente a dicho gravamen (A. Gibbs & Sons a W. Gibbs & Co., 30 de diciembre de 1878). Hubo un instante en que William Gibbs & Co. temió a algunas personas muy influyentes de Santiago entre ellas a Melchor Concha y Toro, Presidente de la Cámara de Diputados, pues ellos querían convencer al gobierno para que se abstuviera de apoyar a dicha empresa en forma enérgica. Entonces decidieron: "gastar cierto dinero en contratar escritores en algunos periódicos para publicar artículos de carácter patriótico, es decir nuestro punto de vista en la cuestión... así es que podemos esperar la aparición inmediata de una serie de artículos en un diario de Santiago, seguramente El Ferrocarril y de un diario de Valparaíso, probablemente La Patria (Cartas del 30 de noviembre de 1878 y del 14 de enero de 1879). Al reproducir esta información, el profesor Mayo calla el dato de que había, además, un diario íntimamente ligado a la compañía salitrera: El Mercurio cuyo propietario Agustín Edwards formaba parte de ella. Cuando la marina y el ejército chileno ocuparon Antofagasta, el júbilo de Hicks fue delirante. "La venganza de Dios ha caído sobre esos canallas" (los bolivianos) escribió entonces (Hicks a Read, 16 de febrero de 1879). Gustoso firmó dos declaraciones dando la bienvenida a las tropas de ocupación: una del "pueblo" de Antofagasta y la otra de la "Colonia Extranjera". Allí se dijo que los miembros de ella, en nombre de sus personas, bienes e industrias, podían felicitarse y felicitar al gobierno de Chile, sin romper la debida neutralidad (Archivo Nacional de Chile, Ministerio de Hacienda. Vol. 871). En resumen, según lo expuesto por el profesor Mayo, la decisión de Hicks a favor de la toma de Antofagasta por los chilenos fue absoluta, por lo menos desde julio de 1878. Mucho más prudente aparece la actitud de la Casa Gibbs; crítica ante Hicks pero sin intentar removerlo: dispuesta a transar en cosas menores; y decidida a evitar el impuesto inclusive subvencionando una campaña patriótica en los diarios de Valparaíso y Santiago. Hubo ciertas dilaciones en la actitud chilena cuando se agravó el conflicto. Sin embargo, el representante de W. Gibbs & Co. en el directorio de la Compañía Salitrera pensó entonces que estaba siendo utilizada ésta "como víctima a ser sacrificada dentro de la finalidad de que el gobierno de Chile disponga de argumentos de primerísimo orden con los cuales basar su acción de apoderarse por la fuerza del territorio en disputa" (W. Gibas & Co. de 1879). El profesor Mayo cuida mucho en insistir en que los directores de la Compañía habían confiado sólo en el cumplimiento del tratado boliviano-chileno y en la liberación de gravámenes fiscales que facilitaba su competencia con el salitre peruano. Agrega que dicha empresa salió, de hecho, perdiendo con la ocupación chilena, pues con ella vino un impuesto más elevado que el que proponían los bolivianos. Sus intereses, agrega sin pruebas, eran opuestos a todo cambio en la situación de Tarapacá. El profesor Mayo ve el árbol de la Compañía de Salitres de Antofagasta; pero no ve el bosque de la penetración del capital británico en toda la riquísima industria salitrera, instrumento relacionada con la victoria de Chile en la guerra de 1879-83. ¿QUÉ PRETENDÍA HACER DAZA CON EL SALITRE BOLIVIANO? ¿POR QUÉ ACTUÓ, CÓMO ACTUÓ?. Escritores chilenos afirman que Daza, movido secretamente por el Perú, quería entregar, de un modo u otro, el salitre de Antofagasta y el de todo su litoral, a este país. Es decir, que pugnaba por hacer ingresar a Bolivia a la condición de Estado satélite. Uno de los más tenaces sostenedores de esta idea fue el ministro chileno Joaquín Godoy en insistentes telegramas y oficios, sobre todo, cuando perdió la calma ante la eventualidad de que tuviera éxito la misión de paz de José Antonio de Lavalle en Santiago. En una conversación entre el Ministro boliviano Lanza y el Ministro peruano Quiñones, que éste transmitió a su gobierno y que el historiador Gonzalo Bulnes reproduce como una evidencia sobre la hipócrita política del gobierno de Lima, el diplomático se expresó así: "Me dijo (Lanza) que el deseo del gobierno boliviano era preferir en la explotación de sus salitreras del litoral a su hermana y aliada la República del Perú con el objeto de evitarle la competencia en la explotación de la que tiene". Adviértase que no es Quiñones quien propone. El se limita a oír y a informar, acerca de una vaga promesa, que no se concreta ni en un acuerdo preliminar. La prueba acerca de la verdad de esta tentación, que no estuvo, repetimos, acompañada por un acuerdo específico o por un esquema de acuerdo, no ha sido exhibida por Bulnes. Lo que hubo, sí, fue una intensa presión boliviana para que el Perú se decidiera a nada más y nada menos que a declarar el "casus foederis" previsto por el tratado secreto de alianza defensiva firmado en 1873. Lo afirmado por Godoy y por Bulnes, o sea la entrega del salitre de Antofagasta al Perú intentada por Daza, no aparece en los documentos oficiales bolivianos. El manifiesto de éste, fechado en La Paz el 26 de febrero de 1879 (escrito, según algunos, por Julio Méndez) invoca primeramente el equilibrio internacional de América representado por el principio constitucional de su derecho de gentes recíproco: el "uti possidetis" de 1810. Hay aquí, también una protesta altiva contra las concesiones territoriales de Melgarejo, al otorgar a Chile en 1866 tres grados geográficos con pleno dominio y dejando uno sólo en media soberanía. Hay, asimismo, una enérgica condena ante la guerra de conquista que, por primera vez, aparece entre los pueblos hispanoamericanos. Hay, además, diversas acusaciones a Chile por anteriores actos de subversión contra el derecho internacional. "Chile vale lo que Bolivia le ha dado", afirma enfáticamente. "Antes no fue más que país de cereales, y lo que allí llaman hoy capitales e industria chilenos no son más que riquezas explotadas a Bolivia ingrata y pérfidamente. Váis a combatir contra las ventajas creadas por vuestros propios favores". En otras palabras, Daza quiere hacer valer aquí el "uti possidetis", el derecho internacional americano y el repudio a la penetración chilena que había generado un inmenso enriquecimiento ilícito. Mejor dicho, propugna la "bolivarización" del litoral y no su peruanización. Es sumamente probable y casi seguro que la estatización de las salitreras peruanas de Tarapacá por Manuel Pardo hubiese influido sobre él. El programa de política internacional que adoptó Daza o le hicieron adoptar, no carecía de lógica aunque era muy temerario. Su verdadero objetivo no era, insistimos, la entrega sumisa o claudicante de las salitreras al Perú. Era la creación de un régimen totalmente nuevo en la explotación de las salitreras del litoral boliviano, superando los errores y los entreguismos de los gobiernos altiplánicos de 1866 y 1874. No se ha intentado un estudio sobre los móviles que impulsaron a Daza a desafiar imprudentemente a Chile. Sus actitudes han sido pintadas como si un toro enceguecido hubiese entrado de pronto en un salón para romper el mobiliario diplomático con que Chile decoraba su dominio sobre el salitre boliviano. Uno de estos factores se relacionó, sin duda, con la crisis coyuntural de aquellos años. Dicha crisis repercutió duramente en Bolivia. Con un presupuesto de egresos de 2.743.040 pesos, el cálculo máximo de las entradas fiscales apenas alcanzaba a 1.870.386 pesos, así que el déficit ascendía a 872.657 pesos. El último ministro de Hacienda de Daza, Eulogio Doria Medina, declaró más tarde, en polémica con su ex colega Julio Méndez, que el día en que llegó la noticia del desembarco de los chilenos en Antofagasta, no existía en las arcas nacionales sino la suma de veinte mil pesos en "cuentas por cobrar". La contribución indígena así como el derecho o estanco de la coca habían sido recaudados con anticipación. Estaba presupuestado el primero de dichos impuestos, para el año de 1879, en 693.373 pesos; pero según el Ministro de Hacienda, los anticipos ya hechos la reducían frente a la situación creada por el conflicto con Chile a menos de la mitad de aquella suma. Además, el tesoro había perdido, de hecho, la ayuda económica que correspondía a los 5.041 indígenas bolivianos del litoral ocupado por el enemigo. En cuanto a la alcabala de la coca que había sido rematada en 1878 en 212.100 pesos, pagaderos por mensualidades, estaban recogidas y anticipadas diez de éstas, de suerte que venían a quedar disponibles tan sólo dos. Análoga situación afligía al derecho sobre pastas metálicas rematado por agiotistas implacables en 206.000 pesos; y estos señores habían firmado letras que sólo podían hacerse efectivas después del mes de junio, a menos de onerosísimos descuentos, según era costumbre. El año de 1878 fue singularmente duro en la República del altiplano. Hubo escasez de lluvias, merma en las cosechas y, al mismo tiempo agio de los ricos. Cochabamba es una ciudad bien conocida por su región feraz y bien cultivada. Y, sin embargo, en un periódico tan respetable como El Heraldo de dicho lugar apareció en enero de 1879 esta información: "Cochabamba, el granero de la República, la comarca productora por excelencia, hoy ve morir a un crecido número de sus hijos bajo el fantasma abrumador del hambre. Imposible parece esto y, sin embargo, es la más triste de las verdades. El señor Mercado, del Hospital de San Juan de Dios, nos ha suministrado los datos que publicamos a continuación y de cuya exactitud no hay cómo dudar. Del 1º al 20 de enero han sido recogidos en las calles y conducidos al hospital 81 cadáveres a causa del hambre. Del 1º al 20 del mismo mes, han muerto en el hospital de miseria y hambre 125 personas, total en 20 días 206 víctimas de la penuria; es decir, diez por día. En Tarata sucumben diariamente ocho o diez; en Pumata a lo menos otro tanto; en Arani y Clizano deja de haber bastantes víctimas y hasta en Totora la mortandad por causa de la misma es espantosa". Otras informaciones de la época se refieren a una análoga situación desesperada en Potosí, Sucre y algunos lugares más. Políticamente, el régimen de Daza estaba muy lejos de gozar de solidez. Conspiraban contra él desde Puno Casimiro Corral y en Bolivia otros personajes. Casi simultáneamente con la ocupación de Antofagasta por los chilenos, fueron descubiertos en La Paz, los manejos subversivos de don Belisario Salinas y del Coronel Federico La Fave. Además de las perentorias urgencias económicas y de los temores basados en la política interna, actuaron sobre Daza, evidentemente otras consideraciones. Hombre rudo, sin duda no tuvo agudeza para valorizar la complejidad del problema del litoral. A esta zona de Bolivia, un área tan rica pero totalmente alejada de los lugares desde donde se manejaba el país, había llegado en una visita muy rápida en febrero de 1875 para debelar un conato subversivo sin examinar su realidad y sus necesidades para regresar en seguida por la vía de Tacna. Seguramente hasta Daza llegó una información directa acerca de la situación de prepotencia chilena en Antofagasta. Ella debió de venir de su Ministro de Guerra, General Jofré que había sido, poco antes, prefecto en aquella zona. Tenía que ser irritante para muchos bolivianos ver cómo los extranjeros se enriquecían con el nitrato y otros negocios en el litoral mientras Bolivia nada obtenía. La Compañía era muy rica en una región que desde cualquier punto de vista, era muy pobre y en un país en total falencia. Hasta se negó ella a pagar un impuesto local sobre el alumbrado público y a variar la ruta de su ferrocarril porque este cambio podía reducir sus ganancias en la pulpería que era la abastecedora de sus empleados y obreros. La Compañía tenía un arma con la que se defendía: el tratado boliviano-chileno que le otorgaba amplísimos derechos. Los asuntos de ella estaban íntimamente mezclados con el problema limítrofe entre Chile y Bolivia. O esta República aceptaba el estado en que se encontraban las cosas; o intentaba cambios en ellos, exponiéndose entonces a un conflicto de vastas consecuencias. Al exceso de significación otorgada al diferendo chileno-argentino, se unió en Daza, a una desmesurada idea acerca del poder naval, militar y económico del Perú, prejuicio que estuvo acompañado por la certeza absoluta de contar con el apoyo total de esta República prisionera del tratado de alianza suscrito en 1873. Su exagerada confianza en el aliado sólo se resquebrajó cuando llegó con sus tropas cansadas a Tacna en abril de 1879. Aunque denunció altivamente a quienes llegaron hasta él para convertirlo en aliado de Chile, dejó abiertas estas conversaciones que deberán proseguirse con cartas a Eustaquio Sierra, según ha revelado el historiador chileno Ignacio. Si las hazañas del Huáscar revivieron en algo su optimismo el combate de Angamos llevó su desilusión al máximo. LO QUE PRADO CREYÓ ACERCA DEL CONFLICTO BOLIVIANO-CHILENO. El ministro chileno en Lima Joaquín Godoy dio cuenta a su gobierno en la nota de 29 de enero de 1879, de una entrevista que tuvo con el Presidente Prado para hablar sobre el conflicto con Bolivia e insistir en el punto de vista de su gobierno, favorable al arbitraje en la expresa inteligencia de que impartieran inmediatamente las órdenes necesarias para suspender la ejecución de la ley de 14 de febrero de 1878. "En vista de esto (expresó Godoy) no pudo menos el señor general Prado de expresarme con mucho calor y énfasis la complacencia que le causaba esta nueva demostración, de que nada que no fuera equitativo y plenamente justificado entraba en el ánimo de nuestro gobierno". Ahora no tengo, me dijo, la menor duda de que pronto se habrá llegado al término satisfactorio de la dificultad, entregándola al fallo arbitral, pues no pienso que el gobierno de Bolivia entorpezca este procedimiento insistiendo en la aplicación de la ley que ha motivado el conflicto". Prado, con ello, hizo, sin saberlo, una censura a las decisiones que adoptó la cancillería de La Paz. "Discurriendo en seguida en tono confidencial (prosigue la nota de Godoy) sobre el fondo de la cuestión, me dijo el señor general Prado que él era de opinión que, juzgado el caso con sujeción estricta a lo pactado, carecería el gobierno de Bolivia de la facultad que ha pretendido ejercer; pero que, prescindiendo de ese punto de vista y admitiendo las inspiraciones de la equidad, no se faltaría a ellas si el árbitro impusiese a la próspera Compañía de Salitres de Antofagasta la obligación de pagar un ligero impuesto (tal como el proyectado) al gobierno de Bolivia. Gobierno pobre y falto de recursos. Por estas consideraciones encontradas, me añadió, no querría ya hallarme en la situación del árbitro que ha de fallar". Ante la declaración antedicha, Godoy creyó conveniente aconsejar a su gobierno que, si llegaba el caso de escoger un árbitro, él no fuera el Presidente del Perú; añadió que a este gobierno le convenía todo gravamen impuesto a la industria salitrera que hacía competencia a la suya. La brusca derivación del conflicto boliviano-chileno hacia la ruptura de hostilidades cogió de sorpresa a la diplomacia peruana. "No era de suponerse (afirmó Prado en su manifiesto de Nueva York firmado en agosto de 1880) que la cuestión suscitada entre los gobiernos de Bolivia y Chile los condujera a la guerra, cuando habían pactado solemne y terminantemente someter a arbitraje cualquiera cuestión que entre ellos surgiese y mucho menos cuando la actitud que asumió el Perú fue tan cordial y conciliadora. No era de suponerse, repito, que Chile, atropellando el pacto expreso de arbitraje celebrado con Bolivia, cometiese un acto tan atentatorio al apoderarse sorpresivamente y por la fuerza del territorio de Antofagasta sin título ni causa que la justificare". APRECIACIÓN SOBRE EL ESTALLIDO DEL CONFLICTO CHILENO-BOLIVIANO. Bolivia entró en un gravísimo conflicto por una riqueza de la que, según palabras del historiador diplomático chileno Ramón Sotomayor Valdés, escritas pocos años antes, casi ningún boliviano se ocupaba. "Se habla del mineral de Caracoles (decía Sotomayor Valdés) como de un venero descubierto en la Siberia". El gobierno de Daza violó la convención de 1873 y el tratado de 1874 al crear el impuesto de los diez centavos. Ante las reclamaciones, debió, sin duda, (como creyó Prado) aplazar la ejecución de esta ley y aceptar el arbitraje. Pero no sólo esquivó esas fórmulas sino optó por la decisión violenta de rescindir el contrato celebrado con la compañía salitrera que protestaba contra el gravamen, y de incautarse de las propiedades de ella; y por los ministros del Perú y del Brasil en La Paz. ¿Estuvo solo en una actitud temeraria como consecuencia del hecho de que a la cabeza de este régimen hallábase un hombre primitivo, sin el apoyo de las altas clases sociales, desprovisto del consejo que podían dar las fuerzas ilustradas y conscientes de su país? Al juzgar esta conducta de Daza, el publicista boliviano Alberto Gutiérrez la escrito en su libro Problemas políticos en la América del Sur: "Torpe criterio, tal vez, pero no instigación maquiavélica a la guerra. Aquel gobierno aislado de la opinión pública, temido por las violencias de su jefe, pero rechazado por el voto nacional, no supo prever que su inconsciente arbitrio diplomático iba a conducir al país a la guerra". Pero otro escritor también boliviano, José Vicente Ochoa en sus Semblanzas de la guerra del Pacífico afirma al referirse al mismo Presidente: "Aceleró la solución de nuestros negocios con Chile y trajo la guerra que debía venir tarde o temprano, sin fijarse en sus consecuencias y con el solo móvil de asegurar su poder con el triunfo sobre Chile que lo creía seguro cándidamente, sin contar más que con los soldados que pasaban por debajo de sus balcones y con los que creía de muy buena fe arrollar el poder de los Krupp y de los blindados...". Torpe fue Daza, sin duda, como dice Alberto Gutiérrez y acaso no temió precipitar la guerra. ¿Cuál era, entre tanto, la actitud del Perú, el aliado Bolivia? La versión tradicional chilena es que azuzaba a Daza. Esta tesis no es veraz. La diplomacia peruana fue inerte, blanda cuando debió exigir enérgicamente a Daza que tomase actitudes de cordura. El tratado secreto de alianza había sido firmado por el Perú con una finalidad conservadora en relación con el equilibrio continental en el Pacífico y para impedir no sólo la expansión chilena a costa de Bolivia sino también la alianza chileno-boliviana para cercenar la zona meridional peruana. Chile había logrado la supremacía naval; pero la circunstancia de que sus blindados hubiesen llegado en 1874 y la de que pasaran cinco años sin producirse la agresión podía adormecer o atenuar el recelo ante ella. Pero ahora surgía, de improviso, una serie de hechos imprevistos. En primer lugar, se presentaba una situación dentro de la que, confiado en el poder del tratado de alianza durante varios años olvidado y cuyos autores no se habían puesto en ese caso, Bolivia desafiaba abiertamente a Chile hasta el extremo de cometer arbitrariedades. Y a consecuencia de ello, surgía el peligro tremendo de que Chile, volviendo a antiguos planes, reiniciara, inexorable, su marcha hacia el norte e hiciese uso del aplastante poder bélico de que se había investido previsoramente en 1874 y al que luego había puesto casi de lado en momentos de crisis económica. Y así surgía la posibilidad de que el Perú quedara atrapado entre su compromiso firmado con Bolivia seis años antes, o sea en 1873 ya merced de la excitación pública creada por el natural disgusto ante la implacable expansión chilena y que iba a olvidar ciegamente la situación de clamorosa debilidad militar y naval en que se encontraba. GRAU, JULIO MÉNDEZ Y MELCHOR DE SANTIAGO CONCHA ANTE EL LITORAL BOLIVIANO. El marino Miguel Grau, a quien el Presidente Pardo envió en una expedición, por motivos políticos, al sur de la República sugirió en 1874 a su jefe y amigo que la diplomacia peruana contemplase la posibilidad de internacionalizar Antofagasta (Grau a Pardo, Archivo de la Nación). "Internacionalizar" no era lo mismo que "independizar" Antofagasta, idea no aprobada por Grau, pues, con razón, la veía como una maniobra para luego anexar esa zona a Chile. En un clarividente libro titulado Realidad del equilibrio hispanoamericano y necesidad de la neutralización perpetua de Bolivia, el boliviano Julio Méndez sostuvo que su país era como "un nudo" que ataba los tres sistemas internacionales del Pacífico, del Plata y del Amazonas", el centro, el fiel de la balanza, el justo medio de la circunferencia, y por consiguiente, la neutralidad por excelencia" (Méndez, 1872, 1972). El patricio chileno Melchor de Santiago Concha (1799-1883) sostuvo en el Consejo de Estado, organismo asesor del Presidente de la República, la necesidad de que la zona de Atacama fuese declarada zona libre, o sea que adquiriese una característica "hanseática". Este personaje y su plan han sido estudiados por Diego Barros Arana en un trabajo especial (Barros Arana, 1914). Seguramente, las ideas de Santiago Concha, cuya familia ilustre tenía hondas vinculaciones con la más rancia aristocracia peruana, influyeron en una de las fórmulas conciliadoras insinuadas por José Antonio de Lavalle en 1879. LA MISIÓN DEL CANCILLER BOLIVIANO SERAPIO REYES EN LIMA. Al reemplazar a Martín Lanza, el canciller boliviano Serapio Reyes Ortiz fue inmediatamente provisto el 8 de febrero, antes de que se consumara la medida de fuerza contra la compañía chilena, de los necesarios poderes como enviado extraordinario para pasar a Lima a solicitar que se declarase el casus foederis del tratado de alianza si el conflicto era inevitable. Debe haber salido de La Paz el 9 de febrero por la vía de Mollendo. La noticia de lo ocurrido en Antofagasta encontró a Reyes Ortiz en aquel puerto. Inmediatamente, se dirigió a Lima. "Todas las esperanzas, todos los consuelos nacionales y patrióticos se cifraban en que el Perú entrara con nosotros en la guerra que se vislumbraba en perspectiva", ha escrito José Vivente Ochoa en la semblanza de Reyes Ortiz inserta en la obra anteriormente citada. El propio Reyes Ortiz narró en el curso del proceso seguido contra Daza que la situación de Bolivia era muy peligrosa en esos momentos en el Perú. Su misión era la de contrabalancear "el inmenso peso de las influencias de Chile para arrastrar al gobierno del Perú a que se declarara neutral; el ministro Godoy aprovechaba de las íntimas relaciones que tenía con el general Prado desde la residencia de éste en Chile durante su proscripción; y de tal manera lo tenía cercado, que hacía uso del derecho de entrar hasta el dormitorio para conferencias sobre los asuntos palpitantes de la guerra en el sentido de obtener la declaratoria de neutralidad del Perú; la opulenta casa comercial de Gibbs y tantas otras influencias obraban en el mismo sentido. La opinión pública del Perú fue hecha y pronunciada para apoyar la alianza contra la agresión injusta y esta solemne actitud empezó a sacar al gobierno de su vacilación y de su resistencia a declarar el casus foederis: anunciando su propósito de seguir la corriente de opinión aunque de una manera condicional porque era expresión insistente del Excmo. Presidente que el Perú no aceptaría la guerra sino después de que su gobierno agotara los medios para evitarla". Que estos puntos de vista no reflejan un criterio exclusivamente personal, al que podría tacharse de vanidoso, se halla demostrado con las siguientes palabras del escritor boliviano Ochoa: "El gobierno del Perú, especialmente el general Prado, Presidente de aquella República, es probado que hacía todo lo posible en esos momentos por rehuir al compromiso de la alianza. El doctor Reyes comprendió tal propósito y se afanó por ganarse la prensa y la opinión ardiente de la juventud de Lima a fin de obligar con esos elementos a aquel gobierno a que se firmara la declaración ansiada; que si bien no la consiguió inmediatamente, obtuvo por dichos medios que Chile se la arrancara, con la exabrupta declaración de guerra al Perú". LA ACTITUD DE LA OPINIÓN PERUANA. Seguramente Reyes Ortiz y sus biógrafos se jactan demasiado por la "fabricación" de una opinión pública peruana favorable a la alianza. Habían muchas circunstancias que trabajaban en el mismo sentido. Una de ellas era la conciencia, que precisamente esa opinión pública tenía, de que el Perú ejercía en América una especie de patriciado; los laureles del conflicto con España entre 1864 y 1866, después de improvisar una maquinaria bélica, ejercían aún su efecto embriagador. La ocupación de Antofagasta fue un atentado contra el Derecho Internacional. Aparte de las razones sentimentales no era utópico aún entonces el temor de una posible alianza entre Chile y Bolivia, con grave peligro para las regiones peruanas de Tarapacá, Tacna y Arica. Demasiado cerca de Chile hubieran quedado, en caso de consumarse el avance de ese país hasta Antofagasta, las salitreras de Tarapacá, y los interesados en ellas poseían fuerza en la vida política, social y económica del Perú. Piérola, en su manifiesto fechado en Valparaíso, denunció a "los traficantes conocidos y anatematizados por el sentimiento público" que se esforzaban en el Perú por "levantar en el pueblo pasiones de guerra e incendios de odio". Se desconocía entonces el verdadero poder de Chile y las espantosas consecuencias de la guerra, y se creía, por las gentes poco avisadas, que, como en conjunto, los países aliados eran más extensos que Chile, lograrían la victoria finalmente. No faltaban tampoco partidarios de ir contra Chile y apoyar a Bolivia, precisamente porque el Presidente Prado abrigaba sentimientos pacifistas, creyéndose que ellos obedecían no a razones de prudencia patriótica sino al recuerdo de los honores que Chile le brindara en 1866, a las inversiones de dinero que tenía en la minas de Casampungue y acaso otros negocios y a sus numerosas amistades y afectos en ese país. Es muy importante como dato de sociología colectiva, como factor causal en diversas actitudes, como lección severa, el hecho de que, (no obstante la actitud de prudencia inicial de algunos periódicos que, como El Comercio y La Tribuna, hicieron la crítica de la política de Daza) después de la arbitraria ocupación del litoral boliviano, en el Perú predominó el punto de vista a favor de la guerra. "La guerra, dice refiriéndose al Perú M.C. de Varigny en la Revue des Deux Mondes de julio de 1881, era el anhelo de la población: la prensa, excitando a hacerla, no era más que la opinión pública sobreexcitada y confiada en el triunfo". "La opinión pública arrastrará a Prado a la guerra o lo derribará" escribió Ricardo Becerra a Piérola (17 de marzo de 1879, Archivo Piérola). "En efecto (léese en las memorias de José Antonio Lavalle) y ¿quién no estaba en Lima por la guerra con Chile? Los pradistas... porque veían en ella la manera de consolidar y popularizar al Presidente...; los civilistas porque veían por ella el medio de aprovechar del todo del gobierno como lo estaban de las Cámaras, dominar el país y asegurar su triunfo en las próximas elecciones, salvo dividir entonces sus votos entre los herederos de su ilustre jefe; los pierolistas, porque veían en ella el medio de que su caudillo volviese al país y la ocasión de su elevación mediante la manifestación de sus personales cualidades; los militares y los marinos, por el muy noble deseo de hallar campo en qué desplegar su valor en el curso de la guerra y que muchos han consagrado con sus envidiables muerte; la turba de indefinidos y pretendientes, porque la guerra les ofrecía amplias ocasiones de ser colocados y empleados; los negociantes, porque y ¿qué ocasión más propicia que una guerra para hacer grandes negocios y elevar pingües fortunas?; los azucareros, cañaveleros, mineros y salitreros, porque la guerra era la emisión del papel -el alza del cambio, su bello ideal- vender en soles de 44 peniques y pagar en soles de 3 peniques ¡qué delicia! la masa del país por patriotería, por novelería, por impulso ajeno. Órganos de esta general inspiración eran los diarios de Lima, ávidos de ruido y por única vez cantaron en el mismo tono La Patria y La Sociedad, El Comercio, El Nacional y La Opinión, desentonando sólo La Tribuna, que a la postre entró también en el tutti final". Nueve años después que París, cayó Lima en el mismo frenesí de guerra. Como Napoleón III, Prado pudo invocar como una excusa la "voluntad del pueblo". UN TESTIMONIO SOBRE LA CEGUERA DE LA OPINIÓN PÚBLICA PERUANA AL ESTALLAR LA GUERRA. Hay como una admonición sobre el significado del aturdimiento que se apoderó de los órganos de expresión de la opinión pública -periódicos, dirigentes políticos, instituciones representativas, estudiantes y otros elementos- poco antes de estallar la guerra, en las siguientes palabras de la oración fúnebre pronunciada por el Dr. José Antonio Roca y Boloña en las exequias celebradas en memoria de las mártires de la Patria, el 16 de julio de 1890 en la iglesia de la Merced: "Hubimos guerra, señores; y esta calamidad que suele ser tentación de algunos pueblos, tórnase dolorosa necesidad de otros. Quizás con mayor previsión y cordura la evitáramos en sus causas ocasionales y aun estuviéramos apercibidos para soportarla sin desventaja, con menos irreflexivo entusiasmo hubiéramos dejado más libre la acción de nuestros gobernantes para conjurarla, siquiera por el tiempo necesario; y ellos habrían podido allegar los recursos indispensables para hacerla con menos quebranto, y aun no asistiéramos hoy a esta fúnebre ceremonia sin gustar el dulcísimo consuelo de ver ceñidas de laurel todas esas despojadas frentes que contemplamos; en su mayor parte, cercadas de espinas". El gobierno peruano comenzó a prepararse. El ministro chileno en Lima, Joaquín Godoy, denunció a la cancillería de Santiago, que el Perú organizaba su escuadra, aumentaba su ejército, enviaba tropas, armas y buques al sur y recibía de Bolivia tentadoras propuestas. En su cable de 5 de marzo, un mes antes de la guerra, llegó a decir: "Gobierno tiene temor a la guerra pero exitado por la opinión hace aprestos sin decidirse". LA MEDIACIÓN DEL PERÚ: MISIÓN LAVALLE. La mediación fue el recurso al que apeló el Perú de inmediato, a pesar de la negativa que recibió al plantearla el mismo peruano en Santiago, Pedro Paz Soldán y Unanue. La versión oficial chilena es que el Perú quería ganar tiempo para armarse. "No está el Perú para socorrer al vecino", decía el Presidente Pinto en documento que el historiador Bulnes copia. "Su situación es muy precaria, sus finanzas en peor estado que las nuestras". Es cierta, seguramente, la angustia del gobierno peruano para ganar tiempo; pero no sólo para que el país se preparara para la guerra, sino también, si era posible para aplazarla. El 19 de febrero la cancillería de Lima decidió enviar a Santiago, en misión especial a José Antonio de Lavalle, y le dio plazo para alistarse solo hasta el 22. Lo ocurrido entonces pudo ser narrado siguiendo el texto de las memorias de Lavalle (cuyo contenido divulgó el autor del presente libro desde 1945). El tiempo estrecho, las ocupaciones de los personajes dirigentes de la vida oficial atareados en esos días en agasajar al príncipe Enrique de Prusia de visita entonces en Lima, o tal vez la propia naturaleza de su misión no dieron lugar a que Lavalle recibiera instrucciones verbales; y en cuanto a las escritas llegaron a sus manos momentos antes de zarpar su barco, trayéndolas en un apresurado viaje a caballo de Lima al Callao su hijo y secretario Remando, muerto después en la guerra. Aquí hubo un juego de equivocaciones: el canciller Irigoyen creía que Lavalle sabía la existencia del tratado secreto que no aparecía mencionado en el texto de las instrucciones; y Lavalle no sabía lo que Irigoyen creía. Al despedirse de Lavalle, sin embargo, el Presidente le abrazó y con voz conmovida le dijo que evitara la guerra sin que sufriesen la honra, la dignidad ni el interés del país. LAVALLE Y EL TRATADO SECRETO CON BOLIVIA. Cuando abrió su paquete de documentos Lavalle se encontró, entre otros papeles, con el texto del tratado secreto de alianza defensiva con Bolivia cuya existencia ignoraba, según solemnemente afirma ante la posteridad en sus "Memorias". Refiriéndose a su amistad con Manuel Pardo y a sus conversaciones con él cuando regresó de Europa, afirma: "Con el señor Pardo apenas tuve en esos días ocasión de hablar privadamente; y cuando alguna vez para hacerlo, me detenía en su cuarto hasta altas horas de la noche, ¡teníamos tanto sobre qué charlar después de 7 años de separación, para irnos a ocupar de política externa ni interna!... Recuerdo sí que una vez estando a su mesa y delante de varias personas, llamé su atención sobre los blindados chilenos que había tenido ocasión de ver en Londres y sobre la inferioridad naval en que ellos nos colocaban respecto a Chile. Replicándome Pardo: Yo también he hecho construir ya dos blindados que se llaman el Buenos Aires y el Bolivia. De esto a comunicarme el tratado del 6 de febrero, hay gran distancia". El tratado se había firmado cuando Lavalle estuvo ausente del país y se aprobó en el Congreso extraordinario en abril de 1873 al que él no perteneció; al Parlamento se incorporó únicamente en agosto de 1874 para salir después a Chile y a Europa. LOS ADVERSARIOS CON QUE TROPEZÓ LAVALLE. Lavalle había comprobado, al partir, el escaso entusiasmo que por su misión sentían tanto el canciller boliviano Reyes Ortiz y el ministro Zoilo Flores como el ministro chileno Joaquín Godoy. Al arribar a Valparaíso, el 4 de marzo, encontró una multitud amenazadora y una prensa también sumamente hostil. Apenas partió a Santiago, no sin peligros personales el consulado en Valparaíso fue asaltado por el populacho. La legación de Chile en Lima había informado telegráficamente: "Lavalle trata de ganar tiempo. Gobierno cree contar con blindado italiano". Una carta del ministro norteamericano en Chile Osborne a su gobierno dice, refiriéndose a Lavalle: "Entre el público ha habido una expresión casi unánime de disgusto ante su venida... libremente se han hecho acusaciones acerca de que el embajador fue enviado solamente para demorar, con el objeto de que su gobierno pudiera prepararse para la guerra". ACEPTACIÓN DE LA MISIÓN LAVALLE. Apenas llegado a la capital chilena, precisamente para deshacer la sospecha de que sólo iba "a ganar tiempo", Lavalle dirigió al canciller Alejandro Fierro una nota verbal pidiéndole una audiencia. Poco después, por medio de un amigo influyente, logró entrevistarse en forma privada con el propio Presidente Aníbal Pinto que, como Prado, era personalmente partidario de la paz y resultó arrastrado a la guerra. Pese a la hostilidad popular, la mediación peruana fue aceptada porque no recibió un rechazo inmediato. Lavalle presentó las credenciales el 7 de marzo para lo cual desfiló en elegante berlina de corte arrastrada por cuatro magníficos caballos mientras dos hileras de gente apiñada a las veredas miraban el cortejo con el aspecto menos benévolo posible. "Es ya antigua política en el gobierno del Perú (empezaba diciendo el discurso que leyó ese día) y de ello dan testimonio los anales de la diplomacia continental, propender a la conversación de la paz y al desarrollo de las relaciones entre los pueblos hispanoamericanos por tantos vínculos ligados y en los que por felicidad no existen inconciliables intereses". LOS TRES OBSTÁCULOS PARA EL ÉXITO DE LA MEDIACIÓN. La mediación estaba sin embargo, bloqueada por tres obstáculos: 1) el tratado secreto de alianza que, evidentemente, el gobierno chileno conocía; 2) la condición impuesta por el gobierno peruano en sus instrucciones para que Chile fuese a la desocupación previa del litoral ocupado sin prometer la suspensión del decreto boliviano sobre expropiación de los bienes de la Compañía de Antofagasta o la modificación del impuesto de los 10 centavos; y 3) el ímpetu expansionista de Chile. Lavalle no ignoraba las causas que llevaban a Chile a la guerra con Bolivia. Unas de orden financiero público: las urgencias presupuestales que el salitre del litoral boliviano aliviaría. Otras de orden financiero privado: los capitales chilenos fuertemente interesados en el litoral boliviano, se creían más a salvo y seguros bajo su propia bandera. Habían también causas políticas: recientemente el gobierno chileno había sufrido un contraste en la cuestión argentina y podía ofrecer una distracción a la opinión pública con conquistas fáciles y lucrativas que halagaran el orgullo nacional y ayudasen al interés privado. Próxima a renovarse la Cámara de Diputados, no le convenía ir a las elecciones con su prestigio en mengua. La opinión pública estaba por la guerra como en Lima o de modo más fervoroso. El Perú se había interpuesto entre Chile y Bolivia; pero el Perú estimulaba la codicia de unos y el afán de gloria de otros. No faltaban hombres moderados que se asustaban con la situación y, sin embargo, no comprendían cómo Chile podría volverse atrás. Sin hacerse ilusiones y para cumplir su deber hasta el límite de su capacidad y su esfuerzo, Lavalle, por su cuenta, sin aceptar el arbitraje con el statu quo de la situación producida que proponía Chile y que estaba en discrepancia con sus instrucciones, solicitó, la desocupación del litoral, no para devolverlo a Bolivia sino a una administración municipal con protectorado de los tres países. EL CANCILLER FIERRO MENCIONA A LAVALLE LA EXISTENCIA DEL TRATADO. Después de presentar esta fórmula al Presidente Pinto, Lavalle la expuso al canciller Fierro. Este prometió estudiarla y discutirla con sus compañeros de gabinete: Ya de pie ambos y en el momento de despedirse, Fierro dijo: "Permítame señor Lavalle que le haga una pregunta así de amigo a amigo ¿qué hay de cierto tratado secreto de alianza entre el Perú y Bolivia? Este Godoy nos sale con que desde el año 73 aprobó el Congreso un tratado de esa especie con el que nos están aquí alborotando. Este Videla (encargado de Negocios en Bolivia) también nos dice que, aunque nunca había oído antes hablar de eso en Bolivia, le dicen ahora que lo han encontrado en una alacena del Palacio. Pero yo me digo que eso no es posible. Dígame pues lo que hay de cierto en eso". Lavalle contestó, sin revelar lo que no estaba facuItado a revelar, que en los Congresos de 1874, 1876 y 1878 a los que perteneció dentro de la Comisión Diplomática, no se había aprobado ese tratado y que pediría informes al respecto. Agregó que el Congreso peruano no se había reunido en 1873, lo cual no correspondía a la verdad de lo sucedido, porque sesionó aquel año una legislatura extraordinaria, si bien él pudo no recordarla por haber estado en aquella época ausente del Perú. No era esta vez un juego de equivocaciones como el que ocurriera entre Lavalle y el canciller Irigoyen. Aquí nadie se equivocaba. Fierro no podía ignorar que Lavalle conocía el documento. Y a Lavalle no lo engañaba Fierro cuando le decía que el gobierno de Chile dudaba de la existencia de dicho tratado. ¿DEBIÓ LAVALLE CONFESAR LA EXISTENCIA DEL TRATADO? Cabe preguntarse si debió Lavalle revelar que el tratado había sido firmado en 1873. Esta interrogación se la hizo apenas conoció dicho documento en alta mar. El ignoraba oficialmente su existencia (según expresa en sus Memorias) porque un ministro público no sabe oficialmente sino lo que oficialmente se le ha comunicado o lo que se indica en sus instrucciones o en las comunicaciones oficiales a él dirigidas; y no tenía ese carácter la remisión para su conocimiento particular de la copia del pacto. Obligado a preguntarse si el amor a la verdad debía ir hasta revelar en su obsequio los secretos que a un hombre se confían, aunque se presuma que esos secretos son conocidos, hubo de pensar que los que un hombre de honor sabe en secreto no lo sabe. "Creo -agrega- que la franqueza es un gran medio diplomático, medio poderoso y siempre nuevo, tan poco frecuentemente se apela a él; pero hay circunstancia en que la franqueza es imprudencia y en este caso ella podía obligar al gobierno de Chile a saber lo que no era conveniente para la paz continental que oficialmente supiera, aunque perfectamente sabía por conductos ocultos". Ya más tarde no hizo sino obrar de acuerdo con sus instrucciones. Se ha dicho por algunos entre ellos está el editorialista del diario La Sociedad, Monseñor Obín en artículo publicado en ese diario el 14 de febrero de 1880 que Lavalle debió exhibir el tratado. La opinión oficial peruana de entonces no fue ésa. La cancillería creyó que poner el tratado sobre la mesa de las discusiones era envenenarlas desde un principio; enconar más a la opinión harto desbordada en ambos países; precipitar una actitud decisiva de Chile; malograr en fin, la misión conciliadora de Lavalle. Hubo el temor de que la guerra se declarase en marzo y no en abril. Pareció preferible la idea de revelar el pacto de 1873, dentro de su exacto sentido preventivo, sólo si se llegaba a las bases de una solución. Este pensamiento resulta, en realidad, controvertible. Obín parece haber tenido, a pesar de todo, razón. Sin embargo, un historiador tan severo con el Perú como Bulnes, refiriéndose a Lavalle, hace esta pregunta: "Diplomáticos de todo el Universo ¿cuál de vosotros le lanzaría la primera piedra?". CONVERSACIONES DE LAVALLE Y SANTA MARÍA. Lavalle siguió en sus tratos directos con el Presidente Pinto (muy censurado en Chile por esta actitud pacifista) y con Domingo Santa María que actuó como una especie de personero especial y confidencial de él. Santa María preguntó a Lavalle que contestaría si le preguntaban cuál iba a ser la conducta del Perú al fracasar la mediación. Lavalle repuso que "siendo su misión especial para un objeto dado, no podía conocer cual sería la política de su gobierno dado el caso de que esa misión no tuviera éxito". Ambos convinieron en que la guerra era inminente. Esa conversación fue el 12 de marzo. Al día siguiente, Santa María propuso "dar tiempo al tiempo y dejar las cosas como estaban" esperando que las pasiones excitadas se enfriasen y que alguna circunstancia surgiera para asirse de ella a fin de evitar una lucha desastrosa. Lavalle sospechó que detrás de esta actitud podían estar manejos para derrocar a Daza, o arreglos directos con él, o esperanzas en un entredicho del Perú con Inglaterra, pues se había propagado la noticia de que, en defensa de los tenedores de bonos iban a ser empleados los barcos de la armada británica, o alarmas ante la Argentina, o esperanzas de una sublevación en el Perú. LA DECLARATORIA DE GUERRA DE BOLIVIA A CHILE COMO RECURSO PARA HACER FRACASAR A LAVALLE. Pero las pasiones excitadas no se enfriaron. El día 18 de marzo se abrió un nuevo período de la misión Lavalle. Ese día fue recibido en Santiago, desde Tacna por correo y desde Caldera por telégrafo el decreto expedido por el Presidente Daza y notificado al cuerpo diplomático el 14 de marzo estableciendo el casus belli con Chile con todos sus efectos y consecuencias, junto con otros decretos de ruptura de relaciones mientras durara la guerra y de expulsión y confiscación de bienes chilenos en Bolivia. Esto ocurrió a pesar de que Quiñones y Doria Medina acordaron el 5 de marzo las bases para la mediación peruana. La versión chilena fue que Bolivia quiso impedir que Chile se armara. En realidad, Daza buscó la forma de malograr la misión Lavalle. Una vez más la legación peruana en La Paz había fallado porque, según el tratado secreto, un acto de esta especie debía haberse hecho previo acuerdo de las partes. Al no estar declarada la guerra entre Chile y Bolivia, Chile no podía pedir al Perú que se mantuviera neutral. Porque la había declarado Bolivia, la exigencia chilena de neutralidad peruana era inevitable. La declaración boliviana de guerra era (dice el historiador chileno Bulnes) un palo atravesado en las ruedas del carro empujado por Lavalle. La situación que se había ido agravando mes a mes y semana a semana, se complicaba ahora día a día, hora a hora, minuto a minuto. El Perú se veía envuelto con rapidez creciente en un conflicto tremendo, sin tiempo casi para presentar la acción conciliatoria propia y sin haber buscado una acción análoga de Argentina, Estados Unidos o las potencias europeas. ULTIMAS TENTATIVAS DE LAVALLE A FAVOR DE LA PAZ. LAS PROPUESTAS DE PINTO. En los diez y seis días transcurridos entre el 18 de marzo y el 4 de abril, Lavalle todavía siguió trabajando con tanto empeño como desesperanza en su misión de paz. A Domingo Santa María le instó encarecidamente para que viajase a Lima como agente especial con la finalidad de discutir el problema no sólo con el canciller peruano sino con el boliviano que visitaba esta capital, pues las bases dentro de las que él estaba autorizado no eran aceptables para Chile. Santa María convino al principio en cumplir esta misión; pero después desistió, impresionado, según dijo, por las noticias alarmistas trasmitidas por la legación chilena en Lima sobre los preparativos bélicos del Perú que, ante los ojos de los peruanos, tenían carácter precautorio y ante la suspicacia chilena daban a este país el carácter de un mediador armado de prisa y en forma amenazante. En esos días el Presidente Pinto llegó a proponer a Lavalle; 1°) el statu quo, o sea la continuidad de la ocupación del litoral boliviano por Chile sin derivar de allí otros derechos para el futuro; 2°) el retorno de la cuestión chileno-boliviana al estado en que estaba en 1866; 3°) el sometimiento a un arbitraje de la decisión del dominio real sobre el territorio; 4°) la declaratoria de neutralidad por parte del Perú. Aludió también el Presidente Pinto a la posibilidad de un compromiso por el cual Chile, en caso de conservar la posesión de Mejillones y Antofagasta, no fortificaría nunca dichos lugares, prometiendo, además, que el salitre chileno y el peruano no se harían competencia comercial. También llegó a halagar al ministro peruano el Presidente con la posibilidad de una alianza chileno-peruana si Bolivia atacaba al Perú y amenazó veladamente con una alianza boliviano-chilena con detrimento para este país si mantenía su actitud. Lavalle contestó que el único modo que tenía Chile de desligar al Perú de Bolivia era aceptar términos racionales que pudiese ofrecer el Perú a Bolivia sin detrimento de su dignidad y que si ella rehusaba por capricho o tenacidad podían dar lugar a que el Perú la dejase a su propia suerte. LAS PROPUESTAS DE LASTARRIA. Todavía el 25 de marzo surgió otra tentativa de paz. Lavalle aceptó un plan de arreglo del eminente político y escritor chileno José Victorino Lastarria cuyos términos eran los siguientes: 1 °) Tregua o suspensión de hostilidades entre Chile y Bolivia por el tiempo que se fijase; 2°) retiro de las fuerzas chilenas de parte del litoral restituyendo a Bolivia, Cobija, Tocopilla y Calama; 3°) suspensión de los decretos bolivianos sobre confiscación y expulsión de chilenos, 4°) suspensión de armamentos; 5°) reunión de una conferencia de plenipotenciarios en Lima. La iniciativa de Lastarria no encontró acogida en su gobierno. FINAL DE LA MISIÓN LAVALLE. Al saber que el ministro chileno Godoy había recibido en Lima la noticia oficial de la existencia del tratado, no le quedó a Lavalle más que esperar una nota preguntándole también a él acerca de dicho documento. La respuesta afirmativa daría oportunidad a la declaratoria de guerra. Siguieron para Lavalle días de contenida inquietud. "Hay emociones (ha escrito él mismo) reservadas para los diplomáticos la víspera de una guerra en medio de poblaciones hostiles. Los gritos y las vociferaciones que exhala el odio y que estallan a su alrededor se dirigen a su país; las tropas y los cañones que ven desfilar marchan a sus fronteras; sus relaciones, sus amistades se enfrían y a veces se rompen; miradas sombrías y rencorosas se fijan sobre ellos pues no ya representan sino al enemigo. Su ansiedad es punzante, tienen la conciencia del peligro, ven a su patria invadida y presienten que pronto no tendrán ya suelo natal". Cuando llegó a su poder la necesaria autorización de su cancillería, Lavalle solicitó una entrevista al canciller Fierro y en ella dio lectura al texto del tratado. En seguida manifestó que el casus foederis todavía no había sido invocado en esta ocasión y refutó el oficio que el ministro chileno Godoy había mandado a la cancillería de Lima sobre la neutralidad del Perú, sin aceptar discusión alguna. Terminó así la última escena de su misión. No había dejado nada por hacer para evitar la guerra y entre sus actos no apareció uno solo que sirviera para precipitarla o acelerarla. Un testimonio chileno le ha rendido el máximo homenaje al afirmar que orilló los obstáculos con la sagacidad y tino del que juega con cristales sin quebrar ninguno. LA DECLARATORIA DE GUERRA DE CHILE AL PERÚ. A la demanda chilena sobre declaración de neutralidad, el gobierno del Perú contestó que aplazaría la respuesta hasta la reunión del Congreso, convocado para el 24 de abril. Chile rompió las negociaciones y declaró la guerra al Perú y a Bolivia el 5 de abril de 1879. EL MINISTRO BOLIVIANO JULIO MÉNDEZ Y LA DECLARATORIA DE GUERRA DE CHILE AL PERÚ. En el proceso instaurado en el Congreso boliviano contra el ex-Presidente Daza y sus ministros, uno de ellos, don Julio Méndez, declaró lo siguiente: "Llega al fin la noticia de haber Chile declarado la guerra al Perú y me expresé en mi círculo en estos términos: Soy conocidamente contrario a Chile y no creí vitoreado nunca. Pues ha comprometido al Perú en la guerra declarándosela y digo: Viva Chile. Yo sabía que el Perú caminaba a la neutralidad y veía a mi país arrastrado a la guerra en la más absoluta indefensiva marítima. Así se explica mi gozo anterior". ¿PUDO HABER IDO EL PERÚ A UNA DECLARATORIA DE NEUTRALIDAD? Cabe preguntar si el Perú pudo haber ido a la previa neutralidad pedida por Chile. Cierto es que el artículo III del tratado establecía la libertad de las partes para decidir acerca del casus foederis. La declaración de neutralidad, por lo tanto, era técnicamente posible. Pero ¿cabía dentro de la realidad de aquel momento? Invadido el litoral boliviano ¿en qué otro caso podía aplicarse el tratado? La neutralidad peruana hubiera generado la indignación de Bolivia y el desprecio de Chile. Ante su aliada habría el Perú aparecido como pérfido. Ante su contendor como timorato. No hubiese sido una solución honrada. Tampoco habría tenido utilidad. Su consecuencia inevitable parece la guerra del Perú con Bolivia, apoyada por Chile quizá ocultamente, o una coalición chileno-boliviana. Desde el punto de vista político habría dado lugar a una sublevación nacional, a un movimiento plebiscitario como el que derribó a Pezet cuando éste firmó el tratado Vivanco-Pareja. Y si la neutralidad era un expediente para prepararse mejor para la guerra, Chile no hubiera permitido esa añagaza. Bien claro le dijo el Presidente Pinto a Lavalle que los marinos y militares chilenos no estaban dispuestos a dejar que el Perú se armara.