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 LA CRISIS HACENDARIA Y POLÍTICA.
I. LA SITUACIÓN HACENDARIA PERUANA AL COMENZAR LA GUERRA.
Dos meses antes de estallar la guerra, en febrero de 1879, había sido aprobado
por el Congreso peruano el Presupuesto para el bienio 1879-80. Algunos de los
ingresos destinados por esa ley a otros fines fueron aplicados a cubrir los mayores
gastos que demandaron el ejército y la armada. Sirvieron, sobre todo, para dicho
propósito la parte que quedaba disponible de las entregas de la Peruvian Guano,
la única mensualidad que se recibió de la Compañía salitrera, los productos de los
timbres y el papel sellado, las rentas de aduanas y la suma destinada a cumplir con el
convenio aduanero celebrado con Bolivia. Pronto la situación se volvió muy grave. La
zona salitrera comenzó a sufrir los efectos del bloqueo chileno y de las operaciones
militares y luego fue arrebatada por el enemigo. La Peruvian Guano (manejada por Thomson,
Bonar y Co.) no quiso ayudar al Perú y se entendió más bien con Chile. Los depósitos de
guano de Tarapacá, que servían para la exportación de este abono, llegaron a ser ocupados
con lo cual se perdió el ingreso consignado en el presupuesto por la venta en los Mercados
de Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, Chile, Mauricio y Reunión. Las fuentes de recursos
que al Perú le quedaron, conforme al Presupuesto, se limitaron a las siguientes:
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Al año |
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Aduanas |
S/. 7.052.860 |
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Contribuciones |
234.640 |
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Correos y Telégrafos |
237.530 |
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Ferrocarriles |
178.210 |
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Varias rentas |
375.315 |
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S/. 8.078.555 |
Los ingresos del pliego ordinario habían sido calculados en S/. 15.257.698. Es decir,
se había abierto un déficit de casi el 50%, sin tomar en cuenta las necesidades y las
exigencias inmediatas de la guerra calculadas por José M. Rodríguez en S/. 55.050.000
al año. Las contribuciones estaban clasificadas en el Presupuesto, en la siguiente forma
según ya se vio en un capítulo anterior:
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Timbres |
S/. 162.640 |
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Papel Sellado |
63.330 |
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Auxilio patriótico |
3.650 |
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Derechos de títulos |
2.420 |
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Mesada eclesiástica |
2.130 |
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Derechos de alcabala |
470 |
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S/. 234.640 |
Las contribuciones predial, de patentes e industrial y otras hallábanse absorbidas
totalmente por los concejos departamentales y provinciales; y el Estado debía, además,
subvencionar a estos organismos de la descentralización con cuotas ascendentes en total a S/. 297.098.
El Perú, para afrontar la guerra, no tenía un sistema tributario aceptablemente organizado.
Al estallar el conflicto los directores de los bancos Perú, La Providencia, Garantizador y
Territorial Hipotecario suscribieron, a pedido del ministro de Hacienda José Rafael de Izcue,
un empréstito al gobierno por la suma de S/. 880.000 con la única condición de que el Congreso
determinase la forma y época de pagarla. El Congreso por ley de 23 de mayo de 1879, reconoció
esa deuda y facultó al Ejecutivo para pactar las condiciones y la manera de reembolsaría,
arbitrando los recursos para su abono.
La nueva política hacendaría, seguida por el Perú frente a la guerra, giró de inmediato
alrededor de los siguientes medios: los donativos patrióticos, el aumento de los impuestos
y del papel moneda, los empréstitos, la suspensión en el pago de créditos y en la amortización
de la deuda interna y la emisión de moneda de cobre y de níquel.
CAPTURA DE LA "PILCOMAYO".
Pocos días después de la toma de Pisagua, el 17 de noviembre de 1879, el blindado
chileno Blanco Encalada capturó a la cañonera Pilcomayo con su comandante Carlos
Ferreyros frente a la quebrada de Tambo.
LOS DONATIVOS.
Los donativos patrióticos movilizaron económicamente a la ciudadanía. El decreto de 7 de
abril creó la "Junta Central Administradora de Donativos para la Guerra con Chile"
integrada por las siguientes personas: el obispo Pedro José Tordoya, Monseñor José
Antonio Roca, Nicolás Rodrigo, Melitón Porras, José Bresani, Manuel Elguera, José
Vicente Oyague, Ignacio de Osma, César Canevaro, Dionisio Derteano, José Jorge Loayza,
Federico Mariott, Aurelio Denegri, Pedro José Calderón, Bartolomé Figari, José Unanue,
Juan Calderón, Valentín Gil, Manuel Ortiz de Villate, Manuel Candamo, José Lucas Oyague,
Manuel Moscoso Melgar, Bernardo Roca y Boloña, Juan Gallagher y José R. Espinoza. Las
erogaciones tuvieron el alcance más variado. Las listas de ellas se publicaron en los
periódicos. Los bancos de Lima figuraron con un millón de soles al año.
Los empleados civiles, judiciales y de hacienda hicieron ofrecimientos con sus sueldos;
y el decreto de 21 de abril de 1879 tomó de todos ellos, desde el Presidente de la
República hasta los amanuenses, sin excluir a las listas pasivas, el veinte por ciento
de sus haberes y pensiones cuyo descuento debía ser hecho en cada pago. Cuando se
presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que las iglesias, conventos
y monasterios de la República contribuyeran con el veinticinco por ciento de sus rentas
a los gastos de la guerra, pasó a informe del arzobispo. Este, oído el voto consultivo
del Capítulo de la Catedral, ordenó que los conventos y monasterios con bienes propios
en la diócesis de Lima hiciesen el donativo indicado; además que la cuota arzobispal fuese
de la mitad de su haber y la de los miembros del capítulo el veinte por ciento (12 de mayo).
 La municipalidad de la capital encomendó a cincuenta señoras colectar objetos y realizar
su valor en bazares de venta pública o en rifas en beneficio de las ambulancias, heridos,
viudas y huérfanos y también con el propósito de aliviar las desgracias que resultasen de
la guerra. Presidió esta comisión la señora Rosa M. Riglos de Orbegoso y la acompañaron:
Josefa Araníbar de Mendiburu, Josefa La Barrera de Velarde, Mercedes Soyer de Ejster, Zoila
Eléspuru de Orbegoso, Manuela Varela de Riglos, Amelia Riglos de Moreyra, Leonor Segovia de
Tezanos Pinto, Catalina del Valle de Carrillo, Leandra Raygada de Ezeta, Francisca Espantoso
de Elías, Luisa Núñez de Cavero, Matilde Stevenson de Basadre, Teresa Lastres de García y García,
Leonor Pinto de Uriburu, Mercedes Puente de Rosas, Carmen Olavegoya de Correa, Emilia López de
Escobar, Josefina del Valle de Chacaltana, Matilde Orbegoso de Sandoval, Rosalía Rossel de Bresani,
Jesús Beltrán de Elías, Virginia La Torre de Valle Riestra, Enriqueta Vélez de Corzo, Santos Chávez
de Elguera, Cristina Bustamante de Cisneros, Francisca Iribarren de Soria, Benjamina Eléspuru de
González, Jesús Olavegoya de la Puente, Matilde Guerra de Miró Quesada, Amalia Laos de Barreda,
Dolores Cavero de Grau, Eulalia Alvarez de Ribeyro, Belisa Delgado de Delgado, Mercedes Guisse de
Dartnell, Angela Moreno de Gálvez, Clementina López Aldana de Bryce, Rosa Sauri de Valdeavellano,
Francisca Irigoyen de Elguera, Elvira Derteano de Kruger, Augusta S. de Alvarez Calderón, Elena Paz
Soldán de Alayza, Virginia Osores de Porras, Francisca Risco de Madalengoitia, Petronila Puente de
Mariott, María Aramburú de Sánchez, María Moreyra de Prevost, Santos Mendívil de Ayulo, Eugenia
Noble de Freundt y Francisca Diez Canseco de Castilla.
De casa en casa las damas de la comisión solicitaron lo que cada cual podía ofrecer y de esa manera
se reunieron hasta 1.218 objetos que fueron expuestos en vitrinas. Efectuada su tasación dio una
suma de 48.534 soles. Pusiéronse en venta sesenta mil boletos de un sol cada uno y el sorteo se
efectuó el tercer domingo de octubre en el Palacio de la Exposición. Eran cosas como canastas,
tinteros, floreros, cigarreras, costureros, candelabros, tarjeteros, alfileteros, álbumes para
retratos, abanicos, sortijas, figuras de porcelana, collares, relojeras, cuadros, cojines y otros
objetos análogos cuyo valor oscilaba entre lo primoroso y lo banal.
Los donativos de guerra llegaron a sumar en total más de seis millones de soles en el mes
de noviembre de 1879.
La erogación de alhajas, oro y plata hecha por las iglesias de Lima y sus suburbios fue
recibida por una comisión mixta que presidió Antonio Bentín. Las alhajas pasaron a ser depositadas
en la Casa Nacional de Moneda y las fundiciones efectuadas con los metales preciosos fueron enviados
al Banco de Londres, México y Sud-América.
También efectuáronse colectas especiales para la adquisición del blindado Almirante Grau, después
de la pérdida del Huáscar. Las encabezó la Municipalidad de Lima.
Entre los donantes tuvo significación especial Melitón Porras. El día de la declaratoria de guerra
ofreció al gobierno sus rentas, deducidos los indispensables gastos de familia; y, para cuando se
creyera necesario, la totalidad de sus bienes. Como miembro de la Junta de Donativos, fue nombrado
presidente de la sección de óbolos en especies, cargo que desempeñó hasta la extinción de dicha Junta.
Fue miembro de la: Junta Central de Ambulancia de la Cruz Roja; y su esposa obsequió a esta entidad
camisas y sábanas y un par de aretes de brillantes para la lotería entonces organizada. Inició ante
la Municipalidad la idea de la defensa de la capital y se suscribió con S/. 10.000 para llevarla a
la práctica. Erogó para la compra del barco Almirante Grau S/. 10.000 y, a nombre de su esposa, entregó
con el mismo objeto un collar y unos solitarios de brillantes. Al empréstito nacional se suscribió por
sí, su esposa y sus hijos por un total de S/. 69.500. Nombrado director del hospital de sangre de la
Exposición lo organizó contribuyendo con S/. 10.000 y adquiriendo una cantidad de camisas y de sábanas.
Entre los aportes hechos entonces tiene carácter anecdótico el que hicieron las primas hermanas Magdalena
Peralta y Lola Chocano. Ambas vivían de su trabajo como costureras, en Lima, en una modesta casa de la
calle Alma de Gaspar. Una de las comisiones para recoger casa por casa donativos destinados a comprar
un buque que reemplazara al monitor perdido llegó hasta ambas niñas y ya que ellas no podían entregar
dinero, se cortaron las crenchas de sus cabellos para entregarlas como un óbolo.
LA GESTIÓN DE PFLUCKER Y RICO CON LOS FONDOS DE LOS DONATIVOS.
Julio Pflucker y Rico viajó a Europa encargado de invertir los fondos obtenidos mediante donativos
populares para la compra del blindado. Llevó unas 200.000 libras esterlinas. Por disposición que
adoptó el 13 de julio de 1880 la junta central encargada de estos donativos bajo la presidencia
del obispo Tordoya, se comunicó a Pflucker que había cesado en el ejercicio de sus funciones de
comisionado y que debía dar cuenta y hacer entrega de las sumas que estaban en su poder al ministro
del Perú en Francia Toribio Sanz. En su carta de 31 de mayo de 1884 dirigida a la legación en Londres
con motivo de las investigaciones iniciadas por la comisión que presidió Joaquín Torrico, hizo referencia
Pflucker a dicho acuerdo; y agregó que el 4 de setiembre de 1880 cumplió con efectuar la entrega formal
de todo lo que tenía al encargo que había recibido poniendo a disposición de Sanz los fondos que no estaban
comprometidos al pago de los buques en construcción y dándole cuenta de aquellos que él había manejado.
Igualmente Pflucker dejó constancia de que el 8 de setiembre informó a la junta central de la entrega hecha
y de la cuenta rendida y que dicha junta había aprobado el desempeño de su comisión.
EL PRIMER AUMENTO DE LOS IMPUESTOS.
El ministro de Hacienda, José Rafael de Izcue, presentó al Congreso extraordinario, reunido en
abril de 1879, cinco proyectos de impuestos: la contribución personal, el impuesto sobre la
exportación de cincuenta centavos de sol sobre cada quintal de azúcar, el que obligaba a pagar
en metálico la mitad de los derechos de aduana, el que debía gravar el movimiento de la propiedad
inmueble y el que, incidiendo sobre la renta, hiciera sobrellevar las cargas sociales en proporción
a los recursos de cada cual. En concepto de Izcue, debía levantarse, además, un empréstito garantizado
con los productos de estas nuevas rentas públicas.
El Congreso dio casi simultáneamente las siguientes leyes:
1) La del 17 de mayo de 1879 creó la contribución personal. Todos los peruanos varones de 21 a 60 años
debían pagar por semestre en billetes de banco 4 soles en la costa y 3 en la sierra, a excepción de los.
individuos del ejército y de la armada, los de la guardia nacional y los empleados públicos mientras
durase el descuento del veinte por ciento de sus haberes. Por un decreto posterior las municipalidades
recibieron el encargo de recaudar esta contribución; y por otro se ordenó que los prefectos intervinieran en ella.
2) La de 20 de mayo de 1879 elevó la tasa de las contribuciones de predios rústicos y urbanos, industrial
de patentes y eclesiástica al cinco por ciento anual. La misma ley introdujo el impuesto del cinco por
ciento anual sobre la renta del capital movible. Quedaron exceptuadas las rentas menores de trescientos
soles al año. Los concejos departamentales, a cuyo cargo estaba la recaudación de las contribuciones de
predios industrial y de patentes debían entregar al Tesoro nacional el veinticinco por ciento del producto
neto del importe de las respectivas matrículas.
3) La de 24 de mayo de 1879 estableció el impuesto de 2% ad valorem por cada quintal de azúcar
que fuera exportado para el extranjero por los puertos de la República. La tasa de este impuesto
fue menor que la propuesta por Izcue.
¿POR QUÉ SE RETIRÓ DAZA?
Las supremas resoluciones de 31 de mayo y de 30 de junio de 1879 ampliadas el 29 de julio del mismo año
dispusieron que se cobrara en plata los derechos de importación en las aduanas. El Congreso dejó sin efecto
estas medidas, como se verá más adelante.
El cuadro de las leyes mencionadas se complementa con las resoluciones de 19 de mayo y 29 de agosto
de 1879 sobre pago de timbres en las escrituras y también en todo documento que acreditase movimiento de dinero.
LOS CRÉDITOS CONTRA EL FISCO Y LA DEUDA INTERNA.
La resolución de 26 de junio de 1879 ordenó la suspensión del pago de todo crédito contra el Fisco por
sueldos, pensiones, contratos y demás órdenes antes del 1º de abril; y la de 26 de julio de 1879 dispuso
que también se suspendiera hasta la conclusión de la guerra el servicio de amortización de la deuda interna
y de los bonos del muelle y aduana de Arica, abonándose únicamente los intereses. El Congreso dio una
resolución legislativa para declarar sin efecto ambos actos el 9 de octubre de 1879 y el Ejecutivo no la promulgó.
EL EMPRÉSTITO NACIONAL.
La ley de 20 de mayo de 1879 autorizó la emisión de S/. 10.000.000 por suscripción de un empréstito interno
con un servicio anual de 8% y 10% de amortización acumulativa. Como fondos de amortización y pago de intereses
destinó el producto de las contribuciones personales y sobre la renta y el derecho sobre la exportación del
azúcar; y como garantía subsidiaria puso el producto de la venta de bienes nacionales de fácil enajenación.
Vencido el plazo para la suscripción de este empréstito, en el caso de que él no estuviera cubierto en su totalidad,
la ley autorizó el aumento de la emisión de billetes fiscales por la suma que faltase para completar ocho millones
efectivos. Es decir, el Congreso abrió la puerta que otra ley había cerrado, para el aumento de la moneda de papel.
El empréstito nacional produjo en la República sólo las siguientes sumas:
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Soles plata |
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Billetes |
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Lima |
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922.126.33 |
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Lambayeque |
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27.886.00 |
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Libertad |
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25.295.00 |
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Piura |
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18.590.00 |
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Huánuco |
|
13.145.00 |
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Cuzco |
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10.723.20 |
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Puno |
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10.484.65 |
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Arequipa |
|
5.406.90 |
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Apurímac |
233 |
3.516.24 |
|
Loreto |
|
3.336.80 |
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Ica |
|
3.224.00 |
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Huancavelica |
|
3.015.00 |
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Cajamarca |
|
2.658.85 |
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Callao |
|
1.408.00 |
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Ancash |
|
1.350.00 |
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Ayacucho |
|
550.40 |
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S/. 233 |
1.052.716.37 |
El Comercio del 7 de junio de 1879 criticó editorialmente que suscribieran el empréstito
sobre todo las gentes de poca fortuna y no los fuertes capitalistas como se había pensado. |
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