II. RENUNCIA DEL MINISTRO IZCUE. El 15 de julio de 1879 fue aceptada por el Vice Presidente La Puerta la renuncia del ministro de Hacienda José Rafael de Izcue. El historiador Paz Soldán explica esta dimisión del siguiente modo: "El Vice-Presidente (La Puerta) por una de esas aberraciones, por desgracia tan frecuentes en nuestra vida política, llevado por sus ideas propias o de las que le eran sugeridas por otros, creía que, aparte de buenamente dejar a un lado la ley sobre emisión de papel, podía proporcionarse fondos suficientes y oportunos por otros medios; una vez que, agotados ya los recursos y sus combinaciones financieras, el ministro de Hacienda le manifestó la ineludible necesidad de apelar a otros arbitrios y que en su concepto no había otro, fuera de la emisión, que satisfaciera las exigencias de la actualidad, le contestó por medio de una carta oficial diciéndole que "estaba resuelto a no acudir a la emisión de papel por muy graves y urgentes que fueran las necesidades de la guerra" (Junio 8). Esta carta, publicada en los diarios de la capital produjo profunda sensación en todos los círculos políticos y comerciales. Depreciado oficialmente el último medio circulante subieron, por consiguiente, los precios de todas las mercaderías y se cerraron las arcas de los particulares que ya sabían el insignificante valor de los billetes fiscales. El ministro de Hacienda recibió como un reto la carta y su publicación; y si basta entonces en fuerza del patriotismo había expuesto su salud, notoriamente quebrantada, al servicio de la nación, con tal incidente resolvió retirarse. En vano se intentó convencer al Vice-Presidente de la necesidad de ocurrir al único medio expedito para pagar al ejército y hacer otros gastos urgentísimos; a falta de razones un no era su respuesta". J.M. Rodríguez en Anales de la Hacienda Pública, relaciona la caída de Izcue con el fracaso de su plan financiero y con la mínima suma que dio el llamado empréstito nacional". PRIMERA GESTIÓN DE QUÍMPER EN EL MINISTERIO DE HACIENDA. Después de infructuosas gestiones ante diversos personajes (Emilio A. del Solar llegó a ser nombrado el 15 pero renunció el 24), La Puerta encontró al fin ministro de Hacienda: José María Químper (24 de julio). Con enemigos en el Congreso, donde dominaban los civilistas, este político, vinculado por razones de familia, a Manuel Toribio Ureta, no había podido hacer valer en 1878 sus credenciales de diputado. Hostilidades muy graves estaba destinado a seguir recibiendo del Poder Legislativo. A los cuatro días de ocupar el ministerio, la Cámara de Diputados recién instalada, le pidió su plan de hacienda y lo sometió a interpelaciones con cuarenta preguntas. La situación fiscal era gravísima. Las mesadas de la Peruvian Guano por cuenta del guano estaban absorbidas hasta noviembre de 1879. Se habían adoptado disposiciones sobre pago de metálico de los derechos de aduana y otras rectificatorias; por ellas o por la guerra los ingresos bajaron considerablemente y gran cantidad de mercaderías fueron despachadas antes de comenzar el plazo para dicho cobro. La caja de donativos tenía saldo en contra. El producto del empréstito nacional, pequeño en conjunto, había sido gastado. El salitre, situado en el teatro de operaciones bélicas, no producía nada. Los consignatarios del guano en los mercados que no eran los de la Peruvian Guano ya habían hecho fuertes adelantos y no se les podía pedir ayuda adicional. Químper era, como el Vice-Presidente, enemigo de la emisión de billetes. Su plan abarcó los siguientes puntos: 1°) El impuesto del 2% sobre el capital; 2°) El impuesto de 10% a la exportación de plata sellada nacional, de 5% a la exportación de minerales de plata y 6% a la exportación de la moneda de oro y de plata y de 6% a la exportación de la moneda de oro y de plata extranjeras; 3°) El empréstito en Europa o en el país con 12% de servicio anual; 4°) La afectación del guano y del salitre a la deuda externa y a los certificados salitreros: 5°) el restablecimiento inmediato de la circulación metálica con medidas dictadas al efecto. De inmediato Químper contrató con el Banco Garantizador un empréstito de un millón de soles con facultad de mantener en circulación durante un año sus billetes emitidos. Fue una manera indirecta de emitir papel moneda. Además se ayudó con la moneda de níquel recién acuñada, con la moneda de cobre y con la suspensión de la amortización de la deuda interna y del pago de los créditos a cargo de la Caja Fiscal. El Congreso demoró la tramitación de los proyectos de ley y hostigó a Químper. Los primeros días de agosto pasaron en estos razonamientos. Con fecha 8 de agosto, el ministro se dirigió a la Cámara de Diputados en respuesta a un oficio donde se le citaba a contestar unas interpelaciones. Allí expresó que, no habiendo ningún proyecto en discusión no estaba obligado a acudir; que las interpelaciones no proceden sobre actos consumados ni sobre simple actos de carácter internacional. Las hostilidades entre el ministro y el congreso continuaron y los proyectos de ley no fueron aprobados. El 22 de agosto recibió Químper la denuncia de haberse hecho el Banco Nacional la emisión clandestina de poco más de 2 millones de soles en billetes. Llamado ese día a la Cámara de Diputados, manifestó en sesión secreta, que podría recuperarse del Banco la suma correspondiente que, además, proporcionaría en parte, los recursos tan necesarios para la guerra, a condición de evitar el pánico público. Media hora después de terminada la sesión secreta, se había divulgado la noticia; y al siguiente día, el Banco Nacional no pudo hacer sus pagos a los acreedores. Conminado para que asistiera a la Cámara, Químper esperó hasta la sesión del 24 de agosto y acudió a la antesala. Aunque permaneció allí más de una hora, no se le hizo entrar al salón de sesiones, mientras la Cámara discutía. En la tarde continuó la sesión con la presencia de todos los ministros, menos el de Hacienda. Quedó acordado que el Estado asumiría la responsabilidad de los billetes del Banco Nacional; para ir poco después a su clausura y la iniciación de la acción judicial. Pretendió Químper concurrir a la sesión del 25 y la Cámara declaró innecesaria su presencia. Luego mandó el desairado ministro un oficio haciendo una revelación de lo ocurrido y pretendió justificarse; pero esta comunicación le, fue devuelta. Poco después se dirigió nuevamente al Congreso con el propósito de indicar que, como no se habían discutido los proyectos para proporcionar fondos a la guerra, ya no podía mandarse dinero al ejército del sur por lo cual, en un plazo de 2 días el ejército iba a quedar impago. Rechazado por el Senado el proyecto de impuesto al capital y censurado el ministro (el 3 de setiembre por 52 votos contra 29) renunció poco antes de que se ejerciera esta sanción. LOS REMEDIOS EN EL GABINETE MENDIBURU. El Vice-Presidente de la República, general La Puerta, se había hecho cargo de la presidencia el 17 de mayo de 1879 por haber asumido el general Prado el mando del Ejército. Ello motivó la renuncia del gabinete Irigoyen. El 19 de mayo quedó constituido el ministerio presidido por el general Manuel de Mendiburu (Guerra) e integrado por Rafael Velarde (Gobierno) como elemento nuevo, quedando del equipo anterior los señores Izcue (Hacienda) Paz Soldán (Justicia e Instrucción). Este último se hizo cargo de relaciones Exteriores interinamente, hasta que lo volvió a ocupar Manuel Irigoyen (22 de mayo). Como se ha dicho ya cuando renunció de Izcue lo sustituyó Químper. Al aceptar la dimisión de éste, el Presidente del Consejo dejó constancia de que las ideas de colega de Hacienda no habían sido sometidas al examen de los demás miembros del gabinete. Así contradijo lo aseverado por Químper (5 de septiembre). Ese mismo día fue nombrado Ministro de Hacienda Juan Francisco Pazos. Pazos entró en pugna con el Congreso que había derogado los decretos sobre la suspensión de pago de todo crédito contra el fisco y de la amortización de la deuda interna (Resolución legislativa de 9 de octubre). Igualmente surgió una desavenencia sobre el decreto que prohibía la exportación de las pastas de plata (Resolución legislativa de igual fecha, ratificada el 25 de octubre). Además derogó el Congreso los decretos sobre pago de los derechos de aduana en Moneda de plata (Resolución legislativa de 26 de setiembre ratificada el 24 de octubre). Con motivo de sus desacuerdos con el Parlamento, Pazos renunció. LA LEY QUE AUTORIZÓ EL PODER EJECUTIVO PARA QUE CELEBRARA ARREGLOS SOBRE LA DEUDA EXTERNA Y CONTRATOS RELATIVOS A VENTA DE GUANO. Cuando se perdió el Huáscar el Congreso aprobó en sesión secreta del 10 de octubre de 1879 una ley promulgada ese mismo día y publicada sólo en 1880, que autorizó el Poder Ejecutivo para que celebrase arreglos definitivos sobre la deuda externa, sobre las cuestiones pendientes con las Casas consignatarias del guano y sobre contratos de venta de guano con los bonos de la deuda externa o con cualquier casa o compañía con conocimento de los tenedores. Las condiciones para los contratos de venta del guano debían ser las siguientes: 1º Los compradores tomarían el guano en los depósitos de este abono en la República. 2º Serían de cuenta de los compradores todos los gastos que ocasionare la exportación de guano, inclusive los de peso y carguío, lo mismo que todas las pérdidas y averías sufridas por aquél en la navegación. El Congreso delegó pues tardíamente en el Poder Ejecutivo la potestad para arreglar a firme la más grave cuestión hacendaria del país. Pero su propósito fue que se garantizara el derecho de los tenedores de bonos mediante una operación por la cual se redujese su deuda si era posible a la mitad del capital y que se vendiera el guano en los depósitos. Lo principal era vender; y la idea de venta se unía a la hipoteca que los acreedores del Perú tenían en el guano. La ley empleaba la palabra "tomará" el guano en los depósitos de este abono al referirse a los compradores "a fin de que hechos los pactos (decía el ministro Juan Francisco Pazos el 13 de octubre en una nota a los comisionados Francisco Rosas y Juan M. de Goyeneche), a pesar de los chilenos hoy dueños del mar y de nuestras expuestas guaneras por indefensas, puedan los contratantes, con la voluntad de su gobierno y tal vez con su apoyo, llevar a término el contrato que USS celebren. Esto sería tal vez, causa de que nuestros acreedores, para asegurar sus derechos busquen y obtengan el apoyo de sus gobiernos". Era pues, una tentativa de lanzar a los acreedores del Perú contra Chile. El problema de la soberanía nacional perdía importancia en esa hora de crisis. EL NOMBRAMIENTO DE ROSAS Y GOYENECHE COMO COMISIONADOS ESPECIALES. El Vice-Presidente La Puerta y su ministro Juan Francisco Pazos nombraron el 13 de octubre de 1879 para que cumplieran la ley antedicha a Francisco Rosas, presidente del Senado y Juan Mariano de Goyeneche ministro del Perú en Francia. Su misión debía ser la de encontrar los medios de pagar a los acreedores extranjeros y hacer los arreglos necesarios con el fin de conseguir fondos destinados a adquirir buques. Este último objetivo fue encomendado además, en el territorio de Estados Unidos, al encargado de Negocios en aquella República, Carlos Tracy. DIMISIÓN DEL GABINETE MENDIBURU. El 16 de octubre renunció el jefe del gabinete, general Manuel de Mendiburu. En la nota respectiva habla de la falta de homogeneidad y de unidad; y, al insistir en su decisión, se refirió a su salud y a su edad. Habían mociones de censura al gabinete presentadas en la Cámara de Diputados. Paz Soldán, uno de los dimitentes, da una desconsoladora versión de la crisis. Dice: "El ministro de Guerra, general Mendiburu, organizaba las tropas que se remitían a Lima de los demás departamentos; pero ni su armamento ni su equipo correspondían a las exigencias del nuevo sistema de guerra, ni el ministro se preocupaba en lo menor de mejorarlos a pesar de las disposiciones acordadas en el Consejo con tal fin y aun de las reiteradas increpaciones de sus colegas que observaban la punible desatendencia u olvido en que incurría de las más urgentes de estas providencias. El ejército de Arica apenas merecía su atención con insignificantes remesas de artículos de guerra; no se quería aumentar su número aun cuando en la capital existían fuerzas bastantes para enviar un refuerzo de tres a cuatro mil hombres sin mayor riesgo desde que los veloces transportes Chalaco, Limeña y otros estaban ya acostumbrados a burlar y capear al enemigo. Este modo de ver las cosas, común sólo entre el vicepresidente y su ministro de Guerra decidió a los otros ministros a renunciar a sus carteras y aunque antes se abstuvieron de hacerlo en vista del desconcierto que sobrevendría... siendo ya imposible la enmienda dio al fin por resultado que sus colegas le manifestaran su firme resolución de dimitir sus carteras. Al saber tal acuerdo se adhirió a él y así la dimisión fue de todo el gabinete". También tuvieron influencia las manifestaciones populares con motivo de la pérdida del Huáscar. EL GABINETE LA COTERA. El 16 de octubre de 1879 al fracasar la tentativa ante Piérola, mencionada más adelante, quedaron nombrados presidente del Consejo y ministro de Guerra el General Manuel C. de La Cotera; de Relaciones Exteriores, el Dr. Juan E. Guzmán a quien se encargó la cartera de Gobierno; de Justicia, el Dr. José V. Arias a quien se encargó la de Hacienda. El Congreso, de filiación civilista o constitucional y el gabinete anterior, con algunos miembros calificados como "plebiscitarios" en recuerdo de las agitaciones de 1878, no se habían llevado en buenos términos. El gabinete La Cotera no significó ni la cohesión entre el Ejecutivo y el Legislativo ni la unión nacional. El Comercio al comentar su formación dijo que no creía que allí existiera un verdadero ministro sino una base más o menos deleznable para una combinación ministerial. El 28 de octubre, poco más de una semana después de jurar dimitió el Dr. Arias y mencionó su falta de salud, la grave situación de la República y la necesidad de un gabinete que satisfaciera las aspiraciones públicas. Como sus antecesores, Arias, en su carácter de ministro de Hacienda, había entrado en pugna con el Congreso. Polemizó con éste defendiendo el restablecimiento de la circulación metálica cuya efectividad exigía abundancia de pastas para hacer la amonedación, lo cual (en su concepto) justificaba el decreto prohibiendo la exportación de las pastas de plata derogado por la resolución legislativa de 9 de octubre ratificada el 25 de octubre. El mismo día, 28 de octubre, fue aceptada la renuncia de Arias y la de Guzmán por razones análogas de salud personal y nacional. El gabinete La Cotera se había quedado sin ministros de Hacienda, de Relaciones Exteriores, de Justicia y de Gobierno. TENTATIVAS PARA INCORPORAR A PIÉROLA EN EL GABINETE Y PARA FORMAR UN GABINETE DE UNIÓN NACIONAL. Piérola había estado en el destierro cuando la guerra se produjo; dícese que a pesar de los esfuerzos de algunos amigos suyos en Lima para reconciliarlo con Prado, tenía una cantidad de armamento, más tarde decomisada en Chile, cuyo destino era servir para una nueva intentona subversiva. Desde Valparaíso con fecha 24 de mayo lanzó un manifiesto en el que denunció a quienes en el Perú atizaban las hostilidades. Este documento desconcertó y disgustó a muchos de los dirigentes de su partido. (Solar a Piérola, 12 de abril, Archivo Piérola). Llegó al Callao, autorizado por el gobierno, en el mismo barco en que regresó José Antonio de Lavalle. Fue recibido entusiastamente por sus adeptos y formó un cuerpo de voluntarios, el batallón Guardia Peruana compuesto de partidarios suyos que llegaron a Lima de distintas provincias. Producida la nueva crisis, el 28 de octubre de 1879 con la renuncia de Arias y la de Guzmán, fueron nombrados ministros Manuel Irigoyen, Rafael Velarde y Ramón Ribeyro. La Cotera dirigió ese día un oficio a Piérola para comunicarle su designación como ministro de Hacienda. Piérola contestó revelando que a sacarle del lecho fue un edecán del gobierno con ese oficio sin darle a conocer siquiera los nombres de sus presuntos colegas. "Yo no puedo explicarme -decía- cómo Ud. haya podido proponerme para aquel cargo ni cómo espera S.E. que lo acepte después de haber sido llamado por él hace una semana con el objeto de formar un ministerio, encargo que, aceptado por mí, quedó frustrado precisa y únicamente por no dejárseme la libertad de proponer a mis otros colegas; libertad que demandan la ley, la práctica universal y sobre todo la consideración del enorme daño que al país hace todo el que consiente en afrontar la situación comenzando por privarse de los, medios de conjurarla". Y más adelante, después de atingencias análogas, agregaba que no quería cooperar a mantener el doloroso espectáculo político que se había acentuado en los últimos quince días "hasta hacer devorar al patriotismo una inquietud y una amargura profundísimas que crecen hora a hora en el corazón del pueblo". "La situación, señor presidente del Consejo (afirmaba) es terriblemente grave; lo es, principalmente, por falta de unidad y vigor en la dirección de los negocios públicos; y es tiempo de que cesen las organizaciones de gabinetes que no obedecen a plan alguno sino a consideraciones de afecto personal o a razones de política interior". El mismo 28 de octubre una comisión de las municipalidades de Lima y Callao había visitado al Vice-Presidente La Puerta para pedirle que el ministerio inspirase confianza al pueblo, es decir, para pedirle un gabinete de unidad nacional. Rafael Velarde, nombrado ministro de Gobierno, también renunció alegando que se necesitaban hombres nuevos y porque la combinación a la que perteneció no subsistía. Ambas dimisiones la de Piérola y la de Velarde fueron aceptadas el 29. Ese día pareció constituirse un gabinete de gran envergadura. Lo integraron, del equipo anterior los señores La Cotera e Irigoyen. Los nuevos elementos fueron Alejandro Arenas (Hacienda), Aurelio Denegri (Gobierno) y Ramón Ribeyro (Justicia e Instrucción). Los señores Irigoyen, Ribeyro, Arenas y Denegri sólo duraron juntos en sus funciones un día. El 31 de octubre manifestaron al presidente del consejo que, sacrificando sus convicciones, aceptaron las carteras: "desgraciadamente (expresaron) nuestros primeros esfuerzos para llenar tan serios deberes han encontrado obstáculos insuperables en la resolución de U.S. sobre que no debe ser común la labor de donde se deriva la responsabilidad que juntos asumimos". El general La Cotera replicó que "la común labor de los ministros en un gabinete no significa la invasión de atribuciones supremas o extrañas al ramo respectivo. La ley detalla la manera cómo deben manejarse los diversos asuntos de la administración pública y de consiguiente no se puede, no se debe salir de los límites que ella prescribe sin establecer una confusión que perjudicaría en gran manera a los intereses nacionales". De los comentarios periodísticos aparece que el ministro de Guerra no había querido hacer a los demás miembros del gabinete copartícipes de ciertas medidas de su despacho y que había negado a los concejos municipales de Lima y Callao atribuciones en asuntos relacionados con la defensa de estas ciudades. EL SEGUNDO GABINETE LA COTERA Y LA SEGUNDA GESTIÓN HACENDARIA DE QUÍMPER. El 1º de noviembre de 1879 el gabinete La Cotera quedó finalmente constituido con Rafael Velarde (Relaciones Exteriores), Buenaventura Elguera (Gobierno), Adolfo Quiroga (Justicia e Instrucción) y José María Químper (Hacienda). Después de sus dos fugaces sucesores se hizo, pues, Químper nuevamente cargo del ministerio de Hacienda, ya en pleno receso parlamentario. El Congreso había expedido una ley autorizando la emisión de 32 millones en papel y otra autorizando al Ejecutivo para arreglar con los tenedores de bono de la deuda externa los negocios relativos al guano. Químper, curado ya de la intransigencia anti-papelista de su anterior gestión ministerial cumplió la ley de papel moneda con energía, y habilidad; fijó el impuesto a la exportación del azúcar en un sol plata o su equivalente en billetes fiscales por cada quintal, con cargo de dar cuenta a la siguiente legislatura; estancó el producto de los minerales de plata; prescindió de las resoluciones legislativas que habían derogado sus decretos; puso en práctica los impuestos ampliatorios de timbre, de los predios rústicos y urbanos y de las contribuciones de patentes e industrial, así como la creación del gravamen sobre la renta del capital movible y la contribución personal; dictó una serie de medidas destinadas a obtener en las mejores condiciones posibles la remisión de fondos a Europa y Estados Unidos y a mantener el tipo de cambio; e hizo mejorar la situación de los bonos de deuda interna y de los certificados salitreros. Fue la suya una verdadera dictadura hacendaria. Al terminar el mes de diciembre de 1879, Químper, según dice en su memoria, había logrado (desde el 1º de noviembre) hacer a Europa remesas por valor de 182.000 libras esterlinas para armamentos y por más de 56.000 a Estados Unidos, atendiendo en Lima servicios extraordinarios cuya cuantía llegaba a 44.800 libras esterlinas. LAS LEYES TRIBUTARIAS DE NOVIEMBRE DE 1879. El Parlamento había continuado en su esfuerzo para hallar recursos y llegó a expedir las siguientes leyes que complementaron las de 17, 20 y 24 de mayo de 1879 mencionadas anteriormente: 1) La de 1º de noviembre de 1879 creó el impuesto de dos centavos por cada boleto o papeleta de primera clase y de un centavo por los de segunda clase que expidiesen las empresas de transporte y espectáculos públicos. 2) La de igual fecha aumentó al diez por ciento anual la cuota de las contribuciones de predios rústicos y urbanos, de industrias, de patente y eclesiástica; y efectuó idéntica alza en la contribución sobre, la renta del capital movible. EL PAGO DE LOS DERECHOS DE ADUANA. Los decretos de 31 de mayo y de 30 de junio de 1879 mandaron (como ya se ha visto) que los derechos de aduana sólo fueran pagados en plata. Con ello pretendieron asegurar la autenticidad y la efectividad de esta importante entrada fiscal y confinar el papel a las transacciones mercantiles; e intentaron además cortar las ganancias de la usura que adquiría billetes en el mercado a bajo precio, pagaba con ellos al fisco a un precio mayor y volvía incesante a la misma especulación. El Congreso (como también se ha dicho ya) derogó los decretos citados considerándolos violatorios de la Constitución e insistió en esa actitud. (26 de setiembre y 24 de octubre de 1879). EL BILLETE FISCAL HASTA NOVIEMBRE DE 1880. Al estallar la guerra los bancos se habían desligado de cambiar los billetes por ellos emitidos y de la responsabilidad por el valor de la emisión que pasó a ser del Estado (Decreto de 17 de agosto de 1877). La ley de 4 de febrero de 1879, para señalar, según se ha visto en capítulo anterior los fondos que debían servir para la amortización, vino a quedar suspendida a causa de la situación internacional; y al ponerse en circulación parte del papel moneda mandado emitir, se acentuó la baja de éste en el mercado y de su cotización en relación con la moneda metálica. El papel moneda de circulación autorizada que, en febrero de 1879, ascendía a S/.16.829.333.33 subió, a fines de agosto de 1879, según entonces se dijo a S/.22.561.633.33, sin incluir los billetes emitidos clandestinamente por el Banco Nacional. Después de inconvenientes dilaciones y de estériles debates, el Congreso autorizó, por ley de 28 de octubre de 1879, una nueva emisión de S/.32.000.000 en billetes y separó 20.000.000 de ellos para gastos de la guerra y 8.000.000 para la compra de elementos navales. La misma ley ordenó; que los billetes fiscales fueran de curso forzoso. En otros de sus artículos, ella destinó especialmente a la extinción o recojo de los billetes fiscales los siguientes recursos: el producto del impuesto sobre movimiento de bultos y el del aumento de 30% en los derechos específicos; el 60% de la contribución personal; el 2% ad valorem impuesto a la exportación del azúcar; el producto íntegro del impuesto anual sobre la renta del capital movible; el 60% de la contribución de predios rústicos y urbanos, industrial y de patentes; y el producto de impuesto de locomoción y diversiones públicas. A la vez, quedó establecido que la junta administradora y de vigilancia de la emisión fiscal se encargara de las operaciones relativas a la mejora del cambio, a los gastos provenientes de la emisión y a recibir los productos de los impuestos destinados a la amortización para aplicarlos a ese fin. Dicha amortización no llegó a ser efectuada y la emisión de papel quedó sin más garantía que la responsabilidad general del Estado. Su monto total de S/. 54.561.633,00 subió luego por la emisión del Banco Garantizador cuya responsabilidad asumió el gobierno la emisión clandestina del Banco Nacional y la suma que faltaba para cubrir la parte no suscrita del empréstito nacional, llegando en conjunto a S/. 61.227.933,30. José M. Rodríguez sostiene que estas emisiones pudieron en realidad, ser mucho más cuantiosas en razón del gran peligro nacional y que fueron hechas de modo medroso y desconfiado, por lo cual suscitaron a su alrededor la duda y el pánico. ACTITUD DE LA PERUVIAN GUANO CONTRA EL PERÚ Y LAS PERSPECTIVAS DE UN EMPRÉSTITO EXTERIOR. La Peruvian Guano estaba favorecida desde 1876 (según se ha visto en anteriores capítulos) con un contrato por el cual entregaba al Erario una anualidad de setecientas mil libras esterlinas divididas en cuotas mensuales y con el resto de los productos del guano debía atender a la deuda externa. Tan luego como Chile se apoderó de Tarapacá, la Peruvian Guano suspendió la entrega de las mesadas alegando que habíase cortado el carguío de los depósitos del sur. Se negó, asimismo, a cumplir las órdenes para que no vendiese el guano al ínfimo precio registrado en sus cuentas. Aunque el gobierno le señaló los depósitos de guano que aún tenía el Perú e intentó diversos arreglos con esta compañía, nada logró obtener. Las entregas mensuales de dinero quedaron suprimidas y las letras giradas desde Lima contra ella fueron protestadas. El Perú se vió privado en momentos tan difíciles, de una renta necesaria para sus gastos cotidianos y consignada en su presupuesto. La compañía que, en su calidad de consignataria aparecía como agente de confianza del gobierno peruano, abrió negociaciones con el de Chile cuando fue Ministro de Hacienda Químper, ordenó que no se permitiera a ella embarcar más guano y que los conocimientos de los buques que hallábanse entonces a la carga fueran extendidos a la orden del Estado peruano. El nombramiento hecho a favor de los señores Araníbar y Althaus quedó inoperante después de las acres discusiones de ambos con la casa Dreyfus y la Peruvian Guano. Francisco Rosas y Juan Mariano de Goyeneche fueron nombrados sólo en octubre de 1879, como ya se ha visto, comisionados fiscales en Europa. Con la certeza de que la Peruvian Guano Company, es decir la entidad beneficiaria del contrato de 1876, era hostil y considerando también que la Casa Dreyfus se negaba a colaborar en espera de la sublevación de Piérola, empezaron los comisionados a tratar con un tercer interesado: la Sociedad General de crédito Industrial y Comercial de París. Con fecha 26 de noviembre de 1879, el ministro Químper los autorizó a negociar no sólo con el guano sino también con el salitre.