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 LAS VISPERAS DE LA CAMPAÑA EN LIMA: LA OBRA ECONÓMICA Y OTROS ASPECTOS
DE LAS ACTIVIDADES CIVILES DE LA DICTADURA.
I. LA HERENCIA DE PIÉROLA.
El historiador chileno Francisco A. Encina dice lo siguiente en
las páginas de su Historia de Chile, Volumen XVII, que lleva el mismo título de esta sección:
"La situación que Piérola se echó sobre sus hombros era desesperada".
"El poder marítimo del Perú estaba aniquilado y su extenso litoral con los valles transversales que alimentan al país,
a merced del enemigo. La Unión sólo podía hacer riesgosas excursiones furtivas para conducir algunos pertrechos. La
traslación terrestre de tropas de un valle a otro era muy lenta y exigía elementos de movilización que el Perú no tenía".
"El ejército del sur (Encina habla de la situación en diciembre de 1879, o sea antes de la campaña de Tacna y Arica)
estaba reducido a los 7.000 hombres mal armados y casi desnudos que Montero logró reunir después de San Francisco y
Tarapacá y a 3.500 bolivianos enclavados en Tacna por carencia absoluta de elementos de transporte; y su socorro y
refuerzo eran imposibles. El ejército de Arequipa no pasaba de ser un núcleo de reclutas sin disciplina ni espíritu
militar cuya conjunción con Montero nunca llegó a efectuarse. El de Lima, después de los combates entre González de
La Cotera por un lado y Arguedas, Iglesias y el propio Piérola, por el otro, quedó reducido a unos cinco mil o seis
mil hombres. Y estas diversas fuerzas estaban fraccionadas en forma que su concentración en un núcleo eficaz de
resistencia era imposible".
"Problema no menos grave que el del aumento y disciplina de ejército era el de las armas. Las que trajeron el Talismán,
el Lima, la Pilcomayo y otros transportes durante el gobierno de Prado se habían distribuido casi totalmente en el
ejército del sur y mucha parte de ellas se perdió en la dispersión de San Francisco y en la retirada de Tarapacá. Las
que quedaron en Lima en parte se dispersaron o destruyeron durante los combates del asalto al poder... Piérola estaba
inerme ante un enemigo armado".
"Pero tal vez el aspecto más pavoroso era el económico-financiero. El servicio de la deuda externa estaba suspendido y
el crédito del Perú arruinado por la inmoralidad, el caos político y las derrotas. Su gran fuente de recursos, el guano,
se hallaba en poder del enemigo. La exportación del azúcar había alcanzado en 1879 a 81.500 toneladas; más los destrozos
de la expedición Lynch en los ingenios, los ferrocarriles y los elementos de embarque, la iban a reducir a 62.000, en 1880.
Las arcas fiscales estaban exhaustas, el billete se depreciaba cada día y bajaba a 11 d., los empleados impagos, el
comercio paralizado, la agricultura desatendida, la miseria azotaba al pueblo y a la clase media y la pobreza empezaba
a golpear a las puertas de los ricos de otros tiempos".
"En lo moral, recibió un país derrotado en mar y en tierra; una voluntad guerrera, si no aniquilada, herida; y un alma
nacional disuelta en cincuenta años de revoluciones y trastornos, que no había, logrado cuajar en un estado orgánico".
“Finalmente, el tiempo necesario para dominar tan graves problemas dependía de la voluntad del enemigo. Si la obsesión
de la política boliviana no embarga, providencialmente para Piérola, los cerebros de Pinto y de Santa María, Lima habría
caído en febrero o en marzo de 1880; la defensa se habría desorganizado al nacer; y en vez de las grandes batallas de
Tacna, Arica, Chorrillos y Miraflores, la guerra se habría reducido a las expediciones al interior que siguieron a la
ocupación de Lima".
Hasta aquí el historiador chileno Encina cuyo testimonio debe hacer reflexionar a los peruanos sobre la situación del
Perú en la época aquí tratada.
LAS SECRETARÍAS DE ESTADO Y EL ESTATUTO PROVISORIO.
Piérola no sólo dedicó su atención de gobernante a la guerra con todos los graves problemas que ella llevaba consigo.
Dio, además, una serie de decretos que incidían sobre la estructura del Estado y tenían como mira, según dijo en su
carta autógrafa a los Jefes de los países amigos, "la regeneración que nuestras instituciones reclamen".
Aunque cronológicamente sus decretos corresponden en parte a la época de la campaña de Tacna y Arica, preferible es
hacer su síntesis en el presente capítulo.
Creó siete Secretarías de Estado Relaciones Exteriores y Culto, Guerra, Marina (ésta por vez primera en la historia
republicana), Gobierno y Policía, Justicia e Instrucción, Hacienda y Fomento (que comprendía Obras Públicas, Industrias,
Comercio y Beneficencia). Designó para estos cargos a los señores Pedro José Calderón, coronel Miguel Iglesias, capitán
de navío Manuel Villar, Nemesio Orbegoso, Federico Panizo, Manuel A. Barinaga y Manuel Mariano Echaray. Barinaga había
sido Ministro de Hacienda de Prado. Promulgó un Estatuto Provisorio, compuesto de doce artículos. En dicho documento,
expedido para "conciliar los respetos debidos a la justicia natural y a la tradición política de la República, con la
acción amplia y expedita que demanda la regeneración en nuestras instituciones y el definitivo y glorioso triunfo de
las armas nacionales", se decía lo siguiente: La soberanía e independencia del Perú son el fundamento de su vida
política y social. La unidad de la familia peruana y la integridad del territorio que histórica y jurídicamente le
pertenece, no pueden romperse ni menguarse sin cometer un atentado de lesa patria. No se altera el Art. 4º de la
Constitución, sobre religión. El gobierno garantiza la instrucción primaria a todos los ciudadanos y fomenta la
instrucción superior y facultativa. Queda sancionada la independencia del Poder Judicial; pero el Gobierno se reserva
el derecho de velar eficazmente por la pronta y exacta administración de justicia. Los Códigos continúan en vigor mientras
se vayan haciendo las reformas necesarias. La lealtad del gobierno garantiza: la seguridad personal, la libertad y la
propiedad, el derecho al honor, la igualdad ante la ley, la libertad de imprenta con proscripción para el anónimo,
juzgándose los delitos de prensa por tribunales comunes, la libertad de industria en cuanto no sea dañosa, la libertad
de asociación, el derecho de pedir justicia o gracia. Una serie de delitos contra la seguridad pública y la propiedad
debían recibir la pena capital. Los bienes de sociedades anónimas, de bancos, industriales o mercantiles, serían
considerados públicos para el juzgamiento y la aplicación de la pena. Las virtudes cívicas y las acciones distinguidas y
heroicas serían premiadas. Un Consejo de Estado con voto consultivo y como última instancia en los asuntos sentenciosos
administrativos, fue creado; integráronlo el Arzobispo, el presidente, el Congreso de juristas, el presidente de la Corte
Suprema, el presidente del Tribunal Mayor de Cuentas, el prior del Consulado, el Rector de la Universidad y seis miembros
más, nombrados por el Dictador.
LOS ESTADOS UNIDOS PERÚ-BOLIVIANOS.
Firmó Piérola también un tratado de unión Perú-boliviano, para poner los cimientos para los Estados Unidos Perú-Bolivianos,
sobre la base de la conversión de los departamentos de ambas Repúblicas en Estados federales. Aparte de reflejar un viejo
sueño de política internacional (el padre del Dictador había colaborado en la Confederación santacrucina), hubo en este
pacto, un propósito político inmediato, el de alejar a Bolivia de Chile, contrarrestando la acción de los políticos
"practicistas" bolivianos. Por lo demás, el establecimiento del nuevo Estado no llegó a ser estudiado por ninguna
asamblea legislativa peruana; y en cuanto a la Convención Nacional boliviana, empleó tramitaciones dilatorias,
hasta que clausuró sus sesiones después de declararse incompetente para aprobar un cambio tan radical en la organización
constitucional del país, que la nación misma debía afrontar mediante asambleas departamentales (8 de octubre de 1880).
No faltaron, sin embargo, actas en algunos pueblos fronterizos acatando la unión Perú-boliviana.
OTROS ASPECTOS DE LA OBRA CIVIL DE LA DICTADURA.
Federalista en la política externa y centralista en la política interna, Piérola abolió los concejos departamentales.
Fijó, además sobre nuevos cauces, la acción y el personal de los municipios. Fundó el instituto de Bellas Artes, a
cuyo cargo debía correr la protección y la conservación de los monumentos artísticos nacionales así como la supervigilancia
sobre una Escuela de Bellas Artes (destinada a la enseñanza del Dibujo, la Pintura, la Escultura, la Arquitectura, el
Grabado, la Música y la Declamación bajo la dirección de Numa Pompilio Llona) y abre una academia literaria. Reorganizó
la Universidad. Adoptó una actitud favorable a los derechos de la Iglesia, de acuerdo con su carta autógrafa al Papa León
XIII, a quien pidió su apostólica bendición; así proyectó un Concordato y creó tres prefecturas apostólicas y el vicariato
de Iquitos.
Abrió Piérola, además, el Gran Libro de la República para inscribir las acciones meritorias de los ciudadanos.
Instituyó la Legión del Mérito dividida en militar y civil. Condecoró póstumamente con la cruz de acero de primera
clase de la Legión del Mérito a Elías Aguirre; y a Enrique Palacios e, increíblemente a Miguel Grau con la de
segunda clase. Procuró la celeridad y eficacia en la vida judicial, activando especialmente el proceso por el asesinato
de don Manuel Pardo, que terminó entonces con la condena del sargento Melchor Montoya y su fusilamiento; y también intentó
el arreglo de la administración peninteciaria. Estableció el derecho de los difamados por los periódicos para vindicarse
en esos mismos impresos. Arrostró un conflicto con los diarios de Lima, por no haber ellos cumplido lo prescrito en el
Estatuto. La Intendencia de Policía de Lima suprimió el juego del carnaval en febrero el 1,880.
EL PROTECTOR DE LA RAZA INDÍGENA.
Atención especial requiere el decreto de 22 de mayo de 1880 por el que Piérola declaró unido a su carácter de
Jefe Supremo de la República el de Protector de la raza indígena que lució con insistencia por muchos considerada
como frívola, en el encabezamiento de los documentos oficiales. En su parte considerativa este decreto expresó que
"la raza indígena ha sido y es aun en el país objeto de desafueros y exacciones contrarias a la justicia y que reclaman
eficaz reparación" para agregar que "si bien la situación de guerra en que nos hallamos no permite toda la consagración
que la importancia de este asunto demanda, no es posible tampoco desatenderlo por más tiempo". En sus secciones resolutivas,
después de crear el pomposo título ya mencionado, el decreto tuvo el siguiente texto: "Los individuos y corporaciones
pertenecientes a esta raza tienen el derecho de apelar directamente a mí, de palabra o por escrito contra todo atropello,
injusticia o denegación de ésta que sufriesen por parte de toda autoridad, cualquiera que sea su denominación y jerarquía,
quedando exceptuados de las leyes comunes a este respecto". En seguida consignó las siguientes palabras:
"En el caso de castigo por daño inferido a un habitante del país, la circunstancia de pertenecer éste a la raza
indígena será considerada como agravante para la aplicación de la pena". Y también: "Toda servidumbre o contribución
exigida al indio y no impuesta a los demás será considerada como de daño público y, como tal, comprendida en el artículo
8º del Estatuto Provisorio". Este artículo entregaba a la jurisdicción militar y castigaba con la pena capital la
traición a la Patria, la cobardía e insubordinación militares, la deserción en campaña, el peculado, la prevaricación,
el cohecho, la defraudación de bienes públicos, el homicidio premeditado y alevoso y el bandolerismo. Los párrocos en
sus respectivas doctrinas debían, por tres veces a lo menos, dar lectura solemne al decreto aquí comentado, cuya
publicación en quechua y aymará fue ordenada de manera especial.
Las censuras y burlas a Piérola abundaron por haberse adjudicado el título de Protector de la Raza Indígena. Era
una defectuosa manera de encarar el problema; pero era la reviviscencia y, en parte, la copia de la actitud tutelar
asumida por la legislación de Indias y seguida más tarde por Santa Cruz. Hacía recordar a los peruanos en general, al
peruano olvidado, el aborigen. Implicaba, a pesar de todo, el reconocimiento de que en la pugna entre el pobre y el
poderoso, el Estado debe intervenir en favor de aquél. Sobre todo, desde el punto de vista militar, era un ensayo de
atraer hacia el gobierno peruano, y por consiguiente, contra el invasor, la simpatía de la población de la Sierra,
necesaria para la defensa nacional.
EL "RAMILLETE O REPERTORIO DE LOS MÁS PIRAMIDALES DOCUMENTOS OFICIALES DEL GOBIERNO DICTATORIO".
La manía de los decretos pomposos que a veces parecen delirantes y la variedad de su contenido, en contraste con la
gravedad de la situación nacional y la urgencia de concentrar en la guerra los esfuerzos de quienes dirigían el país,
dio lugar a acerbas críticas y aguas mofas de los muchos enemigos que Piérola tenía. Exponente de esta actitud fue
la publicación Ramillete o repertorio de los más piramidales documentos oficiales del gobierno dictatorio, con una
parodia al lado en vil verso redactada por Fray Benito Encalada Montestruque y Maldonado. Con esta obra volvió Manuel
Atanasio Fuentes a la sátira política, después de varios años de haberse dedicado a más pacíficas actividades. La
publicó en Lima en 1881, es decir mientras estaba ocupada la capital por los chilenos. Su finalidad fue hundir en
el ridículo a Piérola y a todos los Secretarios de su Dictadura, entre los cuales sólo tuvo algunas palabras de
aprecio por Iglesias:
De gobierno no sabe ni una jota,
en la administración no da en el clavo,
más no corre en el campo de batalla
y
sostiene su puesto como un bravo.
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Fuentes seleccionó algunos de los más importantes decretos de la Dictadura en los diversos ramos de la administración,
agregó a ellos algunas circulares y otros oficios, los reprodujo textualmente y puso al lado de estos documentos unos
comentarios burlescos en verso. La parte más criticable de la Dictadura, es decir su exceso retórico y proyectista,
quedó así exhibido en la forma más cruel.
Como otras de sus finalidades inmediatas, tuvo Fuentes la de defender al gobierno provisorio erigido en la Magdalena
y a sus hombres, la de afirmar que "la continuidad de la guerra es una quimera" y la de atacar a quienes, con Piérola,
querían, después de la pérdida de Lima, prolongar la resistencia en la sierra, y se extrañó de que con ese fin aparecieran
a su lado hombres como Aurelio García y García, Juan Buendía y Lizardo Montero, antiguos adversarios políticos del Dictador.
Para los vencedores en San Juan, Chorrillos y Miraflores, para los ocupantes de la capital, para los adversarios del Perú
en la guerra exterior, Fuentes no tenía, en cambio, una sola palabra adversa. |
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