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 LA BÚSQUEDA DE LA PAZ SIN CESIÓN TERRITORIAL BAJO
ESPEJISMO DE LA MEDIACIÓN NORTEAMERICANA
EL CIRCUNSCRITO GOBIERNO DE GARCÍA CALDERÓN. PIÉROLA EN LA SIERRA Y LA DIMISIÓN DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1881.
EL VIRAJE TOTAL DE LA POLÍTICA DE ESTADOS UNIDOS.
I. LA VIDA EN LIMA DURANTE LA OCUPACIÓN.
El general Manuel Baquedano, vencedor de San Juan y
Miraflores, entró en nuevas y más graves desavenencias con el ministro Vergara y regresó a Chile. La
escuadra, cuyo contralmirante Galvarino Riveros también había tenido serios desacuerdos personales, dejó
de estar en pie de guerra; y Riveros fue relevado del comando. La mayor parte del ejército de ocupación,
ascendente a más de 13.000 hombres, fue acuartelado en Lima o en las zonas aledañas. El clima, los malos
cuarteles y la insuficiencia del servicio médico dieron lugar a muertes y enfermedades. Aparte de la lucha
contra las fuerzas organizadas de la resistencia, hubo choques en Ica y Cañete. En este último valle
produjéronse entonces matanzas de chinos. “La sociedad limeña (dice Bulnes) pasaba su tiempo encerrada en
sus habitaciones, viendo pasar entre los bastidores de sus ventanas esos uniformes odiados que le recordaban
el deudo muerto, el hijo o el amigo ausente en el interior, sufriendo penalidades por seguir a un caudillo que
les ofrecía una victoria segura. Todo era mustio y triste en Lima. Sus damas de distinción, las representantes
de la aristocracia de nobilísimos blasones, no salían de su domicilio sino para ir a las iglesias el domingo y
solamente allí se las veía desfilar, envuelto y casi cubierto el rostro con sus mantillas, como una postura de
aislamiento contra los invasores. La vida social estaba suspendida por completo. Ni teatros ni fiestas. En los
hoteles y restaurantes dominaban los oficiales chilenos, a los cuales vigilaba severamente el General en jefe".
El ambiente de Lima durante la ocupación ha sido descrito por algunos viajeros, entre ellos los franceses Albert
Davin en 50.000 milles dans'l' Ocean Pacifique y Marcel Monier en Des Andes au Para y el alemán Hugo Zoller en
Pampas and Anden.
Los periódicos chilenos fueron: La Actualidad, La Situación y el Diario Oficial. Este último reemplazó a La
Situación a partir del 31 de mayo de 1881. Acompañó al régimen de García Calderón (y no le sobrevivió) el vocero
El Orden cuyo primer número fue el del 26 de febrero de 1881. Actuaron como redactores los presbíteros Manuel
González de la Rosa y Germán Fuentes Chávez. Hubo otros periódicos durante la época de la ocupación chilena:
La Patria y El Comercio. Este último (distinto del diario fundado en 1839) se imprimió en el Callao y tuvo como
editor al chileno Luis E. Castro.
Según el decreto de Lynch expedido el 27 de mayo de 1881; debían ser chilenos los editores de diarios y periódicos
y dar una fianza por el valor de 4.000 soles plata para responder por las multas que el Cuartel General les
impusiese. Por el decreto de 5 de junio de 1881 quedó prohibida la publicación de libros, periódicos, folletos
y hojas sueltas sin permiso del Cuartel General.
La nota de 7 de setiembre de 1881 ordenó perseguir tenazmente e imponer severos castigos a los que, en contravención
a lo decretado, dieran a luz pública proclamas, libelos, pasquines u otra clase de impresos políticos. El 14 de
diciembre de 1882 los diarios de Lima y el Callao recibieron la orden de no publicar documentos provenientes del enemigo.
Los chilenos se apoderaron de las rentas del Municipio que servían para la educación; se llevaron leones, lebreles y,
otras estatuas de los paseos públicos de Lima, así como los cañones de la fortaleza del Callao y saquearon diversos
establecimientos públicos y privados. Entre ellos estuvieron: la Biblioteca Nacional despojada de muchos de sus libros;
la Universidad de San Marcos a la que se dejó sin biblioteca, sin parte del archivo, sin gabinetes de Química y de
Física, sin muebles en la sala, del Consejo Universitario, acentuándose estas pérdidas en la, Facultad de Medicina;
la Escuela de Ingenieros que resultó sin biblioteca, archivo, laboratorio, útiles, instrumentos, máquinas, vidrieras,
enseres; la Escuela Militar privada de libros y muebles y hasta de ollas y de platos para los alumnos; la Escuela de
Artes y Oficios, desmantelada; el Colegio de Guadalupe; el Palacio de la Exposición del que fueron extraídos animales
raros, estatuas y todo lo movible; el Jardín Botánico; la fábrica de pólvora donde desaparecieron toda la maquinaria,
los enseres, útiles, herramientas, existencias, materias primas, la madera y otros objetos del edificio tal como las
lozas del piso; la Sociedad Fundadores de la Independencia, sin los retratos de San Martín, Bolívar y otros; la imprenta
del Estado íntegramente deshecha así como la imprenta de La Patria aunque era de propiedad particular.
Intermitentemente surgían asesinatos de soldados chilenos o choques con ellos, castigados con dureza en daño de los
culpables o de los vecinos del lugar o barrio más próximo. El 12 de marzo de 1881 fue muerto el loco llamado Cabo Cruzate
en la esquina de Campanas, el 28 de marzo del mismo año hubo dos ejecuciones en la plazuela de San Lázaro. El 29 de
setiembre siguiente, sorprendidos varios sujetos cuando desenterraban cañones en Piedras Gordas, dos de ellos fueron
fusilados. El 20 de julio de 1882 se produjo un choque en la plazuela de la Salud, vino la prisión de vecinos y transeúntes
y quedó consumado un fusilamiento; otros más llegaron a ser impedidos por gestiones del cuerpo diplomático, las sociedades
masónicas y de Old Fellows y ciudadanos de distintas nacionalidades. En otras ocasiones los acusados o sospechosos fueron
sólo azotados públicamente.
Entre mediados de 1882 y principios de 1883, sobre todo, las deportaciones y los cupos fueron intensificados, según se
relatará más adelante.
 En las oficinas públicas comenzaron a proliferar los intereses creados y la falta de integridad. Una carta de Guerrero,
secretario de Lynch, a Eusebio Lillo, de marzo de 1882 que Bulnes publica, afirma: "Nuestra administración se está dando
al diablo en Lima. Encuentra Ud. en las oficinas una pila de siúticos y de pillos que a todo trance quieren hacer fortuna.
El gobierno se deshace de ciertos hombres que le incomodan dándole algún puesto por acá, sin consultar en lo menor sus
aptitudes".
Después del regreso de Baquedano a Chile, le sucedió en el comando y el gobierno de Lima el general Cornelio Saavedra y
a éste el general Pedro Lagos. El 17 de mayo de 1881 se hizo cargo de este puesto como general en jefe del ejército de
operaciones y jefe político del Perú el almirante Patricio Lynch. Como ha ocurrido en todas partes cuando ha surgido
una prolongada ocupación extranjera, hubo, en contraste con los patriotas activos y con los vecinos en actitud de
abstención, hombres y mujeres que colaboraron con Lynch cuyo período duró hasta el final de la época en que los
chilenos permanecieron en Lima.
GOBIERNO DE GARCÍA CALDERÓN.
Perdidas las dos batallas de Lima y ya en la sierra, Piérola trató de organizar la resistencia en el interior,
declaró residencia del gobierno "el lugar donde se encuentre" y dividió al Perú en tres grandes zonas políticas
y militares: Norte, Centro y Sur. Nombró a sus jefes, dándoles amplias facultades: Lizardo Montero en el norte,
Juan Martín Echenique en el centro y Pedro A. del Solar, este último designado ya desde antes para el comando
del Sur. Secretario General de Piérola fue entonces Aurelio García y García, el ex-jefe de la Unión y jefe de
Estado Mayor el general Juan Buendía. Por otra parte, Piérolá encargó a un agente confidencial que prosiguiera
ante el cuerpo diplomático las negociaciones interrumpidas por los primeros fogonazos de la batalla de Miraflores.
Como los chilenos se negaron a la intervención de los neutrales, nombró como plenipotenciarios, a los señores
Antonio Arenas, Lino Alarco y José Eusebio Sánchez para buscar arreglos directos. La renuncia de este último
demoró la apertura de las negociaciones; pero cuando ellas iban a iniciarse surgió la negativa chilena para
tratar con Piérola (22 de febrero de 1881). Según éste, en su mensaje de Ayacucho y según Aurelio García y García
en su memoria a la misma asamblea, el brusco cambio provino de que el enemigo, por una delación de Sánchez,
había llegado a conocer las instrucciones dadas a los comisionados: obtener la paz a cambio de grandes concesiones,
sin llegar a la entrega de territorio. El gobierno de Chile anunció públicamente que, en vista de los acerbos
ataques del Dictador al ejército victorioso acusándolo por la violación del armisticio y por los desmanes del
triunfo, jamás trataría la paz con él; pero sí con quien tuviera la autoridad y el poder para hacerlo.
Nunca habían sido cordiales las relaciones entre Piérola y sus viejos enemigos, los miembros del partido civil
si bien un grupo de ellos manifestó a Joaquín Torrico que le darían su colaboración. Pero no ya odiosidades
políticas, sino consideraciones prácticas debían llevar a reemplazar al Dictador con el objeto de llegar a
celebrar cuanto antes la paz.
Con el propósito de encarar la necesidad de crear una autoridad con la que pudiera entenderse el enemigo,
surgieron diversas fórmulas. Entre ellas estuvieron la creación de un triunvirato con representantes de los
tres partidos del momento -constitucional, dictatorial y reformista-, o la reposición del Vice-Presidente
La Puerta. Faltó comprensión para lo primero y el anciano La Puerta se negó tenazmente a lo segundo, como
se hizo presente en una reunión celebrada en casa del general La Cotera. Por fin, después de dos días de
reuniones en las casas de Mariano Felipe Paz Soldán y Dionisio Derteano, llegó a funcionar una "junta de notables"
de ciento catorce personas presidida por Aurelio Denegri. La junta acordó que había llegado el caso de constituir
un gobierno provisional, unipersonal, sujeto a la Constitución vigente de 1860; que éste debía convocar un
Congreso, quince días después de celebrar un armisticio y que tendría amplias facultades en materia de Hacienda.
Eligió en seguida la "junta de notables" como un nuevo Presidente de la República, por ciento cuatro votos, al
doctor Francisco García Calderón (22 de febrero de 1881). En Lima y el Callao fueron firmadas actas de adhesión
al nuevo régimen. La Municipalidad se negó a reconocerlo. Contó, al principio, con la benévola tolerancia de los
chilenos sin que llegara a una concesión de facilidades que disminuyeran los efectos de la ocupación. En privado,
ante algunos diplomáticos extranjeros, personeros del ejército invasor habían ofrecido entregar al gobierno que se
estableciera, la ciudad de Lima y las entradas de la aduana de Ancón, manteniendo la ocupación militar del puerto
del Callao mientras se firmara la paz; sin perjuicio de acordar un armisticio, a fin de facilitar la consolidación
del nuevo estado de cosas con las adhesiones de los pueblos.
GARCÍA CALDERÓN Y SU NEGATIVA A LA CESIÓN TERRITORIAL.
En una entrevista que celebraron el plenipotenciario chileno Joaquín Godoy y el ministro de Relaciones Exteriores
de García Calderón, Manuel María Gálvez, aquél planteó las bases fundamentales para un tratado de paz: cesión
territorial hasta la quebrada de Camarones (o sea amputación del departamento de Tarapacá), pago de millones
por gastos de guerra y garantías diversas. García Calderón manifestó que, estando próximo a reunirse el Congreso
ya convocado, no podía dar respuesta alguna antes de conocer su resolución.
La fórmula de Godoy implicó una rectificación a la circular del canciller chileno Melquiades Valderrama, el 10
de noviembre de 1880, después del fracaso de las conferencias de Arica, donde anunció que su país no se proponía
conquistar sino indemnizarse de los gastos de guerra.
EL GOBIERNO DE LA MAGDALENA.
Esta actitud del Presidente Provisorio influyó, sin duda, para que le entregaran la ciudad de Lima. Después
de muchos esfuerzos los personeros de García Calderón, Aurelio Denegri y Manuel María Gálvez, obtuvieron que
Chile otorgara el carácter de zona neutral al pueblo de la Magdalena. Allí se instaló el 12 de marzo de 1881
García Calderón.
Después de que muchos se negaron, fueron nombrados ministros Aurelio Denegri, el coronel Manuel Velarde, José
Miguel Vélez, Manuel María Gálvez y el capitán de navío Camilo N. Carrillo. Su órgano periodístico fue (como
ya se ha indicado) el diario limeño El Orden. Miraflores y Chorrillos llegaron a tener autoridades del régimen
de la Magdalena. También abrió éste oficinas en Lima sin interferir en la ocupación.
ORIENTACIÓN CONSTITUCIONALISTA DEL GOBIERNO DE GARCÍA CALDERÓN.
García Calderón, no obstante su limitado radio de acción, declaró la vigencia de la Constitución de 1860 y
procuró la instalación del Poder Legislativo y el funcionamiento del Poder Judicial.
El Congreso, que había sesionado en 1879, recibió así nueva existencia legal. Fue convocado a sesiones extraordinarias
y quedó señalada como recinto para ellas la Escuela de Clases de la villa de Chorrillos a partir del 15 de mayo de 1881.
A los funcionarios políticos y demás autoridades de la República correspondió prestar a los diputados y senadores los
auxilios que necesitaran para su incorporación a las Cámaras; en caso contrario debían ser castigados de acuerdo con el
Código Penal. La resurrección del último Congreso se llevó a cabo, no obstante de que había expirado el período para el
que fuera elegido y sin tomar tampoco en cuenta la circunstancia de que un tercio debió haber sido renovado previamente
conforme a ley.
Dentro del espíritu constitucionalista que ostentó, no obstante éstas y otras graves anomalías, el régimen de la Magdalena
expidió otro decreto para declarar vigente el presupuesto de 1879-80 y ordenar se ejecutaran los pagos ordenados allí según
los fondos que se recaudaran. Tal medida vino a ser teórica: no existían las rentas allí señaladas, ni los gastos eran los
mismos, ni la guerra, la ocupación chilena y las divisiones en bandos que contribuían al desgarramiento del país, permitían
cobranzas eficaces o pagos ordenados. El mismo gobierno, a los pocos días, dio un nuevo decreto invocando la autorización que
había recibido en lo concerniente a medidas extraordinarias en materia de Hacienda, para establecer que los proyectos relativos
a creación de impuestos y los demás que modificaran el sistema rentístico de la República serían discutidos por el Consejo de
Ministros y autorizados por sus miembros con el fin de que pudieran ser obligatorios.
Una resolución también contraria al Presupuesto nominalmente exhumado, fue la que dispuso la reducción a la cuarta parte en
el pago de los sueldos a todos los empleados llamados al servicio, quedando los demás excedentes y sin sueldos: el cambio fue
fijado a 24 peniques, o S/. 10 billetes fiscales por sol plata.
EL RÉGIMEN MUNICIPAL DE LIMA.
Otro decreto declaró terminadas las labores de las municipalidades creadas por la Dictadura y sin valor y efecto los decretos
y reglamentos sobre la administración local dictados desde el 21 de diciembre de 1879. Los concejos provinciales y de distrito
existentes en esa fecha debían volver a funcionar en los territorios de su jurisdicción, bajo la ley de 9 de abril de 1873. En
cambio, debían continuar en receso los concejos departamentales, correspondiendo a los prefectos ejercer provisoriamente sus
atribuciones. Con motivo de la extrema escasez de recursos del Estado, las cajas fiscales fueron autorizadas para recaudar los
ingresos adjudicados a la administración local desde 1873.
El alcalde Rufino Torrico declaró que no accedería a hacer entrega de la Municipalidad de Lima a quienes habían sido miembros
de ella en 1879 porque el gobierno de Piérola que lo había nombrado, existía en el territorio nacional. Expresó también que ni
uno ni otro régimen peruano imperaba de hecho en la capital y, de consiguiente la edilidad funcionaba gracias al consentimiento
de la autoridad chilena; y por último que no era atribución del municipio entrar a entender sobre la legitimidad de los dos
poderes que se disputaban el mando.
El gobierno provisional ratificó sus órdenes y dispuso que se formara causa a los que resistían el cumplimiento de la Constitución
desconociendo sus deberes, titulándose servidores del Ex-Dictador y estableciendo un ligamen entre sus derechos y las autoridades
chilenas. El diario oficial tuvo acerbas censuras para Torrico, lo declaró culpable por no haber protestado del abandono de la
capital por Piérola, única causa, según dijo, de los desbordes de la noche del 16 de enero y también lo responsabilizó por la
entrega incondicional y la rendición de Lima.
El reclamo de Torrico fue desoído y el Concejo Provincial de 1879 se instaló con solemnidad el 31 de marzo de 1881. En la primera
sesión eligió alcalde nuevamente a César Canevaro. Así, en la capital ocupada por los invasores, surgió una entidad que dependió
del gobierno provisional y continuó recaudando las contribuciones y demás entradas comunales para invertirlas en el servicio público.
No había Policía, sin embargo. Este servicio había sido desempeñado durante los primeros meses de la ocupación por un batallón
chileno para ser reemplazado luego por otras fuerzas de línea cuya disciplina se relajó y cuyos soldados estuvieron expuestos
a ataques sorpresivos en las calles. De allí que comenzó a funcionar un servicio de patrullas, mientras celadores, pagados por
el comercio extranjero, custodiaban la parte más importante de la población.
El 24 de junio Lynch nombró un intendente de Lima. Entre sus atribuciones tuvo este funcionario las de vigilar sobre los ramos
de aseo y seguridad, ocuparse de las vías públicas, conceder los pasaportes y pases, castigar correccionalmente las faltas o
delitos que por su poca gravedad no merecieran ser sometidos al tribunal militar, decretar providencias de arraigo u otra de
conservación o finalidad precautoria. La oficina de la Intendencia debía ser atendida con el producto de las multas y de los
pasaportes.
El municipio de Lima continuó en funciones y a su cargo estaban calles, edificios públicos, hospitales, cárceles y otros
establecimientos que la autoridad chilena no creyó conveniente tomar por el momento. Asimismo, recaudó valores de arrendamiento
de sus propiedades, las contribuciones de mercados, del camal y otras.
Ha de verse más adelante cómo terminó la Municipalidad en diciembre de 1881.
LA CONTRIBUCIÓN DE GUERRA A LIMA Y EL CALLAO.
 El jefe de la ocupación chilena, general Cornelio Saavedra, ordenó por decreto de 7 de marzo de 1881, que los departamentos
de Lima y Callao pagaran mensualmente la suma de un millón de pesos en plata o su equivalente en moneda corriente al cambio
del día, para contribuir a atender los gastos del ejército de ocupación. El millón correspondiente al mes de febrero debía
ser abonado, a razón de 20.000 pesos fuertes, por las siguientes personas: Ceferino Elguera, hermanos Canevaro, Dionisio
Derteano, Hermanos Roca y Boloña, Hermanos Swayne, Julio Tenaud, José Albarracín, Manuel J. Rubio, Pt1ucker Hermanos, José
Sevilla, Domingo Laos, Felipe Barreda, José María Químper, Melitón Porras, Hermanos Goyeneche, Enrique Canaval, José Antonio
García y García, Pedro Diez Canseco, Francisco Diez Canseco, Manuel Espíritu Latorre, Familia Carrillo y Albornoz, José
Gregorio Basagoitia, Hermanos Cox, Pedro Villavicencio, Juan Mariano Cosío, José Muro, Pedro Elguera, Hermanos Navarrete
y Caballero, Brezan Hermanos, Aurelio García y García, Manuel Elguera, Gerónimo Sánchez, Calderón Hermanos, Fernando Soria,
Ignacio Ramos Larrea, Manuel Arizola, José Manuel Cantuarias, Pedro Correa y Santiago, Manuel Irigoyen, José de la Riva
Agüero, Vicente Silva, Bernardino León, Bernardo Muñoz, Juan Revoredo, Luis Cisneros, Antonia Lalgache, Enrique Ayulo, Toribia
Elguera, Manuel Candamo, Manuel Arrieta. El plazo era de ocho días. Si alguno de los nombrados no cancelaba su cuota, se
procedía a destruir en sus propiedades un valor que fuera por lo menos tres veces mayor sin perjuicio del apremio personal.
García Calderón, para salvar a Lima de la demolición propuso al general Saavedra asumir el pago del impuesto de un millón
y entregó al contado doscientos mil pesos ofreciendo el resto en la misma forma, en el término de treinta días. Esta gestión
fue aceptada (15 de marzo).
Por un decreto especial quedó autorizado un empréstito nacional destinado a cubrir la contribución de guerra mencionada.
Las condiciones del empréstito eran: intereses del 6% anual; amortización a la par, por sorteo, con el abono de capital e
intereses; los impuestos de predios urbanos de Lima y Callao pendientes y por devengar, el 30% de los productos libres de la
aduana del Callao y el monto de la contribución de timbres figuraron como fondos de garantía.
El cupo del millón mensual fue pagado a Chile desde marzo a octubre mediante el empréstito con la emisión de billetes
fiscales. Desde el 1º de noviembre ya no pudo continuar a cargo del Estado por haberse producido la prisión de García
Calderón en ese mes. Las autoridades chilenas tuvieron que buscar el aumento de los impuestos para cubrir los gastos
de la ocupación, sin perjuicio de apelar a nuevos cupos cuando lo estimaron conveniente.
LOS INCAS Y LOS BILLETES. EL PRÉSTAMO DEL BANCO DE LONDRES.
Otra medida hacendaria del régimen de la Magdalena fue la que equiparó los billetes llamados incas con las emisiones
anteriores en lo concerniente a la responsabilidad de la nación ante ellos y a su valor que sería el inicial de ocho
soles papel por cada inca. Debía hacerse el resello de los billetes incas llevando una inscripción en la que se expresara
su valor en soles; y para unificar la emisión serían reemplazados por billetes de los mismos tipos que los de emisión
antigua a cuyo efecto se haría la impresión de la cantidad de pliegos que fuere necesaria. Este último dispositivo implicaba
una puerta abierta para la nueva serie de billetes.
Había quedado en Nueva York y Panamá un cargamento de ellos destinados a completar la emisión. Sumaban la cantidad de
S/. 11.571.974. Con ellos fue entregado a los chilenos parte del cupo de guerra impuesto por la cantidad de 8.000.000
de pesos fuertes; y el resto fue invertido en el canje de casi medio millón de incas hecho a las municipalidades de
Lima y Callao, las sociedades de Beneficencia, la Universidad de San Marcos, la Dirección de Contabilidad y Crédito
y otras entidades. Esos fondos fueron dedicados al pago de la fabricación de billetes y otras necesidades del Estado.
El Banco de Londres, México y Sud América hizo un préstamo de £18.000 al gobierno de la Magdalena con el interés
mensual de 1%, la comisión del l/4% y el plazo de treinta días prorrogables.
EL FUNCIONAMIENTO DE LA CORTE SUPREMA.
En enero de 1881 el jefe de la ocupación, general Saavedra, se dirigió al presidente de la Corte Suprema Juan Antonio
Ribeyro, para pedirle el restablecimiento normal de la administración de justicia. Sin embargo, desde el 9 de febrero
del mismo año todos los delitos y faltas quedaron sujetos a los tribunales militares.
El gobierno de García Calderón dio un decreto el 29 de marzo de 1881 en el que ordenó que el Poder Judicial principiara
a funcionar el 18 de abril siguiente, sujetándose a la Constitución de 1860. A la vez, dispuso que los tribunales y
juzgados se instalasen con el personal que tenían en diciembre de 1879. Los nombramientos de vocales, jueces y demás
empleados del Poder Judicial, hechos con posterioridad a la fecha citada, fueron declarados nulos. Sobre los tribunales
que no cumplieran y no hicieren cumplir lo prescrito en este decreto recayó la amenaza de aplicarles las sanciones del Código Penal.
Ribeyro invocó, sin embargo, la presencia del ejército de ocupación y de sus tribunales especiales que se regían por
la ley militar, para no cumplir ni hacer cumplir el decreto antedicho.
El gobierno de García Calderón dio una resolución invitando a la Corte Suprema a funcionar en el distrito de la
Magdalena con el fin de ratificar lo ordenado por el citado decreto de 29 de marzo.
Ribeyro repuso en una extensa comunicación el 31 de marzo, detallando el estado en que se hallaba la capital bajo
la ocupación; y en cuanto al traslado a la Magdalena adujo que la Constitución no permitía a la Corte Suprema cambiar
de residencia y que ese lugar carecía de los elementos necesarios para los juzgamientos civiles o criminales y constituía
una segregación nominal o artificial. El gobierno hizo un nuevo requerimiento a la Corte Suprema con fecha 22 de abril y
elevó el asunto al Congreso que estaba próximo a instalarse. Ribeyro contestó ratificando la decisión de la Corte y los
miembros de ella firmaron conjuntamente una exposición de los motivos tomados en cuenta para adoptar su actitud, que no
varió a lo largo de todo el período de la ocupación chilena. Eran los señores Juan A. Ribeyro, Bernardo Muñoz, Melchor
Vidaurre, Juan Oviedo, José Eusebio Sánchez y Manuel Morales.
Patricio Lynch, que ya había tomado a su cargo la jefatura de esa ocupación, llegó a dar un decreto en que las
atribuciones de los jueces chilenos quedaron circunscritas a entender en las causas comerciales sobre bienes muebles o
créditos cuya cuantía excediera de cuatrocientos soles de plata, en las acciones posesorias que versasen sobre propiedades
raíces y en los asuntos concernientes al estado civil de las personas, en cuanto su resolución fuese indispensable para el
establecimiento de una demanda o la contestación a ella. Pero esto sólo para la iniciación, tramitación o secuela de los
juicios, pues la base principal del régimen entonces creado fue dejar los fallos o sentencias a jueces compromisarios,
elegidos por las partes o el magistrado en caso de no avenirse aquéllos. Los jueces compromisarios debían actuar a manera
de árbitros y jurados en ciertas causas civiles, mercantiles y criminales en beneficio de los intereses neutrales y sin
perjuicio del vigor de la ley marcial y de la autoridad militar (9 de noviembre de 1881). Por decreto de 24 de abril de 1882,
organizó un tribunal de alzada en Lima para los recursos de nulidad que se interpusieran, previo depósito de una suma
apreciable de dinero, en las causas de hacienda y algunas otras; y nombró promotores fiscales. "Innumerables han sido las
reclamaciones y quejas originadas por las sentencias de los jueces compromisarios (dijo en su segunda memoria, fechada en mayo
de 1883); pero el cuartel general ha tenido que rechazarlas... Por lo expuesto verá V.S. que sería, sin duda, más conveniente
suprimir la administración de justicia civil, que continuar autorizando actos que lastimen el buen nombre de nuestra magistratura".
DIFICULTADES INICIALES DEL GOBIERNO DE LA MAGDALENA EN LA REPÚBLICA.
Partidarios del régimen de la Magdalena se declararon a su favor en Trujillo, Chiclayo y Lambayeque, ciudades ocupadas por
los invasores. Análogos hechos se produjeron más tarde en Cerro de Pasco, Huánuco y Tarma.
El coronel Isaac Recavarren, prefecto de Lima, fue comisionado con una fuerza para expedicionar sobre Huaraz.
De los almacenes de reserva del ejército chileno fueron extraídos parte de los rifles recogidos en San Juan y Miraflores y
entregados a los defensores "constitucionales". El embarque de la tropa se efectuó en Chorrillos el 16 de mayo en el vapor
inglés Arequipa y el propio Presidente pronunció allí una arenga; en ella recomendó que no se hiciera uso de las armas sino
en servicio de la voluntad popular. Otro contingente salió de la quebrada de Huarochirí. El repudio que ambas expediciones
encontraron fue abrumador.
Recavarren con 400 hombres se dirigió a Casma y de allí envió un oficio al prefecto de Huaraz proponiendo un avenimiento sin
disparar un tiro que resonaría con escándalo en toda la República agobiada por la ocupación militar del vencedor. Aunque llegó
a apoderarse de aquella ciudad, buena parte de sus soldados defeccionaron para engrosar las fuerzas de la resistencia. Al volver
a Chorrillos el 10 de julio trajo unos 200 hombres que fueron acantonados en ese lugar. “por último (dijo Lynch en su memoria)
desbandáronse armados en la residencia misma de la autoridad constitucional para merodear por su propia cuenta o unirse a pequeñas
partidas de pandilleros” (Ese era el nombre que daba la autoridad chilena a los montoneros). "Así los rifles confiados por
la autoridad chilena al gobierno de la Magdalena (expresó también Lynch) sirvieron únicamente para aumentar la resistencia...".
"Por ese motivo los departamentos del Norte quedaron en peor disposición para con el gobierno provisional y con más armas y
soldados que antes de la partida de Recavarren".
Se ha de tratar más adelante de la suerte que corrieron las tropas que intentaron entrar al departamento de Junín.
Un decreto expedido por Piérola en Jauja el 7 de abril mandó enjuiciar a los miembros del gobierno de la Magdalena en consejo
de guerra verbal por inteligencia con el enemigo, auxilio a éstos, rebelión al frente de él y abuso de caudales públicos; sus
actos serían nulos.
INFRUCTUOSAS GESTIONES DE GARCÍA CALDERÓN ANTE LOS GOBIERNOS DE ARGENTINA Y BOLIVIA. QUÉ PAÍSES LO RECONOCIERON.
Conferencias sucesivas con plenipotenciarios de diversos países llevaron a resultados disímiles.
El ministro argentino José E. Uriburu manifestó que su país se abstenía de actuar.
Instado el gobierno de Bolivia para que nombrase representantes en las negociaciones de paz que debían celebrarse en Lima,
esa cancillería respondió que no podía designarlos mientras no se aclarase la incertidumbre sobre el verdadero representante del Perú.
Después de que fueron establecidos contactos con el ministro de Estados Unidos Isaac P. Christiancy, éste solicitó datos
minuciosos de los verdaderos objetivos del gobierno provisorio. La situación del Perú y sus recursos así bélicos como
pecuniarios. Luego ofreció escribir al Departamento de Estado expresando que en su concepto auxiliaría al vencido en la
guerra para que conservara su integridad territorial siempre que le fuese posible el pago de una indemnización. Christiancy
tuvo, sin embargo, dudas sobre la autenticidad de este gobierno. García Calderón otorgó entonces al Dr. Federico Elmore el
carácter de agente confidencial en Washington.
Reconocido, como lo fue, según se verá en seguida, por Estados Unidos, ocurrió lo mismo con unas pocas cancillerías más:
Costa Rica, Uruguay, Suiza y Dinamarca.
EL CONGRESO EXTRAORDINARIO DE CHORRILLOS.
El 15 de mayo de 1881 se reunieron en el local de la Escuela de Clases de Chorrillos, una de las pocas casas que no habían
sido destruidas y que sirviera como hospital para los heridos chilenos, 32 miembros del Congreso que cesó en 1879. Se
declararon en juntas preparatorias bajo la presidencia de Eleuterio Macedo, quien había tenido el áccesit de 2° Vice-Presidente
de la Cámara de Diputados en la elección de 1879. La segunda junta preparatoria tuvo lugar el 24 de mayo con asistencia
de 34 diputados; otras se efectuaron el 7 y el 14 de junio. Habían diez y siete provincias cuyas curules estaban vacantes
y el Ejecutivo quedó autorizado a mandar practicar elecciones; de hecho ellas se efectuaron por ciudadanos oriundos de
esas circunscripciones residentes en Lima. Las mencionadas elecciones correspondieron a los representantes del cercado
de Lima y de los departamentos de Ayacucho, Cuzco, Huánuco, Tacna, Puno, Cajamarca, Moquegua y Tarapacá. En realidad,
salvo en la costa ocupada por el ejército chileno, no había una sola población sujeta al régimen de la Magdalena cuando
se instaló la legislatura de Chorrillos.
Completado en apariencia el quórum, ambas Cámaras sesionaron como Congreso el 10 de julio, en el mismo edificio de la
Escuela de Clases de Chorrillos. El territorio de dicha villa había sido declarado neutral por las autoridades de la
ocupación. Sin embargo la amenaza de los montoneros hizo que estuvieran ese día en lugares cercanos partidas de caballería
chilena apostadas en actitud de vigilancia. El cuerpo diplomático asistió a la sesión pero no con carácter oficial. También
asistieron algunos vocales de los Tribunales de Justicia.
 Poco después de instalarse el Congreso confirmó los poderes otorgados a García Calderón y se los prorrogó para que
continuara ejerciendo las funciones de Presidente de la República con arreglo a la Constitución de 1860 hasta que
fuese elegido el ciudadano que debía reemplazarlo en dicho puesto. Suscribieron la ley respectiva Francisco de Paula
Muñoz, presidente del Congreso, Víctor Eguiguren como diputado secretario y L. García senador secretario. Aurelio
Denegri renunció el ministerio que ocupaba.
García Calderón leyó su mensaje como Presidente provisorio. Hizo allí primero una recapitulación de lo ocurrido desde
el final de la legislatura de 1879. Censuró la salida del General Prado al extranjero por haber sido inoportuna, así
como el error de La Puerta al no hacer uso de la facultad que recibió para la emisión de billetes fiscales. Especial
énfasis tuvieron sus críticas a la revolución de Piérola y a la gestión de la Dictadura “que se inauguró matando las
libertades públicas, creando dificultades y poniendo asechanzas al ejército del sur cuya destrucción aplaudió; que
continuó derrochando en secreto los caudales públicos, sembrando la anarquía en las clases sociales y desprestigiando
al ejército con la infinita multiplicación de grados y la exclusión sistemada de los buenos elementos; y que concluyó
causando una terrible hecatombe en los campos de San Juan y Miraflores”. Sobre esta jornada afirmó, sin embargo que,
pocos jefes del ejército no hubiesen creído imposible vencer en ellas. García Calderón, calificado como traidor por
Piérola, hizo a éste las más duras acusaciones por la derrota, contagiado por el espíritu de virulencia frente al
adversario nacional que los documentos de todos los caudillos de la guerra con Chile exhalan, a veces con más saña que
la desplegada contra el enemigo común. En seguida dedicó breves párrafos a la génesis del nuevo gobierno y a la limitada
labor que hasta entonces había podido desarrollar. En cuanto a las autoridades chilenas llamó la atención sobre el hecho
de que el Congreso no había sido coactado, reconoció, a la vez, la negativa de los plenipotenciarios de ese país a la
cesación de hostilidades sin que se pusieran, por lo menos, bases generales de paz. Estas debía darlas el Congreso y era,
además, precisó no prescindir de Bolivia. Confesó, al mismo tiempo: "A mi modo de ver, la guerra no puede continuarse
por la falta de medios para llevarla a cabo; y por consiguiente la paz es necesaria". Concluyó con enfáticas declaraciones
de desinterés personal y con un solemne llamado a la unión del país.
LA AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO DE CHORRILLOS PARA QUE GARCÍA
CALDERÓN FIRMASE LA PAZ SIN CESIÓN TERRITORIAL.
El Congreso, en sesiones secretas, después de agitados debates autorizó a García Calderón para que negociara la
paz conforme a la Constitución de 1860. Es decir le prescribió que mantuviera la integridad territorial del país.
Las labores parlamentarias terminaron el 22 de agosto.
LA GESTIÓN DE ZAPATEL ANTE CÁCERES.
El Congreso de García Calderón facultó al diputado Daniel Zapatel para que gestionara la adhesión de Andrés A.
Cáceres y sus tropas proponiendo hacerlo 1er. Vice-Presidente (5 de julio de 1881). Cáceres reiteró su adhesión a
Piérola y pidió la cooperación con éste. El 16 de agosto de 1881, desde Matucana, lo felicitó por la elección hecha
por la Asamblea de Ayacucho.
LA ORGANIZACIÓN DE LA GUARDIA URBANA.
Con fecha 25 de junio de 1881 García Calderón dictó un decreto sobre organización de la guardia urbana de Lima.
Ella debía formarse con los vecinos notables interesados en la conservación del orden público. Entre otras prescripciones
este decreto ordenó que la guardia se compusiera de cinco legiones y que cada una de éstas, dividida en cuatro compañías
y dotada de dos jefes y su respectiva oficialidad, tuviese bajo su custodia uno de los cuarteles de la ciudad. Al mismo
tiempo anunció que oportunamente dispondría la guardia urbana de armamento y municiones.
Lynch, jefe de la ocupación chilena, estimó que el decreto olvidaba la verdadera situación de la capital, entregada a
la dominación de los vencedores bajo el imperio de la ley marcial y dirigió una carta privada a García Calderón para
pedirle explicaciones y exigirle la suspensión de este decreto. García Calderón repuso que la formación de la guardia
urbana no había tenido por finalidad su funcionamiento inmediato; se quería que ese cuerpo entrase a prestar servicios
cuando la autoridad peruana volviera a tomar posesión de la capital. Agregó que los ciudadanos habían sido llamados a
fin de tenerlos prevenidos poniéndose en el caso de que antes de mucho tiempo se realizaría ese cambio de ocupantes.
ACTITUD DE BOLIVIA ANTE EL GOBIERNO DE GARCÍA CALDERÓN.
El gobierno de García Calderón invitó, como se ha dicho, al de Bolivia para que enviara plenipotenciarios a las
negociaciones de paz con Chile.
El canciller Daniel Núñez del Prado repuso que su país, de acuerdo con el programa de la Convención Nacional, seguía en
estado bélico sin que esta actitud sirviera de obstáculo para ponerse de acuerdo con el gobierno del aliado de 1873 en
las negociaciones de paz; y agregó que se mantenía en ansiosa expectativa ante las complicaciones interiores surgidas
en el Perú, haciendo votos porque se arreglen (25 de junio de 1881).
Manuel María Gálvez, por el régimen de la Magdalena, repuso con expresiones de cordialidad y lealtad y señaló la
declaración de la propia Convención boliviana en el sentido de ir sólo a una guerra defensiva. Hizo, en seguida,
la apología del bando político del que formaba parte (11 de agosto).
Núñez del Prado respondió cada uno de los puntos de la comunicación anterior y fue explícito acerca de las dudas
que tenía sobre la verdadera personería de García Calderón, mencionando para ello las montoneras peruanas en la
región del centro, el Congreso de Ayacucho y la elección que éste había hecho a favor de Piérola, con quien mantenía
los vínculos de la alianza.
Luego Bolivia intentó mediar entre los beligerantes peruanos.
Después de la dimisión de Piérola y de la unificación producida en el Perú, en torno a García Calderón, el gobierno
de la República del altiplano reconoció a éste (diciembre de 1881). La circunstancia de haberse radicado en Arequipa,
en la parte final de la guerra, el Vice-Presidente Montero, facilitó sus relaciones con el Presidente Campero y así
volvieron a entrar nuevamente en comunicación oficial los dos jefes del ejército aliado en el Campo de la Alianza.
En mayo de 1882 envió Bolivia a su plenipotenciario Juan C. Carrillo en misión especial en el Perú. Carrillo se
comunicó desde Lima con Montero que estaba entonces en Huaraz y cuyo ministro de Relaciones Exteriores era Mariano
Álvarez, buscando fórmulas que implicaran acuerdos provisionales en relación con una posible tregua. Acerca de este
asunto se tratará posteriormente.
Armamento suministrado por Bolivia fue usado por el gobierno de Montero y, en parte, por Cáceres.
LA MEDIACIÓN NORTEAMERICANA Y EL CRÉDITO INDUSTRIAL LEVI P. MORTON Y JAMES
G. BLAINE. EL PROTECTORADO NORTEAMERICANO EN EL PERÚ.
La guerra se redujo a expediciones intermitentes de los chilenos al interior del Perú, luchas con las guerrillas o
tropas locales, sorpresas, escaramuzas, depredaciones, exacciones. Fue aquélla en suma, la exasperante, la tenaz,
la interminable guerra chica.
Brillaba una esperanza en medio de tantas aflicciones: el plan por García Calderón aceptado, para que el Crédito
Industrial y Comercial, entidad interesada en el guano y en el salitre que había tratado con Rosas y Goyeneche,
obtuviese la exclusividad de estos abonos, comprometiéndose a asumir, por cierto número de años, la deuda peruana,
a pagar a Chile una indemnización de veinte millones y a garantizar las obligaciones nacionales de ambos países. En
compensación con tales compromisos, no debía tener lugar la cesión del territorio de Tarapacá demandada por Chile.
Dicho territorio peruano podía quedar bajo el protectorado de Estados Unidos. Era, en suma, la reaparición del grupo
francés que Piérola puso de lado al optar por el fracasado arreglo con Dreyfus, esta vez bajo el amparo de la gran
República del Norte que había intentado mediar en el Lackawanna.
El Crédito Industrial y Comercial obtuvo el apoyo del ministro norteamericano en Paris, Levi P. Morton, miembro de
una empresa comercial privada, Morton, Bliss and Company, que celebró con Gautreau y Compañía, agentes del Crédito
Industrial, un convenio para el reconocimiento y el apoyo del gobierno de García Calderón por Estados Unidos. Morton
comunicó al Departamento de Estado que el Presidente de Francia Grévy condenaba “las pretensiones extravagantes de
Chile así como las condiciones de paz” (11 de agosto de 1881). El interés del Crédito Industrial por García Calderón
provenía, como se comprende, de que éste le había ofrecido la concesión ya mencionada. Morton, Bliss and Company
recibirían del Crédito Industrial el monopolio de la venta del salitre peruano en Estados Unidos, con una comisión
del 5% en las grandes cantidades exportadas.
 El Secretario de Estado norteamericano, James G. Blaine, cuyo nombramiento para ese cargo fue hecho en marzo de 1881,
actuó entonces en estrecha relación con Morton, a quien, precisamente él nombró en París, tras de un contacto con el
agente Francisco de P. Suárez del Crédito Industrial y con el ministro Federico Elmore que representaba a García
Calderón. El general Stephen Hurlbut, íntimo amigo de Blaine, fue nombrado ministro norteamericano en Lima. Reemplazó
a Christiancy quien en dos cartas a Blaine (el 4 y el 17 de mayo de 1881) había aconsejado el protectorado norteamericano
sobre el Perú o su anexión a Estados Unidos, sin que este gobierno aceptara la sugerencia.
Un comité del Congreso norteamericano absolvió más tarde a Blaine de la acusación de haber tenido una conducta deshonesta,
a pesar de la publicidad en ese sentido; pues habían muchas personas interesadas políticamente en desprestigiar al Secretario
de Estado (marzo a agosto de 1882). Pero lo que sí quedó en claro fue que, en opinión de éste, Chile estaba apoyado por
Inglaterra; le preocupaba, sobre todo, la perspectiva del monopolio británico en la costa occidental de América del Sur.
Con fecha 29 de noviembre de 1881 cursó Blaine una invitación a las Repúblicas del continente para que enviaran delegados a
una conferencia panamericana en Washington en noviembre de 1882. Su objetivo debía ser evitar las guerras entre los países
del hemisferio occidental y favorecer las mutuas relaciones entre ellos. Dicha conferencia fue cancelada cuando Blaine dejó
la Secretaría de Estado.
Más tarde fue el candidato a la Presidencia de la República contra Grover Cleveland. Para sus enemigos del partido demócrata
y aún para muchos republicanos, estaba mezclado en la corrupción política cuyo símbolo era una misiva suya que terminaba con
el post-scriptum "Queme esta carta". En las manifestaciones callejeras de los demócratas (cuentan los historiadores Morrison
y Commager) se cantaba durante esta campaña electoral:
Blaine, Blaine, James G. Blaine
The continental liar from the State of
Maine.
Burn this letter.
|
Los mismos autores dicen que Blaine relajó el tono moral de la vida pública y consolidó una malsana alianza entre política y negocios.
Cualesquiera que hubiesen sido los móviles de Blaine en su política en relación con la guerra entre el Perú y Chile, lo cierto
es que invocó en todo momento limpios principios de derecho si bien estuvo sucesivamente en conversaciones con distintos
interesados en las riquezas peruanas.
LA MISIÓN HURLBUT Y LAS RECLAMACIONES LANDREAU Y COCHET.
Las instrucciones dadas a Hurlbut eran las de colaborar en la formación de un gobierno único en el Perú e interponer los buenos
oficios de Estados Unidos para la paz sin cesión territorial. En esto Blaine no innovaba en la política de su antecesor, Evarts.
Pero la orientación nueva de Blaine iba a revelarse a través de varias actitudes fundamentales: el reconocimiento de García Calderón,
contra lo aconsejado por el anterior ministro en Lima Christiancy, que lo consideraba impopular; la vigorosa acción directa sobre
los dirigentes políticos peruanos para inducirlos a apoyar al nuevo Presidente y la aceptación de los proyectos del Crédito Industrial.
Luego Blaine auspició por un momento los reclamos de Juan Teófilo Landreau, (ciudadano francés que tenía un hermano nacionalizado
norteamericano) contra el Estado peruano, por no habérsele pagado el 33 y medio por ciento prometido por el descubrimiento de nuevos
depósitos de guano. La reclamación de Landreau, ascendente según distintas fases, a la variable suma de siete hasta ciento veinticinco
millones, había sido desechada por el Poder Judicial y por los tribunales peruanos.
La Compañía Peruana que se fundó a consecuencia de la reclamación Landreau y de otra análoga de Alejandro Cochet, contribuyó,
en alguna forma, por su lucha con el Crédito Industrial, al posterior fracaso de éste. Cochet, ciudadano francés, había afirmado
ser el descubridor de la utilidad del guano y pretendió tener derecho sobre una tercera parte de sus depósitos. Muerto en 1864,
su heredero era un hijo ilegítimo, también francés, quien vendió por precio mísero su reclamo al abogado americano Jacobo Shipherd,
organizador de la Compañía Peruana. Esta entidad, como sucesora de los pretendidos derechos de Cochet Landreau, se consideró con
acción real sobre la tercera parte del guano que había en el Perú años atrás. Apreciada en dinero dicha acción con intereses
acumulados, llegaba al crédito de 1.200.000.000 de dólares. Como la compañía sabía que la existencia del guano no pasaba de unos
pocos millones, pretendía que se le pagara el resto con el salitre de Tarapacá. Aspiraba, asimismo, a que sus derechos, como más
antiguos y reales, fuesen considerados como preferentes a los que Chile o los acreedores europeos tuviesen sobre esa materia;
pero ofrecía pagar a los vencedores en su guerra con el Perú la indemnización por el triunfo, avaluado en 100.000.000 de dólares.
El propósito de la Compañía Peruana era entablar una reclamación contra el Perú, fundada en los títulos a que se había hecho
referencia y hacerla aceptar por García Calderón a quien suponía dispuesto a ello antes de ceder territorio a Chile, todo esto
bajo la protección de Estados Unidos.
Por su parte, el ministro boliviano Ladislao Cabrera intentó formar en Estados Unidos una gran empresa para que obtuviese ya el
monopolio, ya el protectorado sobre los depósitos de salitre y guano, a cambio de lo cual debía pagar una indemnización de 30.000.000
de pesos a Chile, hacer el servicio de la deuda del Perú y entregar el sobrante al Perú y a Bolivia. El plan de Cabrera, remitido
al Departamento de Estado, quedó archivado.
ENÉRGICA ACCIÓN DE HURLBUT EN EL PERÚ. CHIMBOTE: ¿BASE NAVAL Y CARBONERA DE ESTADOS UNIDOS?
Hurlbut envió con fecha 24 de agosto de 1881 un memorándum a Lynch, cuya copia fue entregada a García Calderón y que, además,
fue publicado en la prensa. En este memorándum planteó la necesidad de la paz, reconoció el derecho de Chile a una indemnización
por los gastos de la guerra; convenida entre las partes o determinada por un árbitro; pero condenó “la transferencia de territorio
indudablemente peruano a la jurisdicción de Chile sin manifestarse primero la inhabilidad o falta de voluntad del Perú para pagar
indemnización en otra forma”. Agregó aquí la siguiente frase: “Un proceder semejante de parte de Chile encontraría una decidida
desaprobación de los Estados Unidos”. Condenó en otro párrafo la conquista y afirmó acaso en tono amenazante: “El espíritu militar
y agresivo se opondrá a nuestro juicio, a su progreso genuino; excitará animosidades peligrosas y acumulará en su contra muchos elementos”.
A un grupo de notables limeños, a pedido de ellos, les hizo el representante norteamericano las siguientes declaraciones: 1°)
Los Estados Unidos están primeramente en favor de la cesación de las hostilidades entre Chile y el Perú y del pronto restablecimiento
de la paz. 2°) Son decididamente opuestos a toda desmembración del territorio del Perú excepto con el libre y pleno consentimiento
de esta nación. 3°) Son de opinión que Chile ha adquirido como resultado de la guerra el derecho de indemnización por los gastos de
ella y que el Perú no puede rehusar el pago. 4°) El gobierno de Chile sabe que éstas son las ideas de los Estados Unidos; pero las
divisiones que existen en el Perú paralizan los buenos efectos de los Estados Unidos y dan pretexto a Chile para eludir la acción de
éste en conformidad con nuestros deseos y para prolongar el estado de guerra y la ocupación militar del Perú... La unión bajo cualquier
forma que se elija hará desaparecer el pretexto para Chile y dará a los Estados Unidos una ventaja que han menester y de la cual
sabrán cómo aprovechar. Ninguna otra cosa, a mi juicio, salvará al Perú"...
Hurlbut escribió, además, a Aurelio García y García, ministro de Piérola, una carta feroz a la que pertenecieron los siguientes
conceptos: "Apoderarse el señor Piérola del mando supremo y arrogarse una autoridad que la Constitución desconoce, fueron actos
revolucionarios y atentatorios al acatamiento debido a la ley. La manera violenta y compulsiva cómo esa revolución se llevó a
cabo imprimió al hecho el carácter de un crimen contra la libertad. La Dictadura fue una fiera tiranía, autocrática y despótica
en su plan, en su título y en sus actos". La carta entró, además, en duras acusaciones contra Piérola por su actuación en el
campo hacendario, militar y político. La finalidad de esta actitud era eliminar al obstáculo que existía para que García Calderón
fuese reconocido en la zona no ocupada del Perú. Llegó a negociar Hurlbut con el Presidente de la Magdalena la cesión de una base
naval y carbonera para Estados Unidos en territorio peruano. Abarcó la zona de Chimbote que debía ser entregada junto con el
ferrocarril que conectaba el puerto y las minas de carbón en el interior (20 de setiembre de 1881). Este arreglo no fue aprobado,
más tarde, por el gobierno norteamericano, expresando que Hurlbut lo había celebrado "sin instrucciones y sin permiso".
Un telegrama dirigido por Hurlbut al gobierno de la República Argentina para que nombrara un representante en Lima ante García
Calderón, causó gran recelo a los directores de la política chilena.
LA GESTIÓN DE LOS MINISTROS DE INGLATERRA Y FRANCIA ANTE GARCÍA CALDERÓN.
Una gestión que ha pasado generalmente desapercibida es la que hicieron ante García Calderón los ministros de Inglaterra y de
Francia en Lima para que firmara la paz con la cesión de Tarapacá. A ella se refiere este Presidente en sus Memorias del cautiverio:
“Faltando a lo pactado con Estados Unidos de Norte América (la autoridad chilena) me exigió que declarase si estaba o no dispuesto
a aceptar las condiciones de paz que tenía establecidas, una de las cuales era la cesión de una parte del territorio peruano; y,
entre otros medios de que echó mano para conocer mi pensamiento, se valió de los señores ministros de Inglaterra y Francia residentes
en Lima, para que me dijeran que si me hallaba dispuesto a ceder a Chile el departamento de Tarapacá, ellos podrían conseguir que el
tratado de paz se firmase en veinticuatro horas. No pude aceptar esta mediación, tanto por no desairar la de los Estados Unidos,
cuanto porque el Perú no estaba entonces dispuesto a consentir en la desmembración de su territorio. Además, en mi caso, teniendo
de un lado la perspectiva de la paz sin cesión de territorio mediante los amigables oficios de los Estados Unidos; y de otro, la
necesidad de perder una parte del territorio peruano, defiriendo a la mediación de los señores ministros de Inglaterra y Francia,
nadie habría vacilado en la elección.”
ESTADOS UNIDOS EXIGE DE GARCÍA CALDERÓN QUE NO ADMITA LA MEDIACIÓN EUROPEA.
Por su parte, la política norteamericana fue la de impedir la acción europea. El mismo García Calderón expresó: “El gobierno de los
Estados Unidos exigió del gobierno provisional (es decir, el de él) que no admitiera la mediación de ningún gobierno europeo y dijo
al gobierno francés que los Estados Unidos por sí solos arreglarían las cuestiones del Pacífico; y en definitiva nada hizo y tampoco
dejó hacer”.
Oficialmente el gobierno de García Calderón no obtuvo nunca el reconocimiento de las grandes potencias europeas, ni tampoco de la
mayoría de los países del continente americano. Además de Estados Unidos, sólo anunciaron su propósito de entrar en relación con él
Costa Rica, Uruguay, Suiza y Dinamarca.
LA ACTITUD CHILENA ANTE GARCÍA CALDERÓN EN SETIEMBRE Y OCTUBRE DE 1881.
A pesar de este aislamiento diplomático y de la irrisoria zona donde ejercía su soberanía, García Calderón se hizo temible ante los
chilenos. Con la respuesta trasmitida por los ministros francés e inglés se persuadieron ellos definitivamente de que no haría la paz
con cesión de territorio. Tenía a su favor su propia autoridad moral, la acción estimulante de Estados Unidos a través de la enérgica
conducta de Hurlburt, la promesa de los fondos que el Crédito Industrial parecía dispuesto a proporcionarle para cancelar la indemnización de guerra y compensar con ella el rechazo de la amputación territorial. A su alrededor se estaba produciendo la reagrupación de las facciones peruanas. Y decidieron eliminarlo.
DESARME DE LAS TROPAS DE GARCÍA CALDERÓN.
El 5 de setiembre Lynch ordenó el desarme de los pocos gendarmes acantonados en Magdalena, Miraflores y Chorrillos. Se verificó este
acto sin resistencia. Jefes y oficiales quedaron en libertad y los individuos de tropa se dispersaron. Las armas, municiones y demás
pertrechos fueron depositados en los mismos lugares que servían de cuarteles a las tropas de ocupación.
Lynch afirmó que se encontraron roles de revistas por los cuales se demostraba la existencia de dos tercios más del número de soldados
permitidos e igualmente, que se descubrieron armas, municiones, ametralladoras y cañones cuya existencia era ignorada por el cuartel
general chileno.
El ministro Gálvez manifestó al jefe de la ocupación su extrañeza por lo ocurrido, sin previa notificación cuando se esperaba discutir
pronto las bases preliminares de paz. Lynch repuso que la medida obedecía a motivos de conveniencia y seguridad para su ejército, se
justificaba por hechos ocurridos en el seno de las tropas consentidas en el territorio neutral y no significaba la violación de acuerdos
anteriores ni perturbaba los resultados de las entrevistas sobre la paz. En esta respuesta hizo público que las montoneras recibían ayuda
de hombres, armas y municiones desde Lima y sus alrededores ante la impasibilidad o la tolerancia del gobierno de García Calderón cuyas
tropas no ofrecían garantías a la autoridad chilena en caso de un ataque a la capital y más bien servían para alentar y fortalecer a los
sostenedores de la resistencia, habiendo desertado muchas de ellas e ingresado a las filas de Cáceres sobre todo cuando éste se negó a
aceptar la primera Vice-Presidencia que le ofrecieron algunos congresales de Chorrillos.
Pero la verdadera finalidad de la medida fue preparar la eliminación de García Calderón. "Visitome el señor Gálvez (cuenta Lynch) y a
más de lo expuesto en mi comunicación, tuve oportunidad de manifestarle que a mi juicio aquel acto militar indispensable no podía menos
de originar la desaparición del gobierno provisional, opinión en que estuvo de acuerdo conmigo".
PRISIÓN DE GARCÍA CALDERÓN.
Seguro de que se tomarían medidas contra su persona, García Calderón mandó citar clandestinamente el 29 de setiembre al Congreso en su
propia casa, en Lima. "Abierta esa sesión conmovedora, mustios los semblantes, en el silencio precursor de los grandes acontecimientos
que sólo interrumpía el paso acompasado de las patrullas enemigas, el Dr. García Calderón habló con acento firme y sencillo". Se declaró
resignado al sacrificio personal y propuso la elección de un Vice-Presidente y recomendó para ese cargo, por su graduación y por dominar
un sector del territorio, al contralmirante Montero.
Tres días antes, el 26 de setiembre, los chilenos habían tomado posesión de la Caja Fiscal del gobierno peruano y habían embargado sus
fondos en el Banco de Londres.
El 28, por bando, quedó suspendido el ejercicio de toda autoridad que no estuviera establecida por el Cuartel General de la ocupación.
Lynch comunicó dicho bando en una carta privada a García Calderón. La respuesta de éste fue un largo alegato, uno de los muchos que en
esta época redactó y que culminaron con los que envió a Logan y a Iglesias desde el cautiverio.
LA POLÉMICA ENTRE GARCÍA CALDERÓN Y LYNCH.
García Calderón dejó constancia allí de que las autoridades chilenas habían tratado con él aceptando, en pago del cupo por ellas impuesto,
billetes por él emitidos y dinero pedido en préstamo a extranjeros residentes en el país. Además, el plenipotenciario Joaquín Godoy tuvo
con él conferencias sobre la paz. En cuanto al origen de su autoridad, García Calderón afirmó que no había reposado en la orden o en la
tolerancia del gobierno chileno sino en el voto de los peruanos que lo eligieron y del Congreso que confirmó y prorrogó sus poderes. No
podía ser, pues, suprimido como si se tratase de una oficina chilena. El desarme de las tropas de la Magdalena le pareció explicable si
se quería que no se practicaran actos de hostilidad o de fuerza u otra manifestación pública que resultara incompatible con la ley marcial.
La toma de posesión de la Caja Fiscal y el embargo de los fondos depositados en el Banco de Londres, procedentes de un préstamo de este
mismo banco, en cambio, los encontró exentos de toda justificación. Su resuelto propósito de no desmembrar el territorio peruano como
base del tratado de paz era la verdadera causa de las medidas que se acababan de dictar. Enumeró en seguida las razones por las cuales
le parecía imposible la cesión: la voluntad peruana de oponerse a ella, la segura caída del gobernante que la firmara, la renovación
eventual de las hostilidades, la inaplicabilidad del derecho de conquista en América. En cambio, se manifestó dispuesto, una vez más,
a pagar una indemnización razonable por los gastos de guerra para lo cual tenía los medios suficientes.
 A esta carta -del 29 de setiembre- que García Calderón hizo publicar, a la vez que dirigía una circular a los cuerpos diplomáticos y
consular, Lynch contestó el 1º de octubre, aclarando que la suya era una comunicación de carácter privado. Adujo allí que sus relaciones
con Manuel María Gálvez se habían debido a que este señor iba con frecuencia a su oficina y recordó que ya antes le había escrito cartas
al propio García Calderón. Todos los actos de relación de las autoridades chilenas con el llamado gobierno de la Magdalena, al que faltaban
condiciones de vida y estabilidad, fueron para facilitar el camino por donde llegara a constituirse de modo permanente. “Encontrándose el
gobierno provisorio (agregaba) con sus poco afortunadas huestes desarmadas, inhábil para tratar, incapaz de organizar un poder dejando mucho
que desear en materia de buenos propósitos, ha llegado el momento de poner término al ejercicio de sus funciones que hasta aquí sólo ha podido
desempeñar con nuestra tolerancia”. No cabe, seguía diciendo, en una nación la existencia de una autoridad política en presencia de un ejército
enemigo que ha invadido la misma capital en que establece su asiento ese régimen, para crear una entidad verdaderamente curiosa en un país que
se encuentra en guerra exterior, o sea de un Presidente pacífico sin poder para combatir. El dinero de la Caja Fiscal y otras oficinas eran de
propiedad del país enemigo de Chile. La ley marcial llegaba no sólo a los elementos bélicos sino a todos los que podían ser utilizados en
contra del ocupante. Acusó, por último, a García Calderón de haber formado el gobierno con la idea de aceptar las condiciones chilenas
planteadas en las conferencias de Arica y de haber mudado luego de parecer; y también de estar guiado por sentimientos americanistas elevados
pero ineficaces y muy poco prácticos.
García Calderón volvió a escribir a Lynch el 5 de octubre. Insistió en que, a propósito del cupo, el general Saavedra, investido anteriormente
con la máxima autoridad de la ocupación, había estado en relación con él dándole tratamiento de jefe de Estado y que no había habido plazo,
condición o reserva en relación con su personería cuando se verificaron las conferencias para la celebración de la paz. Otros actos de los
dirigentes chilenos confirmaban esta misma situación. El reconocimiento de su autoridad efectuado en diversos lugares del Perú, no solamente
allí donde llegaba la influencia de las armas chilenas, le daba un respaldo auténtico. Si no era gobierno, no constituían propiedad nacional
los fondos de la Caja Fiscal y de otras oficinas que habían sido embargados.
La adhesión que le prestaron Arequipa, Moquegua, Puno y Cuzco a mediados de octubre precipitó el acto de fuerza de que fue objeto García
Calderón por parte de las autoridades chilenas en Lima. Si esta medida hubiese sido dictada un mes antes, aunque siempre hubiese sido
arbitraria, habría podido cohonestarse en apariencia afirmando que el Perú no reconocía la autoridad erigida en la Magdalena, fuera del
territorio ocupado por los invasores. Al ser obedecido este régimen en principio por todo el Sur de la República y por su ejército, la
captura del Presidente implicó un ataque a la soberanía y a la independencia de la nación peruana.
La acusación de que había continuado ejerciendo actos de gobierno fue formulada por el ayudante de campo del general en jefe del ejército
chileno el 6 de noviembre de 1881 para tomarlo preso en su domicilio. Los representantes diplomáticos que vivían en Lima guardaron silencio
y continuaron en el cumplimiento, de la peregrina misión de vivir en un país ante el cual estaban acreditados y en el que, a su juicio,
no había gobierno, pues a ninguno reconocían.
LAS RAZONES QUE TUVO GARCÍA CALDERÓN PARA ACEPTAR SU CAUTIVERIO.
A la misma hora en que García Calderón era privado de su libertad, el comandante de policía capturó a Manuel María Gálvez. Llevados ambos
personajes al Palacio de Gobierno permanecieron allí pocos instantes. Fueron conducidos al Callao en un tren expreso y, de la estación,
pasaron al muelle para ser llevados a bordo del blindado Cochrane. Los acompañó por su propia voluntad el capitán de corbeta Pedro Gárezon.
García Calderón pidió y obtuvo el permiso de un día en el Callao para arreglar sus asuntos.
El Presidente que había gobernado en la Magdalena por tan corto tiempo y con tantas limitaciones y amarguras, tuvo tiempo para escoger
entre el cautiverio, la fuga secreta de Lima como segunda alternativa, o la aceptación de las condiciones chilenas como tercera posibilidad.
Descartada esta última, en el plazo transcurrido entre el desarme de los gendarmes de la Magdalena y la prisión pudo ocultamente trasladarse
a Arequipa. No quiso emprender ese viaje por razones muy poderosas. No habría tenido otro resultado dijo en su carta, a Iglesias, fechada
el 8 de febrero de 1883 en Valparaíso que el de prolongar la guerra civil y la especie de puja que Chile se proponía desde entonces
establecer, apoyando a aquel partido que más ventajas le ofreciera. Además (agrega en el mismo documento) pensé que sólo entregándome como
víctima al sacrificio y dando de este modo una prueba palpable a los pueblos del Perú, de que mi conducta no tenía por base la ambición de
mando sino la defensa de la República, y de que no estaba ligado a los chilenos para traicionar a los peruanos, todos los pueblos se
unificarían fácilmente.
La aceptación de las condiciones de Chile para evitar la prisión no le pareció a García Calderón convenientemente por tres razones: por
lealtad a principios jurídicos y morales, porque él todavía creía posible la paz sin cesión territorial y porque, como existía en la
sierra el régimen de Piérola, habría encabezado la protesta contra el tratado. La determinación que tomó fue, en consecuencia, resignarse
a la prisión con la esperanza de que ella unificara al Perú y de que en esas condiciones llegase a firmarse la paz sin amputación territorial.
EXPATRIACIÓN DE GARCÍA CALDERÓN.
García Calderón y Gálvez fueron conducidos en el Cochrane a Pisco, donde se les trasladó al transporte Chile que los llevó a Valparaíso
junto con un grupo de soldados enfermos y oficiales licenciados. Antes de partir, pudo García Calderón firmar comunicaciones a los jefes
de los distintos grupos armados del norte (Montero), del sur (La Torre que había reemplazado al Del Solar, como se verá en seguida) y del
centro (Cáceres). Lanzó también una proclama al país, en la que pidió la unión nacional y dejó constancia de que su ostracismo era debido
a la energía con que defendiera la integridad del territorio y la soberanía de la nación.
Siguió al proscrito en la azarosa aventura que aceptó emprender su joven compañera Carmen Rey Basadre con quien se acababa de desposar.
LA JUNTA PATRIÓTICA Y LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE MONTERO.
 Del 28 de setiembre hasta el 6 de diciembre de 1881 funcionó en Lima una “Junta Patriótica” a raíz del destierro de García Calderón.
Esta Junta tuvo por objeto dirigir el movimiento político iniciado por el gobierno del Presidente cautivo y atender a la situación
anormal que se produjo al quedar deshecho ese régimen. La encabezaron Carlos Elías y Manuel Candamo. Con el carácter de tesorero actuó
Elías Mujica. Como fondos dispuso la Junta de las erogaciones voluntarias de los simpatizantes con la causa y del producto de bonos de
aduana provisionales que firmaron sus dirigentes.
A partir del 6 de diciembre de 1881 actuaron los mismos ciudadanos como “Delegación” del gobierno que Montero encabezó primero en
Cajamarca, luego en Huaraz y por último en Arequipa. La Delegación recibió un pequeño saldo de dinero que había reunido la Junta.
Además, percibió los derechos de las aduanas de Huacho, Supe, Cerro Azul, Lomas y Chala.
Autorizó en ellas diferencias de cambio en los despachos de pólizas, lo cual influyó sobre el monto de los derechos que fueron liquidados.
Utilizó los bonos de aduana cuya creación quedó autorizada por decreto expedido en Cajamarca el 9 de enero de 1882; la emisión fue de
S/. 100.000 plata representada por 1.000 bonos de S/. 100 cada uno, con las condiciones de interés y amortización expresados en su texto.
Llegó a celebrar contratos, como el que firmó relativo a la redención y cancelación de los censos que gravaban a la hacienda de Matacache
en el valle de Santa y la de Santa Bárbara en el de Cañete de propiedad de Enrique Swayne. Pagó con sus fondos la multa que la autoridad
chilena le impuso en junio de 1882. Hizo operaciones con el Banco Nacional del Perú. Condonó a la casa Canevaro y Cía. parte de los derechos
que le correspondía pagar por la exportación de una cantidad de azúcar embarcada en el puerto de Supe en enero de 1882, con destino a
Liverpool, compensando tres mesadas de la contribución de guerra impuesta por la Municipalidad de Huacho.
Tanto los señores Elías y Candamo como Elías Mujica presentaron las cuentas de la Junta y las de la Delegación a la comisión investigadora
de créditos del Estado que presidió don Rufino Torrico en 1884.
La Junta Patriótica y la Delegación cumplieron, además importa mucho señalarlo, labores de coordinación y estímulo nacional en relación
con el desarrollo de la guerra y también tareas de carácter político. Los chilenos acusaron a al Delegación de estar en contacto con
Cáceres y de haber colaborado en la resistencia de los Andes. Como se verá mas adelante, ella entró en tratos con el ministro de Brasil
para la desocupación chilena, antes de la formación del gobierno de Iglesias. Su labor fue comparable a la de los agentes confidenciales
ante el cuerpo diplomático. Al decano de éste, Tezanos Pinto, se dirigió para el reconocimiento de Montero.
En agosto de 1882 Elías y Candamo fueron reducidos a prisión por las autoridades chilenas y enviados a Chile.
El obispo del Cuzco Pedro José Tordoya actuó en Lima como delegado del régimen de Montero.
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