Sobre el segundo ciclo doctrinario cabe hacer el siguiente esquema, continuando y completando el esquema anterior:

El segundo ciclo de las divergencias doctrinarias se inicia después de que el militarismo sin control ha traído nuevos desastres: guerra con Bolivia, anarquía de 1842. El Directorio de Vivanco (1843-44) aunque sostenido por muchos militares, tiene ya una incipiente tendencia civil revelada en sus esfuerzos por reducir el ejército, en su lucha contra la insubordinación entronizada, en su campaña periodística contra los militares ignorantes, improvisados, burdos, corrompidos. Tiene asimismo una tendencia  autoritarista ("para traer la paz es necesaria la violencia") dentro de su atmósfera de decoratismo casi monárquico con reminiscencias también de los "pelucones" chilenos. Pero Vivanco demuestra carecer de condiciones milita res cuando Castilla y Nieto se sublevan en el sur, a pesar de que se jacta de poseer "la táctica de Ulm y de Jena".

Ante la guerra civil larguísima, Elías se pronuncia contra Vivanco y contra su contendor Castilla; encabeza un formidable movimiento defensivo de Lima contra las tropas que trae Echenique, jefe vivanquista para intimidar a la capital, agitación conocida con el nombre de "la semana magna" de 1844; y con ello se esboza una nueva generación civilista, en el sentido literal de la palabra. Otro síntoma es la aparición del libro de Vigil "Defensa de los gobiernos y de los obispos contra las pretensiones de la curia romana" en 1846 pretendiendo demostrar que se puede ser católico y ciudadano   libre   de   un   Estado, queriendo devolver al Estado algunos atributos e instituciones (dotación del clero, creación  de obispados, presentación de obispos, fueros, inmunidad eclesiástica en  contribuciones,  asilo etc. etc.), propugnando  el matrimonio de los eclesiásticos y la tolerancia de cultos,  reglamentando la profesión monástica para que así el clero pertenezca más a la sociedad sin desmedro de su ministerio, distinguiendo entre Curia Romana (sistema de pretensiones para acrecentar interminablemente las facultades del Romano Pontífice) y Santa Sede (asiento delegado por Jesucristo en la persona de Pedro). Más o menos, eso mismo habían dicho Laso y Vidaurre; pero aquí fué puesto en una obra dedicada especialmente al asunto, con un criterio canónico más que jurídico o constitucionalista, y por un antiguo sacerdote. La excomunión fulminada por Pío IX y la gallarda defensa de Vigil precisan más la vertical posición de éste.

Pero de otro lado, hay síntomas que señalan también un renacimiento autoritarista. Aparece Bartolomé Herrera con su sermón en las exequias de Gamarra en 1842, sermón que abandonando el convencionalismo de esta clase de oratoria, es una vigorosa llama da al orden al país. Hay cierto parecido paradojal entre la aparición de Herrera y la de González Prada, soñando también despertar al país con su voz severa ante otro Desastre. Con un contenido providencialista, "ordenador", sin brillo literario, con más continuidad, la voz de Herrera; con fuerza verbal, con odio a las castas y a los hombres privilegiados la voz de Prada. Llevado poco después Herrera al Rectorado del Colegio de San Carlos, reorganiza este instituto, re nueva sus programas, disciplina a sus estudiantes y predica permanentemente su credo autoritarista. Para él, la soberanía es el derecho de mandar; nace de la naturaleza humana y de las eternas leyes sobre que descansa la verdad. Los pueblos tienen el deber de obedecer a su soberano (no lo han creado, no pueden destruirlo). No obliga el soberano sólo porque manda sino porque manda en cumplimiento de una ley natural. La soberanía humana se deriva del derecho y él la limita. El hombre que la ejerce no es sino, ministro de Dios para el bien. ¿Y quién es el legítimo soberano? El que gobierna habitualmente conforme a los principios reconocidos de justicia que nacen del destino común de las sociedades y del particular de la nación. En la sociedad actual, será soberano el llamado por las leyes. ¿Y si no hay leyes? Hay quienes están destinados a mandar; otros, a obedecer (derecho a la soberanía). Para constituirse en soberanos, se requiere el consentimiento del pueblo manifestado en la obediencia (derecho de soberanía). El pueblo no delega: consiente.

En aquella época, lozana la fé en la democracia liberal, tales doctrinas tenían que ser recibidas con horror. Pero Herrera resulta precursor del movimiento que en nuestra época ha abandonado esa fé; y en sus notas a Pínheiro Ferreyra, texto para los estudiantes de San Carlos, habló lúcidamente de la debilidad, de la corrupción, de la inquietud perturbadoras de los Congresos. Cayendo en un dilettantismo comparativo cabe vincular las ideas de Herrera — adaptación y divulgación de doctrinas europeas — con las que hoy propugnan Charles Maurras y "La Action Francaise"; pero Maurras con espíritu católico heterodoxo a base de una cultura helénica, clásica, profana que busca en la propia tradición de Francia su gobierno mejor, encontrando que fué la monarquía y haciendo propaganda literaria y periodística más que providencialista y didáctica.

Sobre la obra del grupo de Pando, la obra de Herrera tuvo la desventaja de carecer de inmediata virtualidad política propia: era más bien teórica y hasta filosófica. Herrera, personalmente, hubo de solidarizarse con Echenique que no representaba específicamente sus ideas sino ciertas buenas condiciones privadas, medios de fortuna. Además, el predominante contenido providencialista  de la obra de Herrera, convertido en clerical y ultramontano sobre todo en su actuación posterior, le da una peculiaridad sectaria que Pando y sus amigos no tuvieron. Sobre ellos tiene Herrera, sin embargo, la ventaja de su elevación principista, de su difusión estructurada desde la cátedra y el Parlamento. Pando y sus amigos hicieron intensa pero dispersa obra periodística, fueron más realistas y zigzagueantes, no condensaron sus ideas, no les hicieron propaganda arquitecturada. Carecieron, además, de espíritu de apostolado, se quedaron en su orgullo de cenáculo, no se preocuparon de gravitar sobre la juventud, pensaron en el presente más que en el futuro. Pero Pando y Herrera coincidieron siempre en el horror a la anarquía y en el desdén a la masa ignara del país.

La aparición de Herrera marca una reacción liberal que tiene tres importantes manifestaciones iniciales: la polémica de Laso con Herrera, las discusiones parlamentarias entre Pedro Gálvez y Herrera y la rivalidad Guadalupe - San Carlos. Laso, fundador de la Independencia, antiguo defensor del autoritarismo político, que no había actuado a través de una trayectoria única, vuelto a su credo liberal al ocupar un sitial en la Corte Suprema, objeta a Herrera sus ideas sobre la soberanía expuestas por éste resuelta y dialécticamente en el famoso sermón de 28 de Julio de 1846 y defiende el dogma de la soberanía del pueblo. Pedro Gálvez ha sido el mejor discípulo de Herrera en San Carlos y le hace el mejor homenaje como tal: el homenaje de la discrepancia doctrinaria y sus duelos oratorios culminan en el debate sobre el sufragio de los indígenas en 1849. De otro lado, Guadalupe fundado para dar instrucción elemental a los hijos de don Domingo Elías va creciendo en importancia, se convierte en foco de enseñanza superior bajo el rectorado de Sebastián Lorente y de Pedro y José Gálvez y entra en rivalidad con San Carlos: ella no está en las materias mismas sino en los principios filosóficos y políticos. San Carlos — ya lo ha dicho Jorge Guillermo Leguía — encarna el sentido del orden, Guadalupe el de la libertad. San Carlos el espíritu aristocrático o mejor dicho aristárquico; Guadalupe el espíritu democrático. San Carlos la doctrina de la soberanía de la inteligencia; Guadalupe la doctrina de la soberanía del pueblo. San Carlos el providencialismo y el clericalismo; Guadalupe el laicismo. San Carlos la tendencia a la disciplina de obediencia; Guadalupe la reivindicación de la libertad de discusión y de conciencia. San Carlos sigue a Guizot y Cousin: Guadalupe a Benjamín Constant. La rivalidad Guadalupe - San Carlos, por lo demás, culminante entre los años 1849 y 1852, se opaca con la clausura de Guadalupe por el gobierno de Echenique, con el triunfo de la revolución liberal de 1855 que lleva al Rectorado de San Carlos, aunque por breve tiempo, a José Gálvez, con la conversión que la reforma de 1855 hace de Guadalupe reduciéndolo a colegio de instrucción media.

Pero la segunda generación liberal que está insurgiendo tiene también un exponente propio en la política: el Club Progresista. Nace el Club Progresista (cuyos secretarios fueron Pedro Gálvez y José Sevilla) en la agitación electoral de 1849-51 con motivo de la sucesión de Castilla y propicia el primer candidato civil, el propio don Domingo Elías, jefe de la "semana magna", propietario de Guadalupe. Se organiza además como un embrión de partido político y lanza un programa que incluye el fomento de la inmigración, la reforma del sistema tributario, la unidad de las Cámaras, el establecimiento de escuelas para artesanos la difusión de la instrucción pública, la abolición de la pena de muerte, la elección directa, la reducción del período presidencial, la responsabilidad ministerial, la reducción del ejército, la organización de la guardia nacional, la economía en los gastos; y, sobre todo, el gobierno civil. Fué vencido este primer civilismo en las elecciones de 1851 donde se emitieron votos que textualmente decían "por don Domingo Elias porque es hombre de frac" y se formó un Club "El Frac Negro". Triunfante el candidato oficial, Echenique, el Club Progresista se declara en receso y clausura su periódico "El Progreso" cuyas páginas representan en todo momento la dilucidación serena, elevada y concreta de los problemas nacionales de aquella época. Pero en su último editorial, "El Progreso" que no mira aún maduro el momento para practicar el derecho de insurrección y que, en general, cree que la transición hacia un estado mejor es lejana porque el espíritu público es embrionario, impera el despotismo militar y los indios son bestias de carga; se ufana,  sin embargo, de haber sembrado una semilla y expresa su esperanza de que el cielo mande la lluvia que la haga germinar.

Vencida en las urnas electorales, la segunda generación liberal no quedó con más órgano de gravitación sobre el país que el colegio de Guadalupe cuyo rectorado pasó en 1852 a don José Gálvez. Incidentes como el de la carta de don Benito Laso al presidente Echenique para que al ser enviado Herrera a Europa no firmase el concordato, fueron aislados. Don Domingo Elías entró en relaciones con el gobierno debido a las necesidades de sus vastas relaciones comerciales y sólo más tarde, en 1853 osó erguirse contra él en sus famosas cartas. En el periodismo, apenas si surgió fugaz la obra de "El Heraldo de Lima". La aplastante mayoría echeniquista hacía imposible toda intentona de oposición parlamentaria: los Congresos del 51 al 53 se hicieron notar por su incondicional sujeción a los mandatos del gobierno, débil en política internacional (ante Bolivia y Ecuador) y pródigo en política hacendaría (la Consolidación) y sólo unos cuantos nombres quedaron limpios en el Parlamento: Vigil, Pedro Gálvez y Manuel Toribio Ureta quien inicia entonces su evolución hacia el liberalismo.

Bajo la aparente calma chicha en que navegó la administración de Echenique después de las sacudimientos inmediatamente posteriores a la contienda electoral, se fué incubando el más vasto movimiento ideológico y social que ha habido en nuestra Historia durante el siglo XIX. A ello contribuyó la difusión de las ideas revolucionarias que se expandieron desde Europa a consecuencia de la revolución de 1848. Si como causas inmediatas para la revolución contra Echenique estuvieron su política ante Ecuador y Bolivia y los escándalos de la Consolidación, para los liberales Echenique no era sino el símbolo de la vieja burocracia militar, la Consolidación implicaba el banquete de la vieja generación y la revolución misma era una especie de juicio de Dios. Iniciada por Elías, afianzada por Castilla, la revolución fué secundada ardorosamente por los liberales y José Gálvez apenas concluyó el año de 1853 en Guadalupe tomó el camino de la sierra para obtener con las armas la implantación de lo que propagara con la palabra. Su hermano don Pedro se incorporó también al ejército pero en el grueso, en el núcleo principal de él, al lado de Castilla dando a la campaña su valor ideológico al asumir la secretaría general de la revolución desde donde abolió el tributo: Castilla no hizo sino secundar esta iniciativa, acomodándose a la temperatura revolucionaria de aquel momento. Poco después, comparte Ureta la secretaría de la revolución con Gálvez y comparte también con él la gloria pues auspicia y firma la libertad de los esclavos. Es así como recién se precisa por primera vez el liberalismo en un sentido social, vagamente anunciado ya en el programa del Club Progresista.

Después de la batalla de La Palma que redundó en un definitivo desastre para el gobierno de Echenique, se instaló en Lima un gobierno revolucionario provisorio presidido por Castilla que tuvo como ministros a Domingo Elías, a Pedro Gálvez y a Manuel Toribio Ureta. Contó, sin embargo, con la oposición de una juventud radical revelada en periódicos fugaces: "El Porvenir", "La Actualidad", "La Revolución" etc. El documento máximo de esta oposición radical es el folleto "El Gobierno de la libertad" del tribuno chileno Francisco Bilbao que había actuado en la revolución con la prédica y con el fusil. Publicado en Febrero de 1855, este folleto censura al gobierno provisorio por sus contemporizaciones: ha debido establecer la guardia nacional universal y plantear un programa de reformas para que la prensa y los clubs lo discutiesen. Bilbao sueña con el gobierno directo del pueblo a base de la unidad de la soberanía popular juzgando un error de la República Francesa haber establecido su delegación: todo ciudadano debe ser legislador; en vez de congreso y ejecutivo debe venir la omnipotencia de la, asamblea popular y la constitución de un tribunado, agente dependiente del pueblo con mandato imperativo, revocable, responsable y reelegible. Las ideas de Bilbao aunque no fueron del todo seguidas, fueron profundamente admiradas por una    juventud rebelde agrupada en los periódicos citados y en la Sociedad Republicana y su mejor representativo fué Enrique Alvarado. Tras de la retórica, el optimismo y la ingenuidad de Alvarado había valentía, sinceridad e independencia. Cuando se produjo su muerte prematura, apenas en 1856, un año después de su aparición literaria, dijeron Manuel Nicolás Corpancho que ante el recuerdo de este joven, la Posteridad indultaría a sus contemporáneos; José Casimiro Ulloa, que era para el futuro Redentor del Perú lo que Juan para Cristo y Luis Benjamín Cisneros lamentóse de que el día de la Marsellesa en nuestra Historia, su voz no pudiera estar en la barricada de los libres.

Pero ni vino el Redentor, ni amaneció el día de la Marsellesa. Los núcleos radicales juveniles, desaparecieron por su incipiencia económica, por la evolución de muchos de sus componentes hacia posiciones más cómodas o eficaces. El último episodio de este larvado esfuerzo está en la polémica entre Francisco Bilbao y el clericalismo: contestando Bilbao desde "El Comercio" los ataques que recibió por su folleto "El gobierno de la libertad", se reafirmó en sus convicciones negando el pecado original, el bautismo, la confesión auricular, la divinidad de Jesucristo, la eucaristía, el infierno, el celibato eclesiástico, el poder del papa etc. Apresado y procesado por propagar tales doctrinas, convino en marcharse del país y no regresó más aunque siguió su prédica en Europa, en la Argentina, en Chile.

El fracaso de las primeras intentonas en Tumbes y en Ica por lo cual Elías fugó a Chile, la falta de un liberal de relieve en la acción habían contribuido a que imprevistamente, se impusiera Castilla como caudillo de la revolución dándole con su prestigio y su capacidad una fuerza formidable que acaso contribuyó grandemente al triunfo consumado en La Palma. Salió ganando la revolución en su parte táctica, procesal: pero de otro lado resultaba que el caudillaje militar aún estaba en su apogeo y que, por ello, los liberales no podían ser sino una vez más, asesores, acompañantes. Sea por propia falta de energía y de espíritu, sea por el control de Castilla no fué mucho lo que hicieron Pedro Gálvez, Ureta y Elías en el ministerio del gobierno provisorio (éstos últimos por lo demás entraron en abierta desavenencia y se desprestigiaron enormemente) limitándose a algunos actos de sanción y de persecución, a medidas políticas y administrativas. Entre las medidas administrativas está la convocatoria a elecciones para una Convención Nacional, sin mencionarse lo referente a elecciones presidenciales.

La Convención se instaló el 14 de Junio de 1855 con un personal joven y novato en gran parte. Castilla no manifestó el propósito de abandonar la presidencia aún entonces; y por esa inexperiencia y también por explicables razones de gratitud para el vencedor de Echenique, los convencionales no se atrevieron a pedirle que resignara el mando. Cuando salieron, poco después de instalada la Convención, Ureta y Gálvez del ministerio para ocupar a la larga sendas curules (Elías era ya víctima de la enfermedad que lo inutilizó) Castilla resultó aún más libre, más extraño al sentido que los liberales habían querido dar a la revolución de 1854. Quedaron ellos parapetados en el poder legislativo. Su situación no era mejor que la de sus antecesores en la Convención de 1833 contra Gamarra. Pero el significado de la Convención Nacional de 1855-57 es único: Nacida independientemente del poder la Constituyente de 1822 y nacida contra el poder la Convención de 1833, ambas terminaron por adherirse, por fusionarse con el militarismo y el caudillaje: la una con Riva-Agüero y sobre todo con Bolívar, la otra con Orbegóso. Aquí el proceso fué inverso: el origen de la Convención confundíase con el segundo encumbramiento de Castilla; pero poco a poco va separándose de él hasta llegar al choque y a la crisis.

La obra de la Convención de 1855-57 es verdaderamente enorme. Dió la Constitución tras de intensos y prolongados debates; aprobó una serie de leyes adyacentes a ella (Consejo de ministros, Fiscal de la nación, Juntas Departamentales, Municipalidades, Guardias Nacionales, organización interior de la república. responsabilidad de funcionarios públicos, elecciones, caminos, diezmos y primicias etc.); afrontó además los problemas políticos relacionados con su propia subsistencia y los que resultaron de la revolución de Castilla, de la revolución de Vivanco, de la Consolidación etc. Entre los debates doctrinarios de la Convención tienen singular importancia los que se relacionan con la amnistía y con la cuestión religiosa. En lo que respecta a la primera, después de reiterados debates y contra la puritana intransigencia de José Gálvez, aceptó el olvido de los delitos cometidos por los funcionarios del gobierno anterior aunque no su rehabilitación. En lo que respecta a la cuestión religiosa, ella produce ya los primeros contra-ataques de los elementos reaccionarios contra la ofensiva liberal que, casi sin resistencia ideológica, empezó   con   la   revolución contra Echenique: señalan la iniciación de esos contra-ataques la discusión que se produjo contra el folleto de Francisco Bilbao "El Gobierno de la libertad", la persecución de Bilbao, la campaña a favor de los privilegios eclesiásticos aún antes de la instalación de la Convención, la aparición de "El Católico" en cuya redacción intervino Herrera ya de regreso de Europa ("El Católico", dicho sea de paso, fué contradicho por "El Católico Cristiano"). La Convención no se atrevió a declarar la tolerancia de cultos pero derogó las vinculaciones eclesiásticas, los fueros, los diezmos y primicias. Como principios generales estableció la inviolabilidad de la vida humana y la abolición de la esclavitud. En lo que respecta a la ciudadanía y al sufragio, la pérdida de la ciudadanía por aceptar título de nobleza, el sufragio directo de los peruanos mayores de 21 años que supieran leer y escribir o tuviesen propiedad raíz o fuesen jefes de taller o soldados o marinos retirados. En lo que respecta a los empleos, la amovilidad del poder judicial y el principio de que los empleos no son en propiedad. En lo que respecta a las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, la intervención del Congreso en los ascensos desde mayor graduado y capitán de corbeta, la vacancia del cargo de representante por empleo del Ejecutivo, la abolición de las facultades extraordinarias, la falta de diferencia entre diputados y senadores, la renovación por tercios, la vacancia de la presidencia por atentar contra la forma de gobierno y por impedir la reunión del Congreso, la abolición del Consejo de Estado, el establecimiento del consejo de ministros, el juicio de residencia. En lo que respecta al ejército, la subordinación de la obediencia militar a la Constitución y las leyes, la limitación del número de jefes, la organización de la guardia nacional, la prohibición del reclutamiento. En lo que respecta a Hacienda, la anualidad de las contribuciones directas, la votación nominal en el Congreso en cuestiones sobre rentas, la responsabilidad solidaria sobre el uso de dinero fiscal. En cuanto a las instituciones locales, el restablecimiento de las Juntas Departamentales y la nueva organización de las Municipalidades, omitidas por la Constitución anterior y restablecidas por ley de 16 de Noviembre de 1853 pero como simples dependencias gubernativas: aquí se estableció su independencia del gobierno en su origen y funciones con garantías para ello y con medios propios de subsistencia.

La Convención rechazó, en cambio, por 46 contra 22 votos, la tolerancia de cultos, es decir algo menos todavía que la libertad; la abolición del ejército permanente; la prohibición de que fuera reelegido presidente de la República el ciudadano que tuviera el mando en el momento de la elección: la concesión de la ciudadanía a todo el que viniera del extranjero, el derecho de insurrección, la prohibición de que sacerdotes fueran diputados.

Hay muchas figuras eminentes entre los convencionales. Pedro Gálvez, por ejemplo, a pesar de que en desacuerdo quizá con su pasado brillante, prefirió pronto servir al país más bien en la diplomacia. Entre los elementos moderados descollaron José Simeón Tejeda, Valdivia, Tordoya. Pero los dos oradores máximos de la Convención fueron Ignacio Escudero y José Gálvez. Por sintomática coincidencia, ambos en la hora de la crisis, escribieron sendos opúsculos defendiendo su obra.

Ante los debates doctrinarios Castilla asumió una estudiada indiferencia y sólo atinó, extemporáneamente, a observar las reformas ya aprobadas. Además vinieron algunos rozamientos por la petición que constantemente hacía la Convención de informes del Ejecutivo negándole asimismo las facultades que no fuesen compatibles con la Constitución (incidentes sobre ascensos del general Castillo y sobre el restablecimiento de la contribución personal, sobre todo). La discordia culminó cuando el gobierno observó varios artículos de la Constitución (propiedad de los empleos, ascensos, subordinación militar y movilidad judicial) y cuando en el momento de prestar juramento a dicha Constitución, Castilla afirmó que estaba en desacuerdo con sus principios. La prensa oficial secundaba ya la campaña contra la Convención cuando estalló en Noviembre de 1856 la revolución de Vivanco. Se asió entonces el gobierno a la bandera constitucional y la Convención tuvo una tregua. ¿Qué hubiera pasado si la revolución proclama la Constitución de 1856 u otra; si aprovecha de la falsa posición de Castilla; si se yergue contra la presidencia provisoria que no tenía cuando acabar? Quizá la Convención habría tolerado o secundado el movimiento. Pero en la revolución se juntaban el odio personal de Vivanco contra Castilla, su espíritu reaccionario, el descontento de las clases privilegiadas contra las reformas que habían estado discutiéndose y cierto rescoldo de echeniquismo. La posición de la Convención, sin embargo no fué pacifista ni bélica; no ofreció la paz oportunamente a los revolucionarios ni dió facultades extraordinarias al Gobierno: vivió siempre en la desconfianza y en la discordia latentes. La revolución se prolongó demasiado y con ello la vida de la Convención hubo de prolongarse también sin que pudiera ocuparse tranquilamente de su misión específica.

Con ello, envejeció. Sus choques con el Ejecutivo la habían ya diezmado y gastado. La severidad de su política con los vencidos le concitó el rencor de éstos y de sus amigos: gran parte del clero la miraba como herética; el ejército estaba resentido por las limitaciones que le había impuesto; los empleados, asimismo por la declaración de no propiedad de los empleos. Se censuraba la prolongación indefinida de sus sesiones, prolongación debida en parte al deseo de controlar a Castilla; y se acusaba a muchos de sus leaders de querer usurpar el Poder Ejecutivo.

Se produjo así el atentado inaudito del 2 de Noviembre de 1857: un cuerpo de ejército disolvió a la Convención. Después de este hecho que quedó impune, la Constitución de 1856 se convirtió para los liberales en un lábaro porque contenía una serie de innovaciones y porque era la ley fundamental del país, cuya majestad no podían haber destruido los soldados que echaron de sus escaños a los diputados. La Constitución significaba el remozamiento si nó total, al menos parcial de las instituciones nacionales; y encarnaba al mismo tiempo el principio de resistencia ante las arbitrariedades del sable.

Quizá alguno de los liberales pensó que los pueblos se sublevarían ante el atentado. Dentro de la teoría de que los pueblos se habían erguido en 1854 en defensa de ideales de reforma social, cabía esa creencia: pero esos ideales habían movido sólo a una minoría juvenil o intelectual y las masas habían actuado por razones inmediatistas. Ahora, en cambio era visible la arbitrariedad con la Convención; pero se veía también a Castilla como vencedor de todos sus enemigos, como administrador eficiente.

El Congreso que se reunió en Octubre de 1858, aunque no estuvo integrado por ninguno de los principales leaders de 1855-57, reveló la supervivencia del hervor liberal frente al aumento de posiciones que el conservadorismo iba alcanzando, favorecido por el espíritu realista de Castilla. A pesar de que este Congreso proclamó a Castilla presidente constitucional a raíz de las elecciones que aquel año se hicieron después de cuatro años de "presidencia provisoria", se negó en cambio a la reforma total de la Constitución de 1856 y entró en seguida en agria polémica con el Ejecutivo sobre las cuestiones Arguedas y Carrión resultantes de la disolución de la Convención del 57 y de un agravio personal que había sufrido por obra de un oficial el diputado Gómez Sánchez aunque los ministros no le hicieron mucho caso.   Cuando Fernando Casós, Luciano Benjamín Cisneros y otros presentaron la proposición de vacancia de la presidencia de la República, la tensión llegó al máximum, pero como no tuvo mayoría esta proposición se produjo un impasse. Tras el breve receso que provocó el conflicto entre la mayoría y la minoría anticastillista, el gobierno hizo reunir al Congreso para poner en su conocimiento la gravedad de algunos asuntos públicos, inclusive los de carácter internacional que prepararon la guerra con el Ecuador y el Congreso fijó su clausura designando el 28 de Julio de 1859 para reunirse otra vez. Castilla quedó libre de este control y a poco llevó triunfante la bandera peruana por territorio ecuatoriano. Frescos aún sus laureles, que por lo demás ningún beneficio acarrearon al Perú, dió su famoso decreto de 11 de Julio de 1859 en que convocó a un nuevo Congreso.

La Convención siquiera había necesitado para ser disuelta, el tumulto dramático de los soldados con bayoneta calada entrando en el salón de sesiones; para deshacer este congreso, Castilla no tuvo sino que cerrar la puerta de su local con un decreto. Cuando algunos diputados osaron querer reunirse el 28 de Julio del 59 y a falta de otro local, ocuparon el de la Municipalidad, fueron apresados.

Ante todos estos hechos, los liberales fueron a la propaganda escrita en "El Constitucional", notable periódico donde se juntaron dos generaciones para defender la Carta de 1856 con entereza y dignidad: allí, Laso, Mariátegui y Vigil al lado de José Gálvez. Vigil, alejado por sus dolencias físicas de su curul de diputado, había vivido todas las luchas doctrinarias de 1855. Cuatro opúsculos redactó  por  la   agitación de la cuestión religiosa: "De la tolerancia civil de cultos con religión del Estado", "Actas y protestas llamadas populares con motivo de la tolerancia civil de cultos", "De las pastorales de nuestros obispos y actas y exposiciones de los Cabildos", "Sesiones de la Convención Nacional de 1855 sobre tolerancia civil de cultos". (Los publicó recién en 1862 y 1866). Aparte de su colaboración en "El Constitucional" y aún en "El Comercio", Vigil publicó un notable análisis del decreto convocando a un Congreso para 1860, que es una acusación a Castilla, tan vibrante, tan concreta, tan elevada como su acusación a Gamarra.

Los congresales de 1860 encontraron que la mayoría de las actas de sus electores les daba poderes suficientes para reformar de una vez y en una sola asamblea la Constitución. Y entonces vinieron las discusiones que prepararon la Constitución del 60. Se dividió el Congreso ya nó entre liberales y moderados sino entre moderados y conservadores. En realidad, frente a la ofensiva liberal de 1855-57, los conservadores se habían limitado a parar los golpes, a amenguar el espíritu reformista de la Convención. La lucha se había agudizado, en cambio, entre los liberales y el militarismo. A la sombra del poder triunfante del militarismo, los conservadores habían ido ganando, después insensiblemente posiciones pero sin exhibir ya un grupo ideológicamente brillante. Las más importantes manifestaciones antiliberales, desde el punto de vista doctrinario, habían partido de dos individualidades aisladas y disímiles. De regreso de Europa, ya Herrera no se presenta adoctrinando juventudes, ingiriéndose directamente en política, sino más bien dedicándose a defender los privilegios de la Iglesia en memoriales y en "El Católico" y su actuación en el Congreso de 1858-59 se hizo relevante tan sólo cuando se trató de la cuestión fueros y Concordato. Felipe Pardo y Aliaga, después de su actuación de leader vivanquista había aceptado en 1848 un ministerio del primer gobierno de Castilla, el hombre que había vencido a Vivanco y que él, Pardo, tanto había combatido. Pero aquel nombramiento en vez de ser una prebenda, había sido una carga pues Castilla estaba rodeado de grandes peligros: Pardo aconsejó una serie de medidas enérgicas en defensa del orden público manteniendo así, aun sirviendo al bando opuesto al que él defendiera, sus puntos de vista autoritaristas. Su memoria presentada ante el Congreso de 1849, justificando la acción poco constitucional pero necesaria del gobierno, no podrá omitirse cuando se estudie las ideas autoritaristas en el Perú. Luego, del sillón ministerial había ido a su sillón de inválido; sin moverse de él, ciego, su cerebro continuó sin embargo trabajando y planeó dos Constituciones para el Perú: una en artículos y otra en octavas, una en serio y otra en chunga. La Constitución en serio revela su sagacidad de político que tanto contrasta con el dogmatismo de Herrera: la escribió cuando se reunió la Convención del 55 y fué presentada por los diputados Tejeda, Terry y otros siendo publicada y comentada en 1859 por don José Antonio de Lavalle: reconoce el régimen republicano democrático, la abolición de las vinculaciones, las libertades personales, el legislativo bicameral, la presidencia de la república con cuatro años de duración sin hablar de reelección, siendo en fin de carácter presidencialista pero moderada. La Constitución en verso revela más el fondo íntimo del pensamiento de Pardo: es un cuadro de la realidad política del país y una serie de consejos impregnados de la filosofía de su generación, de su desengaño y experiencia personales que se resumían en un prosaico ideal: el Ejecutivo con buen garrote que diera orden y progreso a palos. Curiosa es por lo demás, la analogía entre el desencanto final y la amargura condenatoria de Pardo con las de Pando y también del propio Riva-Agüero de quién se publicaron en 1858 las tremendas "Memorias de "Pruvonena" a favor de la Monarquía y de la intervención extranjera para salvar al Perú, perdido con la República y sus hombres; libro que es libelo más que panfleto.

En la Constituyente de 1860, como un postrer y aislado alarde doctrinario Herrera presentó también un proyecto de Constitución. Allí consignó los diezmos, los fueros personales, la adquisición por manos muertas, las vinculaciones eclesiásticas, el período presidencial de seis años con reelección indefinida (segunda vez que se estableció la reelección: la primera, en el pacto de Tacna estableciendo la Confederación Perú Boliviana) el Ejecutivo con veto y con facultad de disolver el Congreso, las facultades extraordinarias, la facultad de traslado de empleados de un punto a otro de la República y de rebaja de sueldos, de nombrar y suspender a los miembros del poder judicial y de expulsar a los díscolos, la elección del Senado por la cámara de diputados con facultades legislativas, judiciales y electorales y con facultad de suspender las leyes, la negación de la ciudadanía para los vagos, soldados, marineros, agentes de policía, jornaleros y sirvientes. Este proyecto, el máximo esfuerzo constitucionalista que ha realizado el reaccionarismo en el Perú, fué rechazado. En el Congreso predominó la nota moderada. Fué aprobada inclusive la abolición de los fueros causando el retiro de Herrera y yéndose entonces más lejos que en 1856 pues no se puso taxativas a la abolición de los fueros; más tarde fué rechazada por un voto la reelección presidencial. En suma la Constitución de 1860 se limitó a hacer modificaciones a la del 56: así, la pena de muerte fué restablecida pero para el homicidio calificado, se fijó el carácter bienal del Congreso, el control legislativo sólo en las propuestas para ascensos a general, la facultad de suspensión de las garantías, la diferenciación entre diputados y senadores, el establecimiento de la Comisión Permanente durante el receso del Congreso: se abolió la definición del empleo como comisión y la amovilidad judicial; fueron omitidas las Juntas Departamentales y reducidas en número y atribuciones las Municipalidades; se sujetó la obediencia militar a las ordenanzas militares. Esto, unido a diferencias menos importantes: entre otras, el establecimiento de la segunda vicepresidencia.

Los liberales apelaron, cuando resultó inútil la prédica, a la conspiración para castigar la infidencia de Castilla. Después de sus desesperados intentos de golpes de mano (un jinete embozado disparó sobre él en la plaza de armas el 25 de Julio y un pequeño grupo de militares y civiles asaltó su casa el 28 de Noviembre de 1860) golpes que llevaron al destierro a sus mejores leaders, los liberales reaparecieron ante el problema de la sucesión de Castilla. Había el temor de la reelección, de otra cábala que trajera el nuevo escamoteo de Congresos y de leyes. El 24 de Enero de 1862 se publicó una exposición de un grupo numeroso de liberales (Távara, Mariátegui, Ulloa, Cisneros entre otros) asociándose a la candidatura de San Román. No eran limpios los blasones de San Román, militar organizador pero sin bravura, miembro del grupo castillista en la Convención, ministro en los malhadados días del Congreso del 58; pero se trataba de un hombre ya anciano, de un buen hombre; sobre todo, había que librarse de Castilla, mantener el principio de la alternabilidad en el poder. No todos los liberales estuvieron de acuerdo, sin embargo; y la carta de Fernando Casós a José Gálvez, el Jefe tácito sobre todo para los jóvenes, entonces en el destierro, así lo revela.